Por Daniel Calivares
Escenarios Latinoamericanos
"Vamos a seguir con la construcción de estas plantas porque estamos seguros de que no estamos produciendo una agresión mayor, ni al medio ambiente ni a los ciudadanos". Con estas palabras Tabaré Vazquez le agregó un condimento más a la polémica por la instalación de dos plantas celulosas en las cercanías de la localidad uruguaya de Fray Bentos, próxima a la provincia argentina de Entre Ríos, sin siquiera esperar los resultados de un nuevo estudio sobre impacto ambiental que se está llevando a cabo.
Lamentablemente, para el presidente uruguayo, no son muchas las personas ni los organismos que opinan igual que él, tampoco los antecedentes de las empresas lo acompañan, ya que Botnia, una de las empresas involucradas junto con ENCE, tuvo que sufrir en su momento la clausura de dos instalaciones ubicadas en Chile porque superaron de forma permanente los niveles máximos de contaminación previstos, y en Uruguay usarán el mismo procedimiento para trabajar.
El gobierno uruguayo defiende la instalación de estas plantas porque, según los funcionarios uruguayos, la instalación de la fábrica finlandesa Botnia le daría al país oriental la mayor inversión de su historia, aproximadamente 1.500 millones dólares, motivo echado por tierra por el responsable del equipo de economistas que trabajó para la empresa finlandesa, González Posse. Él declaró públicamente que sólo un 20 por ciento del dinero llegará a Uruguay, ya que el resto se gastará en Finlandia, construyendo y trasladando el equipamiento fabril.
Pero Botnia no es la única sospechada de contaminación. El grupo ambientalista uruguayo, Guayubira llamó la atención sobre ENCE y sobre los impactos generados por su planta en Pontevedra que finalmente debió cerrar. Este mismo grupo se reunió hace varios días con consultores del Banco Mundial ante los cuales expusieron sus objeciones y plantearon la necesidad de que se estudie la pérdida de empleos que se generará en la agricultura por la demanda de mano de obra en el sector forestal, así como en el turismo, especialmente del lado argentino. Pero los emisarios del Banco Mundial advirtieron que el estudio no abarcará las repercusiones que pueda tener en Argentina.
Esta decisión de los consultores provocó que el enojo de los ambientalistas y de los entrerrianos aumentara más aún. El ambientalista e integrante de Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, Alejandro Gahan, en declaraciones a la Agencia de Periodística del Mercosur, consideró esta decisión como "un disparate" ya que según él el río no se puede dividir, y si se contamina, lo hace en el agua y el aire de las dos costas, la entrerriana y la uruguaya.
El presidente del Foro Ecologista de Paraná, Daniel Verzeñassi, también advirtió sobre los daños que provocarían la instalación de las dos plantasde celulosa en Fray Bentos "tendrá impacto en materia prima y fuentes de energía, porque necesitan hacer represas para poder alimentar energéticamente estas plantas; además de los tóxicos y químicos que se verterán en el río Uruguay produciendo contaminación en nuestras aguas".
La reunión con Kirchner
El martes 23 de agosto, el presidente argentino se reunió con la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, quienes le entregaron informes sobre la situación.
En declaraciones al diario "El Día" de Entre Ríos el vicegobernador entrerriano, Guastavino, afirmó que "por un lado, las empresas continúan trabajando en la construcción de las plantas, sobre todo la finlandesa con un trabajo de cimentación. Por otra parte, está trabajando la Comisión Binacional que acordaron los presidentes de Uruguay y Argentina, que ya tuvieron dos reuniones. También, la Asamblea Ambiental y el Gobierno provincial continúan con otro tipo de acciones. Estamos trabajando en una presentación que haremos conjuntamente con el gobernador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar que las plantas se instalen allí".
En la reunión también participaron el gobernador Busti, el canciller Bielsa y el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández y se le entregó al presidente Kirchner un documento con 35 mil firmas que piden que no se instalen las plantas, a lo que el Gobierno Nacional respondió por medio de Rafael Bielsa quien dijo en rueda de prensa que la instalación de las plantas es "una cuestión nacional" y reiteró su pedido a Uruguay para que se "discontinúe" la instalación de las plantas de celulosa "hasta que se conozca el resultado de los estudios ambientales" elaborados por la comisión binacional.