Educar en y para los derechos humanos es un principio ético y un objetivo que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha reafirmado en múltiples ocasiones. Se trata de una tarea que desborda las aulas y que las instituciones universitarias desarrollan en conjunto con organismos estatales y actores sociales. Sin políticas públicas de derechos humanos todo ese quehacer se debilita. Por ello vemos con preocupación el desmantelamiento de áreas claves de las políticas de “Memoria, verdad y justicia”.

La falta de presupuesto para actividades, la suspensión de obras de infraestructura, la ausencia de funcionarios responsables en la Dirección Nacional de Sitios y los despidos de trabajadores y trabajadoras son algunos de los mayores problemas que transitan los espacios de memoria en la actualidad. De esta manera peligra la preservación de estos lugares históricos, pero, también se imposibilita la continuidad de la tarea de promoción con escuelas y universidades. Estas actividades son centrales para que las casas de estudio lleven adelante los programas de educación en derechos humanos.

La búsqueda de verdad y la obtención de justicia sufren un duro revés a partir de la eliminación del Equipo de Relevamiento y Análisis Documental de los Archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA) del Ministerio de Defensa que había sido creado en 2010. El trabajo profesional y sistemático de este equipo archivístico logró recuperar documentación clave sobre la represión y daba respuesta a los requerimientos judiciales en causas en las que se juzgan los crímenes de lesa humanidad.

En el mismo sentido, el desmantelamiento del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que filmaba los juicios orales, implica un retroceso en materia de acceso a la información y de producción de fuentes históricas que son únicas como patrimonio colectivo y para futuras investigaciones académicas.

En materia de políticas archivísticas y de acceso a la información, también, se discontinuó la mesa de trabajo que funcionaba en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que promovía la desclasificación de documentos de dicho organismo. Se suma, además, el achicamiento del equipo de profesionales del Archivo Nacional de la Memoria y la falta de nombramiento de un/una directora/a de esa área que preserva fondos documentales como el de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

La búsqueda y restitución de la identidad de niñas y niños apropiados durante la última dictadura sufre similares recortes. El despido de personal de las unidades de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.DI) y las negativas a colaborar por parte de otras áreas del Estado dificulta el esclarecimiento de más de 7.000 denuncias que se encuentran en análisis en esta instancia prejudicial.

Estas medidas se producen en un marco de descalificación a las demandas de “Memoria, verdad y justicia”, que van desde la minimización de los crímenes cometidos hasta su negación, que cuestionan los símbolos de la lucha por los derechos y atacan a muchas de sus figuras. En los últimos meses se han producido actos negacionistas que no han sido repudiados por las autoridades.

En este sentido, expresamos nuestro repudio a la visita que legisladoras y legisladores hicieran de manera reciente a los genocidas presos en la Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Lo hacemos desde el convencimiento de que este acto se convierte en una reivindicación de las formas más perversas del terrorismo de Estado con su derrotero de tortura, cárcel, violaciones, robo de niños, muerte y desaparición forzada durante la dictadura genocida. Es inadmisible que quienes asumen una banca como expresión de la voluntad popular y democrática intenten instalar los actos de la dictadura militar como ejemplo a seguir.

Todos estos retrocesos se producen en el marco de otras políticas que afectan negativamente el cumplimiento de los derechos humanos, como la represión a la protesta social, el desmantelamiento de áreas y programas dedicados al género y las diversidades sexuales y la falta de atención a la situación de pobreza cada vez más urgente.

El fortalecimiento de las políticas de “Memoria, verdad y justicia” es una obligación del Estado. Conocer lo sucedido, juzgar a responsables y recordar y reparar a las víctimas son la base de garantizar que los hechos no vuelvan a ocurrir. Desde las instituciones universitarias públicas educamos en y para los derechos humanos con esta misma mirada y para que fortaleciendo la democracia podamos dar respuesta a las necesidades del presente.

La Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH) del CIN reafirma, una vez más, el compromiso con un mundo de iguales, en el que se teja el pasado y el presente histórico para construir futuros.

22 de julio de 2024