Ambas posturas quedarán en contraste el 6 de octubre, cuando los rectores podrán presentar sus reclamos concretos al presidente Néstor Kirchner, con quien está previsto un encuentro.
Los reclamos se anticiparon ayer durante la primera jornada de la reunión plenaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que trasladó a casi todos los rectores de las 39 universidades nacionales a esta ciudad -ventosa e invernal, a pesar del calendario-, donde funciona la sede central de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Los cálculos y las cifras predominaron sobre las discusiones políticas y la mayoría de los rectores prefirió ponerse al tanto de los pormenores presupuestarios y dejar las consideraciones políticas para las discusiones informales.
En el proyecto de presupuesto que discute el Congreso se prevén unos $ 2300 millones para las universidades nacionales, que superan los $ 2028 de este año, pero representan unos $ 100 millones menos de lo que había pedido el Ministerio de Educación. Esa diferencia, prometió el Poder Ejecutivo, irá llegando a las instituciones a través de otros canales. Para empezar, está previsto distribuir unos $ 40 millones para financiar obras de infraestructura en las universidades, según anunció aquí el secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese.
\"Este programa de infraestructura reforzará el presupuesto universitario y se podrán ir incorporando proyectos en distintos grados de avance\", dijo Pugliese. A tono con la política gubernamental de ir distribuyendo fondos para fines específicos y repartidos en el tiempo -una modalidad que muchos asimilan a los premios y castigos políticos-, el resto del dinero irá llegando a través de programas conjuntos con las áreas de salud, trabajo y acción social.
El ministerio reparte
Dentro del presupuesto total para educación superior, algo más de $ 73 millones quedarán para el Ministerio de Educación, que los distribuirá entre las universidades para financiar objetivos específicos. Entre ellos, implementar ciclos generales de conocimientos básicos, mejoras en las carreras de ingeniería, posgrados en áreas prioritarias -sobre todo dictados en red entre universidades-, investigaciones que promuevan el desarrollo local, duplicación de cargos docentes con dedicación exclusiva en cuatro años y formación de profesionales en atención primaria de la salud. Como notaban algunos rectores, sin embargo, se trata de montos reducidos si se los compara con el total de los recursos, para financiar lo que se plantea como la política pública del Estado en educación superior.
El Ministerio de Educación logró, no obstante, que esos recursos propios se reúnan en 2005 en un Fondo de las Universidades Nacionales para el Desarrollo de la Argentina (Fundar), y de ese modo quedarán a salvo de ser derivados a otro destino. Se busca evitar lo que sucedió este año, en el que las urgencias salariales hicieron que buena parte de los $ 88 millones que se había reservado la cartera educativa se terminaran destinando a recomposiciones en los sueldos. En promedio, las universidades destinan el 85% de sus fondos a pagar salarios, que de todos modos resultan bajos.
Más allá de las políticas educativas, que buscan \"adecuar las universidades a las necesidades del país\", las preocupaciones de los rectores son más cotidianas. Según los primeros cálculos, que se completarán hoy, se necesitarían unos $ 3600 millones para funcionar. De ellos, casi mil millones servirían para una recomposición salarial del personal docente y no docente, y el resto permitiría poner al día los recursos para gastos generales, como el pago de servicios, mantenimiento de edificios e insumos, cuyos valores aumentaron considerablemente desde 2001.
No hay demasiado optimismo sobre el éxito que pueda tener el reclamo, precedido por el que acaba de realizar, en solitario, la UBA -ausente en esta reunión-, que pidió al Estado una triplicación de su presupuesto. Hoy habrá un adelanto en Buenos Aires, con la marcha al Congreso que organizarán la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y gremios docentes y no docentes.
A pesar de los acuerdos generales, persisten algunas diferencias. Hay rectores que prefieren reconocer al Gobierno el pago en tiempo y forma de los recursos este año, mientras otros objetan la política de dirigir el uso de los aumentos presupuestarios.
