Conviene destacar que esta figura educativa se justifica plenamente. En primer lugar, por asumir una función de formación profesional en el plano de las carreras cortas, flexibles y terminales, diseñadas de acuerdo con las exigencias actuales de la esfera del trabajo. Además, estos colegios, valiéndose de las posibilidades que abre la mencionada ley, pueden proponer servicios no formales, de acuerdo con necesidades detectadas en el área de su influencia.
El segundo aspecto a subrayar es que estos institutos sirven a la transferencia de alumnos en dos sentidos: uno, para los que egresan de la escuela media y emprenden una carrera menor, para luego proseguir estudios superiores en la universidad con la cual el colegio ha acordado mecanismos de acreditación. El otro sentido es para aquellos que, habiendo dejado incompletos los estudios universitarios, aspiren a lograr un título menor con reconocimiento de las materias anteriormente cursadas.
En tercer lugar, el crecimiento de estos colegios ha de servir para descomprimir la matrícula universitaria, sobre todo de las mayores casas de estudio, como las de Buenos Aires, Córdoba y La Plata, que absorben alrededor de 110.000 alumnos, vale decir, el 38% de los graduados de la escuela media. Debe tenerse en cuenta que actualmente un 50% de los alumnos universitarios abandonan en el primer año de estudios y, al cabo del tercero, lo hace la mitad de los que prosiguieron. Estas alarmantes cifras de fracasos o interrupciones de estudios que empujan a la deserción reclaman soluciones que vayan reduciendo frustraciones, tiempo perdido y gastos improductivos.
Por su condición, estos institutos pueden establecerse en ciudades con poblaciones que fluctúan entre los 15.000 y 40.000 habitantes. Esa posibilidad ha prendido en municipios del interior preocupados por el desarraigo temprano de los jóvenes que aspiran a lograr niveles de formación terciaria o por el estancamiento en la capacitación de los adultos, que van quedando al margen de los puestos de trabajo que exigen una continua actualización.
En suma, es alentador apreciar el progreso de una institución tan dinámica y apta para proponer soluciones a las demandas educativas sociales y regionales, de estudiantes de distintas edades que enfrentan situaciones diversas de formación y metas de trabajo. Estas razones sirvieron para fundar una resolución de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, aprobada el año anterior, por la cual se peticionaba al Poder Ejecutivo para que dispusiera las medidas pertinentes para la promoción en todas las jurisdicciones de esta figura educativa. Correspondería conocer el eco de esa solicitud. El desarrollo de estos colegios es una tarea compleja, pero avanza y vale la pena alentarla a la luz de los excelentes resultados obtenidos. Son ya 700 las instituciones que han establecido los convenios de acreditación requeridos con universidades oficiales o privadas.
