El rector Arturo Somoza dio a conocer una resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo por la cual se dispone declarar “Zona protegida de interés científico y educativo” las 33 hectáreas en litigio con la empresa Dalvian, en caso de que el fallo definitivo de la Corte Suprema de la Nación sobre el caso resulte favorable a la Universidad.

En conferencia de prensa realizada en la Sala de Sesiones del Consejo Superior, el Rector recordó que ese litigio “de larga data” se encuentra a consideración de la Corte Suprema luego de dos instancias, ante el juez federal y en apelación ante la Cámara Federal, desfavorables para la Universidad, el rechazo de un recurso extraordinario por parte de la misma Cámara y la aceptación de un recurso de queja por parte del máximo órgano judicial de la Nación.

Las hectáreas en litigio se ubican en jurisdicción de la Ciudad de Mendoza, al Sur-Oeste de la Avenida Champagnat, en la cuenca del Papagayos, son parte del antiguo Polígono de Tiro del Ejército y fueron cedidos por el Estado Nacional a la Universidad Nacional de Cuyo en la década del ’50. La Universidad sostiene en su defensa la imprescriptibilidad de la propiedad de dominio público. 

Somoza aclaró que la Corte no tiene plazos para emitir su fallo y que la resolución del Consejo no será presentada ante ese tribunal ya que “no es posible hacer más trámites de acuerdo con las normas procedimentales”.

La resolución dispone, además, realizar “todos los actos pertinentes” ante la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Mendoza con el objeto de “propiciar la conformación y declaración como zona de ‘Reserva Natural y/o Área Protegida’ a dicho sector y otros terrenos propiedad de la UNCuyo que forma parte del piedemonte en situación de riesgo ambiental”.

Finalmente, el Consejo Superior encomienda al Instituto de Ciencias Ambientales (ICA) “la articulación del aporte de todos los elementos científicos y técnicos que la comunidad universitaria realice y que tengan como objetivo la preservación de la zona”.

El Rector explicó que la intención de la Universidad apunta establecer en la zona objeto de la resolución, “además de un área intangible con la prohibición de nuevas construcciones, la realización de tareas de recuperación de la flora y la fauna, la corrección de torrentes y ejercer una función educativa tanto para la comunidad universitaria como para la comunidad en general”.

Entre los considerandos de la resolución, se señala que “las investigaciones que desde hace muchos años se vienen realizando en la UNCuyo como también en el CCT-CONICET Mendoza, fundamentan la necesidad de conservar y proteger los valores intrínsecos del piedemonte”.

En relación con la utilización desordenada del piedemonte, otro considerando especifica que “este proceso va acompañado por un incremento de la superficie impermeabilizada de calles, veredas y superficie construida. Los valores van de 47 al 75% en la zona Norte y supera el 75% hacia la zona Sur (Godoy Cruz), fenómeno que genera problemas de riesgo aluvional al disminuir el porcentaje de terrenos naturales de infiltración y aumentar los aportes de agua en volumen y velocidad hacia las zonas más bajas”.

La resolución define el concepto de “conservación” como “una sabia administración y de los ambientes silvestres, recursos naturales, sobre bases científicas y técnicas dirigidas a lograr su estabilidad y permanencia”, en el marco de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial.

Finalmente, apunta que el acuerdo del Consejo Superior “resulta oportuno para fomentar y apoyar el desarrollo de actividades de investigación para producir conocimientos y para la transferencia de resultados al resto de las provincias del Oeste argentino y lugares de América Latina que comparten la misma problemática”.

Ante la pregunta periodística acerca de qué pasará con la resolución si el fallo de la Corte resulta desfavorable para la Universidad, Somoza manifestó que “los tengamos o no (los terrenos en litigio), está claro que en el piedemonte hay un riesgo para la población, y es necesario declararla Área Protegida”, ampliando y consolidando distintas políticas que existen tanto en la provincia como en el mundo, referidas “tanto a los dominios privados como públicos”.

Otra pregunta planteó qué pasará con “lo construido” por Dalvian en los terrenos en litigio, en caso que la Corte falle a favor de la Universidad. “En realidad -dijo Somoza- no hay construcción sino movimientos de tierra en un área de 30 km al Oeste de la Avenida Champagnat. Qué se hará allí debe decidirlo la Corte”. En todo caso -agregó-, “la Universidad, a pesar de sus necesidades de espacios, no va a construir allí, no va a privilegiar su interés particular por sobre su responsabilidad social”.

Requerido si la Universidad va a presentar esta resolución y la perspectiva que plantea a los candidatos a la Gobernación en las próximas elecciones, Somoza consideró “oportuno remitir la resolución a los candidatos”, teniendo en cuenta, además, -apuntó- que “en el diálogo realizado ayer en la UNCuyo, los siete candidatos coincidieron en la necesidad de una política de Estado referida al ordenamiento territorial, el equilibrio geográfico y la sostenibilidad ambiental”.