Un comité –comisión- del Senado de los Estados Unidos aprobó el Center American Free Trade Agreement (CAFTA), un tratado de libre comercio entre ese país y sus vecinos de Centroamérica. Ahora, sólo debe ser votado por la Cámara Alta para que entre en vigor.

El nuevo bloque comercial va a estar integrado por República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Estados Unidos como “big brother”.

Estos cinco países continentales y la isla dominicana son, en bloque, el segundo socio comercial de Estados Unidos en la región. A su vez, significan el segundo mercado regional de exportación para las empresas norteamericanas, después de México, que venden en esa región más de 15.000 millones de dólares anuales.

Esta negociación que arriba a su fin, fue impulsada con fervor por el presidente George Bush, pero también por parte de los sectores exportadores.

Hay que destacar que hay muchos que resisten el tratado, incluidos legisladores que no están convencidos de votar por la ratificación. Y grupos de trabajadores, sindicalistas, organizaciones de derechos humanos y de defensa del medio ambiente, entre otros, se oponen al CAFTA.

Recordemos que este mismo año debería haber entrado en vigencia el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) promovida por el presidente George Bush padre en la Cumbre de Miami del año 1991. Sin embargo, cuestiones internas de ese país, más el cambio de distintas administraciones en los países del sur del continente, pusieron un freno a la iniciativa. Con estas dificultades en el horizonte, la Casa Blanca –ahora comandada por George Bush hijo- cambió su estrategia por la negociación de tratados bilaterales.

A quienes sí pudo convencer de “las ventajas” de un nuevo mercado multilateral fue a sus vecinos menores de Centroamérica, naciones que siempre fueron consideradas “el patio trasero” de Washington desde los tiempos del presidente Monroe.

Llama poderosamente la atención lo veloz del acuerdo. Estados Unidos tardó más de una década en negociar una iniciativa similar con Chile, mientras que los primeros pasos con sus vecinos centroamericanos se dieron en 2001. Y en 2003 se inició el proceso formal que en breve dará nacimiento al CAFTA.

La cronología indica que el 13 de enero de 2004, el entonces encargado de las relaciones comerciales internacionales estadounidenses, Robert Zoellick, viajó a la República Dominicana para iniciar las negociaciones.

El representante comercial de la Casa Blanca sostuvo entonces que “para los Estados Unidos, la firma del CAFTA abre un nuevo capítulo en la historia de nuestra relación con Centroamérica. El CAFTA colocará la relación de Centroamérica con los Estados Unidos sobre unos cimientos comunes más sólidos, firmemente asentados en el compromiso que compartimos con la democracia, los mercados libres, los pueblos libres y la esperanza (…)”. Quien tenga memoria va a recordar que esta zona fue, precisamente, la más perjudicada por el imperialismo estadounidense y donde más intervino a lo largo de su historia.

También rubricaron el acto el ministro de Comercio de Costa Rica, Alberto Trejos; el ministro de Economía de El Salvador, Miguel Lacayo; su par de Guatemala, Marcio Cuevas; el ministro de Industria y Comercio hondureño, Norman García; y el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Nicaragua, Mario Arana.

Por fin, el 5 de agosto de 2004, Zoellick y la secretaria para Industria y Comercio de la República Dominicana, Sonia Guzmán, firmaron el acuerdo mediante el cual este país insular se sumaba al área comercial, que cambió su nombre por DR-CAFTA –por Dominican Republic.

La iniciativa presidencial no tuvo demasiados escollos en el Capitolio. No debió recurrir a la vía rápida o “fast track” –una medida para que un acuerdo pueda ser negociado por el Poder Ejecutivo, al que el Congreso sólo puede aceptar o rechazar, pero no modificar- como sí le ocurrió a su predecesor, Bill Clinton, debido a la predisposición de los legisladores.

¿Qué establece el CAFTA? El acuerdo estipula que cuando entre en vigencia el área de libre comercio, vana a quedar eliminados los aranceles aduaneros sobre más del 80 por ciento de los envíos de Estados Unidos hacia América Central de bienes de consumo e industriales. Para el resto de las posiciones tendrá un descenso gradual de aranceles hasta llegar a cero en diez años.

Como contrapartida, Estados Unidos elimina aranceles al 75 por ciento de las exportaciones centroamericanas.

Las autoridades centroamericanas ven en el CAFTA la oportunidad de realizar reformas empujadas “desde afuera” que no han podido realizar “desde adentro”. Así lo admitió el embajador costarricense en Washington, Tomás Dueña. Su par de Guatemala en la misma capital, José Guillermo Castillo, advirtió por su parte, que de no llegarse a buen puerto, los trabajadores de los países de Centroamérica van a salir perjudicados por la dependencia del mercado vecinal.

Aunque la Casa Blanca haya tenido que ceder en algunos puntos –las quejas de ciertos productores agrícolas se oyeron con relativa fuerza- no debió moverse de una posición que impide hasta el momento el avance del ALCA: la eliminación de los subsidios agrícolas. La Secretaría de Comercio no está dispuesta a abandonar sus subsidios agropecuarios hasta que no lo hagan la Unión Europea (UE) y Japón, dicen.

Claro que en el contexto del comercio entre estas regiones tan desiguales se entiende esta posición. Estados Unidos busca reservarse su “vecindario” por cuestiones de índole políticas más que económicas. De hecho, a la economía norteamericana no le significa mucho “ceder” ante unas naciones definidas como “pobres”.

Tampoco a las siete economías que se van a integrar desde el sur del Río Grande les va a significar demasiado. Sólo podrán incrementar la venta de productos con bajísimo valor agregado –azúcar, frutas, tabaco y sus derivados-. Y como es costumbre en los acuerdos pergeñados por Washington, se reducen a la cuestión comercial. Ergo, de inmigración, de reglamentación del trabajo y de respeto de los derechos humanos no se habla nada.

Pero la Casa Blanca se asegura una nueva puerta para poder intervenir en la política interna de esta área tan sensible para sus intereses. Además, se asegura el apoyo irrestricto a cualquier iniciativa que los halcones de Washington pretendan implementar. Más en tiempos de “lucha global contra el terrorismo”.

Antes de ceder a esta tentación, los países de Centroamérica deberían observar qué pasó, por ejemplo, con México. Tras una década de existencia del Northern American Free Trade Agreement (NAFTA) o Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y tras un inicio auspicioso, el crecimiento del país azteca se encuentra estancado. Una parte sustancial de las empresas “maquiladoras” que ensamblaban productos en la frontera norte con destino al apetecible mercado de consumo vecino, fueron trasladadas a China. E incluso, el presidente Vicente Fox busca integrarse al Mercado Común del Sur (Mercosur), una evidencia de la desilusión que el NAFTA les significó.

Lo que sí impulsó el NAFTA fue el aumento de la emigración hacia los Estados Unidos. Y Aún hoy, la renta per cápita de los mexicanos es la novena parte de la de los estadounidenses. Y el país no se encuentra en la senda del desarrollo.

El CAFTA –y sus consecuencias- deben servir de guía a las naciones y gobernantes del Cono Sur para que no se vuelvan a seguir los cantos de sirena, que como Homero se encargó de enseñarnos hace ya muchos años, siempre llevan a la tragedia.

Pablo Ramos
pramos@perio.unlp.edu.ar

APM/Agencia Taller