En la nota de Agencia Taller “El rol de los delegados de los trabajadores de la salud mendocina en el conflicto con el gobierno”,Liliana Romero, delegada del Hospital Central, comentó que había una “privatización encubierta” de la salud pública.
Romero explicó que “se empezó a implementar un sistema de unidad de gestión, mediante el cual se van capturando servicios, quedan 4 o 5 médicos a cargo y se cobra, para comprar insumos y dar ‘sobresueldos`, en el buen sentido, a esos médicos. El paciente pasa de pagar $2 en colaboración, como antes, a pagar de $30 a $80”.
Ante la denuncia de la dirigente, Agencia Taller visitó reiteradas veces el edificio y consultó a más 20 pacientes de distintas secciones, quienes respondieron que sólo dan una colaboración voluntaria solicitada por los prestadores.
Consultada nuevamente, Liliana Romero sostuvo que los pacientes niegan el cobro de estudios específicos por miedo.
Romero comentó que se han presentado a la justicia denuncias con bonos de contribución y otros documentos firmados por pacientes que demuestran el pago. Espera que pronto se pronuncien sobre el asunto. La delegada, a modo de ejemplo, dice que un electrocardiograma cuesta 30 pesos.
Entrevistado por Agencia Taller, Luis Gil, encargado del área de Prensa del hospital, dijo que “no tengo ninguna duda de que acá existe un interés netamente sindical” en las denuncias.
Gil sostuvo con vehemencia que la “versión de que el Hospital Central cobra, es absolutamente falsa, la desmiento, y si alguien le cobra a alguien dentro del Hospital, está cometiendo un delito”.
El funcionario también justificó que hay una “brecha” muy grande “entre la pretensión de querer cobrar una prestación y la intención de pedirle una colaboración” al paciente.
Explicó que las colaboraciones se suman en una caja que se utiliza para la compra de insumos. Además agregó que en “un hospital de esta naturaleza y magnitud, con un flujo regular promedio por día de 2000 personas, apenas nos alcanza esa caja chica para comprar algo de papel o insumos”.
Sobre las Unidades de Gestión, Gil explicó que son esquemas administrativos que utiliza el Hospital para no desperdiciar todo su volumen y utilizar la capacidad ociosa. En horarios de la tarde, se aplica atendiendo obras sociales y ofreciendo otras prestaciones.
También, porque “hay gente que elige al Hospital Central por su excelencia médica, por la certeza en sus resultados y por el nivel de alta complejidad; hay mucha gente que tiene obra social, tiene capacidad de pago”, y se hacen atender en el hospital sostuvo el funcionario, lo que no tiene relación con solicitar la colaboración al resto de los pacientes.
La legislación
La ley provincial Nº 6.015 y su modificación Nº 7.099, reglamenta el régimen de descentralización de los hospitales: “los hospitales públicos de alta y mediana complejidad de la provincia de Mendoza se constituirán en entes públicos descentralizados autárquicos” esto es, la autonomía de cada centro de atención para utilizar sus instalaciones y personal para trabajar con obras sociales y mutuales.
En el Art. 6 del Cap. II, determina: “el hospital público autárquico cumplirá sus objetivos con la plena capacidad de las personas jurídicas, para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo actuar pública y privadamente”.
Además, determina la creación de un Fondo para el Hospital Público que se integra por “recursos propios”, “aportes anuales específicos que la ley de presupuesto y otras leyes nacionales y provinciales le asignen al hospital público descentralizado”, “el producto de intereses, reintegros y otros ingresos que resultaren de la administración del fondo”, “créditos”, etc.
Agencia Taller dialogó con Silvana Donaire, Jefa de Servicios de Unidades Coronarias, una de las secciones que trabaja bajo la Unidad de Gestión.
Donaire explicó que la parte médica comenzó a trabajar con unidades de gestión por la implementación de nomencladores nacionales. Eso significa que por cada actividad que ellos hacen nacional o provincialmente se les paga un canon.
“En enfermería y en el resto de los equipos de salud, llamados no profesionales, no tienen canon, la actividad nuestra figura solo como un sueldo y punto”, sostiene.
La encargada de esta sección dijo que se comenzó a trabajar de esta forma luego de notar que la salud se ha convertido en un “comercio” y de evaluar que la gente no siempre es sincera, porque se hace atender en el hospital público a pesar de tener mutuales u obras sociales.
Según Donaire, esto trajo desabastecimiento de la salud dedicada a las personas que carecen de poder adquisitivo para estudios, consultas y operaciones costosas, como las cardiovasculares.
“Si el paciente tiene mutual, tiene que ir y hacer autorizar todos los papeles, entra en un módulo preestablecido, donde el hospital dice lo que le va a cobrar por cada cosa. Entonces, todo eso lo pone la mutual y no el Gobierno y ese dinero que gana lo va a dejar en las arcas del hospital”, sostuvo la Licenciada en Enfermería.
“Esa plata se supone que va a ir a reintegrarse en ese proceso que hizo funcionar el paciente” y explicó que el problema es que “nosotros recibimos un porcentaje mínimo, porque tenemos una ley de productividad que determina que, quien se lleva el mayor porcentaje es la parte profesional y el menor para la no profesional. Por ejemplo, se llevan el 50%; del otro 50%, entre el 20% y el 25% se queda en el hospital y el resto para los no profesionales. Ahí intervienen las luchas para que sea más o menos equitativo, entonces, ¿es justo o es injusto?”, se pregunta Donaire.
En esa lucha por el cobro de las prestaciones que ingresan en el sistema, intervienen las leyes de nomencladores y de cantidad de años de trabajo y de servicio de cada prestador. La contrariedad pasa porque los profesionales médicos son más reconocidos que los profesionales enfermeros, aún cuando tienen el mismo título de grado, lo que justifica que los porcentajes de adicional en los sueldos sean desiguales.
Ambos entrevistados, coincidieron en que la atención de los pacientes es la misma aunque no tengan obra social.
A modo de conclusión, Donaire argumentó que la manera de aplicar esta nueva política de salud no es la adecuada para nuestra sociedad. Dice que “tendríamos que buscar como país y provincia un sistema que nos reditúe a todos similarmente, porque copiamos las técnicas administrativas y queremos pasar lo mismo, pero aquí, y somos una cultura diferente”.
Y explica que además, el presupuesto de salud está mal distribuido y no alcanza en lo necesario para prestar el servicio de salud pública a todas las personas: “de 12 millones, 8 son para los empleados, y eso que no nos pagan como tendrían”.
Belén Faiozzo
Departamento de Política
