Durante dos días, responsables del área de Bienestar Estudiantil de 30 Universidades Nacionales se reunieron en Córdoba en el marco del segundo plenario del año, de nombre “Acerca de los desafíos de las Políticas de Inclusión Social y Académica en las UUNN”.  Allí se trabajó en las políticas de Bienestar desde la perspectiva de la Educación Superior como un derecho de todos.

El encuentro se centró en políticas de inclusión, de comedores universitarios y de deporte en las Universidad Nacionales (UUNN). Además se discutió el concepto de bienestar estudiantil y su actualidad en las instituciones, la reconceptualización de nociones asociadas con la labor de las áreas de Bienestar Estudiantil y la redefinición de objetivos de la RedBien.

En este segundo plenario y, en la conferencia de apertura, participaron la secretaria de Asuntos Estudiantiles de la UNC, Ana Alderete; la coordinadora de la RedBien y secretaria de Bienestar de la UNCuyo, María Belén Alvarez, la presidenta de la Comisión de Extensión y Bienestar del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectora del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), Liliana Demaio; la rectora de la UNC, Carolina Scotto, y el nuevo secretario de Políticas Universitarias (SPU) de la Nación, Martín Gill.

En la apertura, los disertantes definieron a la Educación Superior como un derecho al que deben acceder todos y en la necesidad de repensar la noción de inclusión, ya sea social o académica.

Ana Alderete, en su papel de anfitriona, dio la bienvenida y destacó la importancia de celebrar este tipo de encuentros “para avanzar en aquellos conceptos que están en la base de las políticas de bienestar que estamos desarrollando”. Asimismo mencionó que se debe sostener a la educación como un derecho así como “mejorar las políticas de inclusión de nuestras universidades, favorecer el acceso de los sectores que más lo necesitan y tener políticas generales que los aseguren, garantizando la participación y la comunicación con todos ellos”.

Por su parte, Belén Álvarez explicó, a las universidades que recién se incorporan a la Red, que ésta se encuentra en un proceso de replanteamiento de distintos ejes de trabajo, entre ellos el conceptual. En esa misma línea, señaló que se está trabajando en un documento base sobre la resignificación de las políticas de Bienestar. Por último, coincidió con Alderete en la concepción de la educación como un “derecho para toda la vida y como una responsabilidad del Estado”, enfatizó Alvarez.

Liliana Demaio opinó sobre la necesaria articulación que debe haber entre docencia, extensión e investigación al interior de las casas de altos estudios. “No es posible llevar adelante la tarea si no están debidamente articuladas todas las funciones de la Universidad”. Manifestó que el compromiso social de las universidades “se vuelve sensible en las áreas de bienestar universitario, como pretendemos llamarla en lugar de estudiantil”.

La presidenta de la Comisión de Extensión y Bienestar del CIN refirió sobre la necesidad de generar un nuevo pensamiento en torno a las políticas de bienestar estudiantil, y en este marco, destacó que la red está atravesando una nueva etapa que pretende sumar, al intercambio entre universidades generado en 2007 con la creación de la red, la transformación de la misma en una “fuente de consulta y de validación de políticas públicas”.

Carolina Scotto  detalló que hasta la creación de la RedBien la inclusión como concepto no formaba parte de las discusiones en torno a las políticas de bienestar ni era una bandera bajo la cual debían orientarse, en conjunto, las políticas de bienestar, las académicas y las institucionales. Indicó que, en mayor o menor medida, las universidades tienen como objetivo complementar la calidad en la formación “con la capacidad para incluir activamente a una creciente población de estudiantes”.

Scotto acordó con Demaio sobre la necesidad de articular las iniciativas de las áreas de Bienestar con las estrategias académicas como tutorías y programas de acompañamiento dirigidos a asegurar una mejor permanencia y la graduación de los estudiantes en las universidades. Ser capaces de preguntarse y responder a la sociedad respecto de los esfuerzos que se realizan “para asegurar el acceso a la educación como un derecho humano social básico”. También para “trabajar en favor de la calidad y garantizar una inserción efectiva de alumnos que solemos tratar como un universo homogéneo, cuando no lo son”, aseguró la titular de la UNC.

En esta perspectiva de trabajo contó cómo la Universidad Nacional de Córdoba implementó la Encuesta de Calidad de Vida para saber quiénes son sus alumnos y conocer sus necesidades, para realizar un mejor uso de los recursos “siempre insuficientes”.

Sugirió que, a pesar de las diferentes realidades de cada universidad en materia de bienestar estudiantil, se podría promover –a partir de contar con información fehaciente y un debate serio- la articulación con políticas del Ministerio de Educación de la Nación que “tiendan a que las políticas de inclusión sean propias del sistema universitario público nacional y no de esta o aquella universidad orgullosa que exhibe sus singularidades y logros frente al resto del sistema.”

Martín Gill  rescató “el valor de la asociatividad en el marco de un ejercicio autónomo” de las UUNN para el diseño de políticas que permitan pensar en términos del sistema universitario y no de una universidad en particular”. En este sentido puso sus expectativas en las conclusiones del encuentro, las que serán tenidas en cuenta por los rectores y por quienes deben conducir los organismos públicos del sistema universitario nacional.

En sus funciones como secretario de la SPU  explicó que no viene “a inaugurar una etapa sino a incorporarse a un camino que viene llevándose adelante en los últimos años”. Dijo que uno de los ejes de trabajo será la profundización de la política de inclusión en las UUNN así como repensar la vinculación de la educación superior con el resto del sistema educativo

Consideró que hay que profundizar los pilares distintivos de un país que estamos construyendo entre todos, “un país que encuentra en la inclusión en general, no sólo la universitaria, su herramienta más sustantiva”, subrayó.

“En el marco de una política general de inclusión –prosiguió- el aspecto universitario debe contribuir a esa línea desde la concepción distintiva de concebir a la educación universitaria como un derecho y no como un servicio. La educación como un derecho humano, un bien público, una obligación ineludible del Estado”.

En la línea de pensamiento y trabajo del encuentro, Gill propuso repensar el concepto de inclusión que durante mucho tiempo estuvo reducido a la gratuidad de la educación pública. Desde su perspectiva la redefinición de esa noción de inclusión debe abarcar diversas aristas como: vincular la inclusión social y la académica desde el diseño de estrategias que aborden, además, el ingreso y la permanencia en la universidad así como el egreso; redimensionar el concepto de bienestar para que abarque no sólo al estudiantil sino también a todos los claustros; pensar el desarrollo territorial del sistema universitario como variable de acceso a la universidad de sectores que antes no accedían; dialogar con sectores que no están en el sistema para brindarles herramientas que les permitan llegar; vincular el conocimiento con el mundo del trabajo; así como articular la educación superior con el sistema educativo y disminuir las asimetrías del sistema universitario nacional.

Gill resaltó la propuesta de la rectora Scotto de “mirarnos, estudiarnos, repensarnos, y tener datos e información para que los recursos públicos sean utilizados del mejor modo. Esta propuesta de hacer un análisis sobre la realidad de nuestros estudiantes es un aporte valioso. Tomamos la experiencia recogida por Córdoba. Podemos repensarla e impulsarla desde la red y con el conjunto del sistema universitario”.