La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) acaba de sumarse al todavía incipiente debate sobre una nueva ley de educación superior, con la elaboración de un documento de "bases filosóficas" para una futura norma.

El documento -que ya llegó a las comisiones de Educación de ambas cámaras legislativas y al Ministerio de Educación- incluye un diagnóstico del estado de la educación superior y, aunque no es un proyecto formal, contiene reformas bien concretas.

"Creemos que hay que recuperar la responsabilidad del Estado de asegurar la igualdad y la equidad en la educación superior, en el ingreso y la contención de los estudiantes", sintetizó a LA NACION el decano de la facultad, Atilio Alterini, que trabajó en el documento junto con el secretario académico, Gonzalo Alvarez, y otros especialistas de la facultad.

En el centro de la filosofía propuesta está colocar a las universidades, particularmente a las públicas, como "instituciones rectoras del sistema educativo nacional", con una amplia autonomía, que incluye recibir directamente los fondos asignados por el Congreso, participar en las políticas educativas y determinar procedimientos de evaluación interna.

Se propone crear un consejo nacional de educación superior, en el ámbito de la cartera educacional, con la función de "planificar integralmente la oferta académica y las políticas educativas", con miembros designados por el Congreso a propuesta de las universidades, los gobiernos provinciales y el Ministerio de Educación, pero con preeminencia de los que presenten las universidades públicas. La actual Coneau -encargada de las evaluaciones y acreditaciones- sería reemplazada por un organismo dependiente de este consejo, con miembros propuestos por universidades y por el Ministerio de Educación, y no por el Congreso o el Poder Ejecutivo, como sucede ahora. Además de reafirmar la gratuidad de los estudios de grado, se propone que la nueva ley fije un porcentaje mínimo del PBI como presupuesto anual.

"Debería ser una norma escueta. Las leyes universitarias muy extensas provinieron de gobiernos que intentaron limitar la autonomía universitaria", dijo Alvarez. El documento propone una mirada histórica para mostrar un retroceso del Estado que, desde mediados del siglo XX, "ha adoptado un rol subsidiario en la prestación del servicio educativo".

* Raquel San Martín.