Según un informe oficial, "la tragedia de Tartagal se podría haber evitado". La Nación no cumplió con las obras comprometidas tras el anterior desastre.
 
La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró ayer que su gobierno y antes el de su marido invirtieron 400 millones de pesos para obras de infraestructura en Tartagal. Y anunció más planes de ayuda para la ciudad arrasada por un alud de lodo. Lo hizo con cifras contradictorias respecto de las que desplegaron una hora más tarde sus ministros De Vido y Massa en conferencia de prensa (ver recuadro). No fue el único traspié: la Defensoría del Pueblo y referentes sociales de la localidad salteña denunciaron que la mayoría de las obras “no se hicieron” y que eso contribuyó a la catástrofe. Hasta el vicegobernador kirchnerista de la provincia norteña admitió que las iniciativas oficiales estaban “paralizadas”.

“La tragedia de Tartagal se hubiera evitado si los gobiernos nacional y provincial hubieran cumplido con los compromisos asumidos luego del desastre hídrico de fines de 2005, que incluían un extenso listado de obras inconclusas y el freno a los desmontes indiscriminados.” Así lo asegura un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, fechado el 12 de febrero último, al que Crítica de la Argentina accedió en exclusiva.

“Si continúan desmontando a este ritmo, Salta será un desierto en menos de 20 años y va a haber tantos tartagales como pueblos existan a la orilla de los ríos”, afirmó el ombudsman Eduardo Mondino.

La investigación se abrió a principios de 2006, a raíz de una denuncia realizada por el Obispado de Nueva Orán. “Reclamaron que investigáramos la responsabilidad de los organismos del Estado en aquella situación y lo que hicimos fue cursar pedidos de informes a todos los entes y dependencias involucrados”, explicaron desde el área de Medio Ambiente de la Defensoría.

El 23 de agosto de 2006, la Comisión Regional del Río Bermejo, que depende del Ministerio del Interior, elevó un informe a la Defensoría del Pueblo donde concluye que “es urgente dotar de la protección adecuada para el cruce provisorio de la Ruta 34, sobre el río Seco, y reacondicionar el canal del río Tartagal”. La nota añade que “sería conveniente evaluar la posibilidad de erradicación de la población en los lugares de mayor riesgo de deslizamientos de suelos”.

“Lamentablemente esto no se hizo y por eso la historia se repite tres años después, y esta vez con consecuencias aún más trágicas”, se lamentó Mondino. Pero no fueron los únicos incumplimientos.

El 30 de octubre de 2006, la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación firmó convenios con el gobierno salteño para llevar a cabo las siguientes obras:

- Control de erosión y estabilización de cauce del río Tartagal.

- Desagües pluviales en Villa Güemes.

- Defensas contra erosión hídrica en Villa Tranquila y Barrio San Cayetano, de General Mosconi.

- Estudio hídrico integral para la sistematización de escurrimientos superficiales y provisión de agua potable en la zona afectada por la crisis.

- Desagües pluviales en la localidad de Aguaray.

“Si las obras se hubieran hecho en tiempo y forma, esto no debería haber ocurrido, de lo contrario quiere decir que las previsiones de ambos gobiernos fueron equivocadas”, remarcó el defensor del Pueblo.

Todo esto se suma a las recientes declaraciones del vicegobernador salteño, Andrés Zottos, quien admitió que “las obras de ampliación de la boca del canal por donde corre el río Tartagal no pudieron concluirse”.

POBRES HABRÁ SIEMPRE. A causa de nuevas inundaciones que se registraron en la zona durante marzo de 2008, la Defensoría requirió informes al Ministerio de Desarrollo Social sobre la situación habitacional de los pobladores. La contestación oficial fue tan cruenta como realista: “La mayoría de las viviendas son ranchos de adobe con techo de paja y adobe y piso de tierra suelta. Todas las calles de la localidad son de tierra y los barrios carecen de desagües y/o servicios básicos domiciliarios como agua, luz y gas”.

El 22 de abril de 2008, el gobierno salteño reclamó a la Nación “la construcción de 225 viviendas sociales en Rivadavia Banda Sur y 300 viviendas sociales más en Embarcación y la realización de obras hídricas necesarias para evitar que en el próximo período estival vuelvan a ocurrir similares acontecimientos”.

Para Mondino “como las autoridades eran conscientes de esta realidad, son doblemente responsables de la tragedia, porque debieron haber instrumentado mecanismos de asistencia social más eficientes antes de que ocurriera un nuevo desastre hídrico originado por las intensas lluvias”.

LA UNIVERSIDAD TAMBIÉN LO ADVIRTIÓ. Un informe elaborado por ingenieros de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) y publicado en 2006 también alertaba sobre los riesgos de que ocurrieran nuevas catástrofes en Tartagal como la que se produjo el lunes pasado. La investigación, que lleva por título “Diagnóstico y Evaluación de la cuenca del Río Tartagal y área de influencia” y que fue elaborada por Claudio Cabral y Gloria Plaza, aseguraba que en la cuenca alta del río Tartagal “la cobertura vegetal ha sido alterada y modificada”, lo que había favorecido la erosión y los daños severos que sufrió la población del norte de Salta a fines de 2005 y principios de 2006. El informe, que fue elevado en aquel momento a la Municipalidad de Tartagal, apuntaba fundamentalmente a la apertura de caminos y habilitación de tierras para obras y plataformas por parte de las empresas petroleras que favorecen la erosión en masa, al “aprovechamiento forestal no planificado bajo pautas de manejo sustentable del bosque” que también realizaban apertura de caminos y, en menor medida, a la ganadería extensiva aunque también a la extracción de áridos a la altura de la ciudad de Tartagal.

El informe, que fue publicado ayer por el Nuevo Diario de Salta, sostiene además que “la vulnerabilidad de la cuenca del río Tartagal a nuevos eventos catastróficos es altamente probable que se repita”. La advertencia de que podía ocurrir una nueva tragedia también incluía la posibilidad “de establecer de prevención y alerta de la población y la diseminación de mecanismos y oportuna alerta temprana para agilizar la respuesta ante eventos catastróficos”.

Homero se saca el barro de encima

–¿La reglamentación de la Ley de Bosques fue en respuesta al alud salteño?

–No, la desgracia de Tartagal no tiene nada que ver con este anuncio. La reglamentación se inició el 15 de diciembre por pedido de la Presidenta.

–¿El desmonte causó el alud?

–No fue causa determinante.

–¿Se puede mensurar su influencia?

–No es serio poner porcentajes. Hay un montón de factores: hídricos, de asentamientos urbanos, el impacto de las explosiones de las petroleras y otros.

–La ley fue sancionada hace más de un año. ¿Por qué tardó tanto en ser reglamentada?

–El proyecto de reglamentación anterior tuvo un defecto de teoricidad. Además, al haber objeciones de parte de las provincias, la Presidenta no iba a aprobar algo que no garantizaba los consensos absolutos y era una mera declamación.

–¿Quiere decir que Cristina Fernández no tuvo responsabilidad en la demora?

–No es culpa de la Presidenta, como se planteó con simplismo y reduccionismo. Es la secretaría a cargo quien debe armar bien el proyecto, fundamentarlo y buscar los consensos políticos básicos.

–¿Romina Picolotti sí fue responsable?

–Mi antecesora no presentó un proyecto con viabilidad política para que pudiera salir. Por lo tanto, hay responsabilidad de quien tenía el área sustantiva a cargo. No hay que hacer discursos ni leyes para el bronce.

–¿Qué objetaban las provincias a la ley de Picolotti?

–Que tenía una visión unitaria: todo tenía que pasar por la secretaría. Entre que se presentaba un papel, se aprobaba y pasaba por las provincias, se hacía infinito.

–¿Las provincias no son, a veces, cómplices de las empresas deforestadoras?

–Eso lo tienen que resolver en elecciones los ciudadanos de las provincias. Y si hay alguna suciedad o situación de corrupción, que la denuncien ante la Justicia. Eso es el Estado de derecho.

–Las ONG ambientalistas objetaron algunos puntos de la reglamentación.

–Subestiman a los elegidos por el Estado de derecho. Usan lo ambiental como bandera.

–¿A quiénes se refiere?

–Sí, a Greenpeace, a Fundación Vida Silvestre, a FARN y las otras. La democracia son aquellos a quienes la gente votó, no quien se proclama tutor del medio ambiente en nombre de la sociedad, pero sin votos que lo legitimen.