Luego de treinta días sin dictar clases, los docentes de las escuelas medias de la Universidad Nacional del Sur (UNS) deberán volver a las aulas el próximo miércoles. El juez federal N° 1 de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale, dictó una medida cautelar, al hacer lugar a una acción de amparo presentada por los padres de los alumnos.
La medida, cuyos efectos se aplican a docentes de algunos departamentos de la citada universidad y a todos los que se desempeñan en la Escuela Superior de Comercio y la Escuela de Agricultura y Ganadería, donde estudian unos 2600 alumnos, se conoció en medio del prolongado paro que afecta desde hace varias semanas el dictado de clases y la toma de exámenes en las universidades estatales del país.
"Tuvimos que recurrir a la Justicia porque el problema no tenía una solución. Exigimos ante el juez el derecho de nuestros hijos a educarse", explicó Daniel Bercovich, uno de los padres que recurrió a la Justicia, en diálogo con LA NACION.
Al recordar que en las sedes de la Universidad Nacional del Sur no se dictan clases desde el receso de invierno, Bercovich agregó que "durante mucho tiempo instamos a los profesores a que reanudaran la actividad, pero no cesó el perjuicio que tuvieron nuestros hijos".
En su fallo, el juez Alvarez Canale prioriza el derecho a la educación por encima del de peticionar. De no ser así "faculta a la Universidad Nacional del Sur a que sancione a los docentes que no concurran a los lugares de trabajo".
"Estamos habilitados para iniciar los sumarios correspondientes", dijo a LA NACION el rector de la Universidad Nacional del Sur, Luis María Fernández.
"El paro de los docentes universitarios sigue", sostuvo el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur, Sergio Zaninelli, al rechazar la decisión del juez y ratificar la propuesta en reclamo de mejoras presupuestarias. "Sería importante que el magistrado se expidiera sobre si le parece bien que empleados del Estado cobren en negro o con tickets canasta", dijo Zaninelli.
 
Disidencias en Córdoba
En tanto, los docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba ratificaron su disconformidad con la oferta salarial efectuada por el gobierno nacional, pero resolvieron reanudar el dictado de clases el próximo lunes.
Anoche, por las calles de Córdoba marcharon varios centenares de estudiantes y docentes.
En el Colegio de Montserrat, que depende de la Universidad Nacional de Montserrat y también está paralizado, hubo ayer enfrentamientos verbales entre padres de alumnos, que reclaman el retorno a clases, y docentes en huelga.
El detonante del enfrentamiento es el riesgo de la pérdida del año académico, un factor que comienza a agrietar la unidad del movimiento en favor de la huelga.
Informes de nuestros corresponsales
 
Protesta en el aula magna
Con una clase pública del decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Atilio Alterini, la Federación Universitaria Argentina (FUA) se sumó ayer al reclamo por más presupuesto. Rectores, docentes y el Gobierno intentarán hoy llegar a un acuerdo que permita levantar el paro, que ya lleva casi tres semanas. 

Los profesionales rechazan un posible arancel a los graduados 
Afirman que la educación es deber indelegable del Estado
Con el argumento de que la educación es responsabilidad indelegable del Estado, de que los costos de actualización permanente son hoy una carga monetaria extra para cualquier profesional y de que muchos hacen su aporte cuando trabajan ad honórem o como docentes universitarios, representantes de asociaciones profesionales consultados por LA NACION rechazaron la propuesta de que los graduados pagaran un impuesto para sostener la universidad pública, que ayer presentó el economista Juan Llach ante un grupo de empresarios.
Lo hizo durante el Precoloquio de Cuyo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), en Mendoza, donde el ex ministro de Educación planteó una idea que cada tanto vuelve a discutirse: la creación de un impuesto que se aplicaría cuando el profesional supera el mínimo no imponible en Ganancias, y que recogió la adhesión de muchos empresarios presentes.
"No sería para nada recomendable. Creemos que la educación es uno de los deberes del Estado y que no se la debe gravar de ninguna manera, ni cuando se la recibe ni después", dijo Horacio Acevedo, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
"No es exigible un aporte monetario a los graduados. Lo único que se les puede exigir es que mantengan actualizados sus conocimientos, de manera mensurable, porque eso hace a la responsabilidad en su ejercicio profesional", comentó.
"Que los empresarios paguen sus impuestos y apoyen a la universidad pública y gratuita es la mejor contribución que pueden hacer", dijo, por su parte, Rubén Veiga, presidente de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas, que supera los 100.000 matriculados. "Ni el arancelamiento ni un aporte solidario solucionaría el déficit del presupuesto universitario. Es un cálculo que ya se ha hecho. La brecha del desfinanciamiento nace del Estado", comentó. Y llamó la atención sobre una carga extra que hoy tienen los profesionales: "La actualización permanente es un costo adicional y cada uno debe pagarla", dijo.
De igual modo se expresó Silvia Di Biasi, secretaria de Asuntos Profesionales de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires.
"Durante su formación de posgrado, muchos psicólogos trabajan ad honórem y así se devuelve a la sociedad. Como docentes en universidades públicas muchos hacemos una gran contribución con el sueldo que cobramos", explicó. "También contribuimos al sostenimiento de la sociedad como ciudadanos, con el pago de nuestros impuestos", agregó.
 
Solidaridad escasa
Al mismo tiempo, apelar a la solidaridad de los graduados no parece tener demasiado éxito. Al menos, ésa es la experiencia de la UBA, que hace un año lanzó el programa "Graduados por más graduados", que convoca a personas e instituciones a donar dinero a un fondo permanente para financiar becas de ayuda económica.
Sin embargo, en doce meses, sólo hay 54 aportantes: 43 personas individuales -18 identificados con nombre y apellido, 8 con su profesión y 17 anónimos- y 11 empresas y asociaciones, entre ellas, el Banco Patagonia, Laboratorios Bagó, la Fundación Gador, los clubes Boca Juniors y River Plate, Visa y el Grupo Clarín.
A los tres meses de lanzada la campaña, sólo se habían recaudado $ 1518, un monto que ni siquiera alcanza para becar a un alumno por un año. Hoy se financian 26 becas de $ 150 pesos mensuales. La UBA cubre con sus recursos el resto de las 3000 becas que entrega.
Por Raquel San Martín, De la Redacción de LA NACION