Los reclamos de las universidades privadas por lograr algún auxilio financiero por parte del Gobierno parecen haber comenzado a escucharse. Según una propuesta de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Secyt), que se presentó ayer ante las autoridades universitarias privadas, se abrirán oportunidades para que los investigadores de esas instituciones participen en proyectos cofinanciados: por cada peso que pongan las universidades, el Estado aportará dos. En total, el Gobierno tiene previsto invertir $ 2 millones. La idea es que las universidades privadas colaboren con la intención de la Secyt de duplicar el número de sus investigadores, que hoy llega a 30.000.

Sin embargo, en muchas universidades privadas no hay infraestructura suficiente y un número significativo de docentes dedicados a la investigación, lo que se suele señalar como uno de los puntos más débiles de estas instituciones.

De hecho, mientras el 50% de los investigadores argentinos trabaja en universidades públicas, sólo el 3,5% lo hace en las privadas. Según datos del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), sólo 989 de sus 15.968 docentes se dedican a investigar y únicamente el 9% tiene dedicación exclusiva.

La Secyt tiene intención de que las investigaciones financiadas con las universidades privadas se vinculen con áreas de vacancia en el país, como el desarrollo de economías regionales, el medio ambiente y la seguridad. Aquí también puede haber un desfase: el 60% de los proyectos en marcha en ellas corresponde a ciencias sociales y humanidades.