El Concejo Municipal de Rosario dejó expuso esta semana que la tormenta del 2 de febrero dejó alguna lección por aprender, y así se lo hizo saber al Ejecutivo, al aprobar dos proyectos que pretenden revisar los mecanismos de anticipación y de reacción ante el advenimiento de azotes climáticos como este último, que dejó ocho personas muertas y pérdidas cuantiosas, estimadas en 13 millones de pesos sólo por parte del erario público.

El Legislativo aprobó en la segunda sesión extraordinaria celebrada el jueves pasado un proyecto del edil Carlos Comi (ARI-CC) que convoca a una comisión a “discutir un modelo de ciudad frente al cambio climático”.

La iniciativa sopesó “la ferocidad de las recientes manifestaciones climáticas de características nunca vistas” como la pedrea de noviembre de 2006 y la tormenta de viento y lluvia del mes pasado.

Por eso, el cuerpo legislativo dispuso llamar a una comitiva multilateral para “discutir, pensar y planificar diferentes medidas para que la ciudad esté debidamente preparada”. El Concejo integrará a representantes de reparticiones municipales, de la Policía, de Prefectura, del Instituto de Física Rosario, del Observatorio Meteorológico Nacional y dependencias específicas de la Universidad Nacional de Rosario, la EPE y Assa.

Ese grupo deberá “diseñar un protocolo de prevención y emergencia” y “un conjunto de medidas para prevenir la radicalización del cambio climático y fortalecer la capacidad de respuesta”.

NUNCA VIO LA LUZ. El planteo de Comi viene a cuento de que el Concejo sancionó hace un año la creación de un sistema de “alerta temprana para fenómenos meteorológicos extremos”, con un radio de 100 kilómetros de alcance, pero que el municipio nunca implementó.

La sesión del jueves sirvió de plataforma a otra reprimenda que la oposición –en este caso, el justicialista Arturo Gandolla- le hizo al Ejecutivo local por su reacción en la tormenta del 2 de febrero. El cuerpo le pidió al gabinete de Miguel Lifschitz que le envíe cuanto antes los protocolos de intervención de la Coordinación de Defensa Civil en esa clase de emergencias. El objetivo es “evaluarlos y, eventualmente, modificarlos” para evitar “la lentitud en la respuesta que derivó en numerosas protestas que complicaron aun más la situación”.