A pesar de las duras críticas de la oposición, el justicialismo del Senado logró ayer sancionar la ley de educación técnico-profesional, que regulará los contenidos de los planes de estudios y el financiamiento de los establecimientos de nivel medio y superior no universitario de esa especialidad.
La iniciativa fue aprobada tal como había salido de la Cámara de Diputados en agosto último y contó con la presencia en el recinto del ministro de Educación, Daniel Filmus, y de sus pares de varias provincias, mientras en las afueras del Congreso alumnos de escuelas técnicas porteñas reclamaban por la suspensión del debate.
La ley fue aprobada en general por 34 votos a favor, aportados por el PJ y algunos bloques provinciales, y 18 en contra, reunidos por la UCR, el socialismo y Cruzada Renovadora, de San Juan.
La norma establece que el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) tendrá a su cargo la tarea de reequipar y acondicionar los talleres y laboratorios.
Entre las novedades de la ley, destacadas en la sesión de ayer por la pampeana Silvia Gallego, vicepresidenta de la Comisión de Educación y miembro informante del PJ, se hizo hincapié en el hecho de que se destinará el 0,2% del total de ingresos públicos adicionales a los fondos presupuestados.
Según los cálculos realizados en fuentes oficiales, esto implicaría una inyección de $ 230 millones para este año y de $ 243 millones para el próximo.
Según el Gobierno, con esta ley se jerarquizará la educación técnica en todo el país, a partir de la aprobación de los criterios básicos de sus planes de estudio y la homologación en el nivel nacional de sus títulos y certificaciones, lo que estará a cargo del Ministerio de Educación de la Nación, a partir de pautas fijadas en el Consejo Federal de Educación.
Al cierre del debate en general, la primera dama, Cristina Fernández de Kirchner (PJ-Santa Cruz), admitió que "la ley es perfectible", pero la defendió como "funcional a un modelo de país que pone a la producción y al trabajo en primer plano".
 
Las objeciones
Sin embargo, la oposición planteó severas críticas a la ley. Hubo quejas al PJ por haber apresurado la sanción de la norma y no haber escuchado propuestas de mejoras, y la denuncia de que sólo servirá para generar nuevos endeudamientos con organismos de crédito internacionales.
Así lo denunció la senadora Nancy Avelín (Cruzada Renovadora-San Juan), que, no conforme con recordarle al bloque oficialista que muchos de sus miembros habían aprobado la ley federal de educación durante el gobierno de Carlos Menem, aseguró que "detrás de esto está el financiamiento del Banco Mundial", en referencia a los recursos que demandará la creación del Registro Federal de Instituciones de Educación Técnica Profesional y el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones.
"Esto ya lo vimos en la década del 90, cuando se contrataban consultores externos, se decía que se iban a implementar proyectos y se tomaron 300 millones de dólares que nadie sabe dónde fueron a parar", sentenció. El socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe) realizó una pormenorizada crítica de la ley, a la que cuestionó porque permite que cada distrito establezca la duración de la educación técnica y porque no establece "la obligatoriedad de la doble escolaridad, indispensable para que funcionen talleres y laboratorios". Además, aseguró que la norma "multiplica instituciones" y no establece "una diferenciación de la formación que brindarán los niveles medio y superior", y finalmente cuestionó la "falta de claridad en la asignación de los fondos".
Sobre este punto, el radical Ernesto Sanz (Mendoza) también cuestionó el esquema de distribución, en particular el hecho de que no esté explícito en el texto de la ley.
 
La ley
Destina el 0,2% de los ingresos públicos totales para financiar con un fondo específico la educación técnica.
Fomenta la concreción de convenios de pasantías y residencias con empresas privadas para que los estudiantes puedan desarrollar sus conocimientos.
El Instituto Nacional de Educación Técnica tendrá la misión de reequipar y acondicionar laboratorios y talleres.
Los títulos de técnicos y las certificaciones de formación profesional serán homologados en el nivel nacional según criterios y estándares acordados por el Consejo Federal de Educación.
Gustavo Ybarra
 
Voces a favor y en contra  
Distintas opiniones se registraron frente al Congreso antes de que empezara a tratarse la ley.
Néstor Ribet, secretario ejecutivo del Consejo de Educación y Trabajo bonaerense, adhirió al proyecto, que llamó integral por conectar todas las fases de la enseñanza técnica y no limitarse a capacitar para el trabajo; "la ley federal de educación ni mencionaba el tema". Fernando Pisani, director de Educación Media y Técnica de Santa Fe, lo consideró un avance y dijo que lo habían acordado los ministros provinciales. Juan González Zabala, directivo empresario de CAME, lo estimó positivo. Unos 30 miembros de la Unión Docentes Argentinos (UDA) tiraron volantes en favor del proyecto.
En tanto, unos 100 estudiantes de escuelas técnicas de la Capital -hay 34 en el distrito- manifestaron que pedían aclaraciones. Diego Galeano, delegado de 6° año de la Escuela Confederación Suiza (de automotores y computación), dijo: "No venimos a protestar por la ley, pero hay cosas poco claras y pedimos que alguien las explique". Un cartel decía: "Aclaración de los artículos relacionados con el sector empresario", y otro: "La escuela no es una empresa". Un profesor, Roberto Castro, dijo que el proyecto no se había debatido en las escuelas y se extrañó de la rapidez con que había prosperado en Diputados. Opinó que introduce en la Capital la ley federal, y aquí puede restar un año de formación a cada alumno.
Dante Flores, candidato a diputado por el MID, afirmó que el texto es muy centralista y preguntó con qué criterio se distribuirán los fondos a las provincias en el consejo federal. Jorge Gasalla, con 28 años de docencia, de la ONG Autoconvocados Escuelas Técnicas, dijo que no se había consultado a la comunidad educativa y que tenían 4500 firmas en rechazo del texto.