El destino de casi $ 52 millones del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) inició una polémica que promete ahondarse.
Se trata de un porcentaje de los aportes patronales de los años 2002, 2003 y 2004 que, a partir de un acuerdo de la UBA con la AFIP, la institución retiene cada mes en lugar de pagar al Estado y que, junto con otros fondos propios, se habrían gastado con un registro parcial y sin aprobación del Consejo Superior.
Una comisión de seis miembros de ese cuerpo formada en mayo último para investigar la cuestión presentó esta semana sus conclusiones. Tras 90 días de trabajo, en un extenso informe al que tuvo acceso LA NACION, la comisión concluye que es imposible determinar "de manera fehaciente" el destino dado a esos fondos y detectó un sistema de contabilidad con desprolijidades, que se usaron recursos sin aprobación del Consejo Superior y aumentaron "notablemente" los gastos del Rectorado.
El rector, Guillermo Jaim Etcheverry, hará sus comentarios en la próxima reunión del Consejo Superior, el 12 de octubre, y luego ese cuerpo deberá decidir si hay elementos para pensar en una presunta malversación de fondos.
Aunque, en rigor, los primeros reclamos por el tema comenzaron hace más de un año, la polémica cobra nuevo color si se mira el sensible momento político de la UBA: a fines de octubre se renovarán autoridades en sus trece facultades, en el preámbulo a la elección del rector, en abril próximo.
Para Jaim Etcheverry, son los tiempos electorales los que explican la oportunidad de la polémica. Según afirmó, "el hecho de que algunos de los participantes en este análisis se hayan apresurado a difundir información parcial responde al evidente propósito de desacreditar a esta gestión ante la inminente renovación de autoridades". Tras destacar que fue por su iniciativa que comenzaron a incluirse los recursos propios de la UBA como parte del presupuesto, en un intento de regularización y transparencia, Jaim Etcheverry señaló su extrañeza porque "quienes así han procedido, habiendo participado en el pasado de manera directa o indirecta en el gobierno de la UBA, no hicieron oír su voz ante situaciones equivalentes ni manifestaron su voluntad de exhibir todos los recursos de la UBA en su presupuesto".
El conflicto ya motivó la renuncia del anterior Secretario de Hacienda, Jorge Gosis, en mayo último.
La comisión de consejeros analizó el uso de $ 180.222.382,24, que comprenden los casi $ 52 millones de aportes patronales, unos $ 75 millones de fondos propios del Rectorado y $ 54 millones remanentes de la gestión del anterior rector Oscar Shuberoff. La UBA tiene un presupuesto que este año alcanzó los $ 470 millones.
"Lo que detectamos no tiene nada de novedoso. No hay faltantes, pero sí es claro un altísimo crecimiento de gastos del Rectorado, que justifica que se haya echado mano de las reservas. Esos recursos no se incluyeron en el presupuesto y no fueron sometidos a consideración del Consejo Superior", dijo el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Carlos Degrossi, miembro de la comisión, junto con el decano de Ciencias Sociales, Federico Schuster; el profesor Ernesto Podestá; el graduado José Luis Giusti; el representante de los no docentes, Jorge Anró, y el estudiante Agustín Vanella, ex presidente de la FUBA, que presentó su propio informe, más crítico hacia la actual gestión.
"Es imposible determinar en qué se gastó la plata. Hay una metodología de registro que hace imposible saber si está bien gastada", insistió Giusti, que fue secretario de Hacienda durante la gestión de Shuberoff.
La comisión detectó en el Rectorado una disminución de ingresos de $ 21 millones en 2002 a $ 15,5 millones en 2004, y un incremento de gastos de casi $ 37,5 millones a más de $ 58 millones. También señaló allí un aumento de personal, de 1559 cargos a 1864, entre 2002 y 2004.