El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo conmemoró el “Día Institucional de la Defensa del Patrimonio Público Educativo”. De este modo reafirmó, una vez más, los derechos de la Universidad sobre los terrenos que son objeto de un largo litigio judicial con la empresa inmobiliaria Dalvian SA.

El máximo órgano de gobierno universitario, el Consejo Superior de la UNCuyo, dispuso el año pasado, declarar el 8 de noviembre como “Día Institucional de la Defensa del Patrimonio Público Educativo”. En esa oportunidad se elaboró un documento de actualización de la situación del juicio y se realizó una marcha desde el Campus Universitario hasta la Plaza Independencia.

Un año después, el rector, Arturo Somoza; el vicerrector, Gustavo Kent; decanos; consejeros representantes de todos los claustros universitarios y secretarios del Rectorado, hicieron pública una declaración en defensa del patrimonio público educativo en el convencimiento de que lo público es de todos y entendiendo que su obligación indelegable es la defensa de su patrimonio, que implica además "la defensa de los intereses de toda la sociedad frente a la pretensión de avasallamiento por parte de sectores e intereses privados, que nada tienen en común con la educación pública, gratuita y democrática".

El presidente de la Comisión de Defensa del Patrimonio Público Educativo del Consejo, el vicerrector Gustavo Kent explicó el recorrido de la causa por los terrenos en litigio y la instancia judicial en la que se encuentra actualmente y se mostró confiado en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva el fondo de la cuestión favorablemente para la UNCuyo: “Somos optimistas de que se respete el derecho de la Universidad”.

Las autoridades dejaron claro que la UNCuyo seguirá transitando las instancias judiciales pertinentes para que se reconozcan sus derechos. “Con esta declaración estamos reivindicando la defensa de los terrenos de la Universidad”, aseguraron y Kent explicitó que “todos los claustros y la comunidad universitaria está comprometida en esta lucha” y garantizó que desde la actual gestión se dará “continuidad institucional en la defensa de lo que entendemos que nos es propio”.

Además, el Consejo Superior presentó la nueva integración de la comisión que hará el seguimiento de las acciones vinculadas al litigio. Está presidida por el vicerrector, Gustavo Kent y conformada por los decanos, Juan Carlos Aguiló y Jorge López; el consejero por los docentes, Mauro Aguirre; el graduado Laureano Heredia; los alumnos Emilia Molina, Griselda Quiroga, Gastón Malossi y Federico Caballero y los representantes por el personal de apoyo académico, Pablo Pereyra y Luis Gagliano.

Texto completo de la declaración en defensa del patrimonio público educativo

“El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo ratifica la obligación indelegable que le compete en defensa de su patrimonio, lo que significa, de hecho, la defensa de los intereses de toda la sociedad frente a la pretensión de avasallamiento por parte de sectores e intereses privados, que nada tienen en común con la educación pública, gratuita y democrática.

Manifiesta su  reconocimiento por el acompañamiento que tuvo esta Universidad  por parte de la sociedad mendocina toda, cuando se expresó públicamente en defensa de sus terrenos en el conflicto que sobre el particular se sostiene con Dalvian S.A.

Expresa su decisión de seguir bregando en las instancias judiciales pertinentes por el irrestricto reconocimiento de los derechos de esta Casa de Estudios y ratifica, hoy más que nunca, que no claudicará en hacerlos respetar  en el marco de la justicia, la movilización ciudadana y  la conciencia plena de saber que el bien común debe prevalecer, en todos los casos, sobre los intereses particulares”.

Antecedentes

La educación pública configura un derecho irrenunciable de nuestra sociedad. Como es de público conocimiento, la Universidad Nacional de Cuyo mantiene un litigio judicial con  Dalvian S.A. El demandante persigue, a través de un juicio por usucapión,  argumentando una supuesta posesión de más de veinte años, la propiedad de 32 hectáreas de la UNCuyo, las cuales se encuentran al oeste de la avenida Champagnat y hacia el norte del Centro de Deportes.

A lo largo de todos estos años, la UNCuyo ha defendido la legítima propiedad de estos terrenos, sosteniendo el dominio público y por ende imprescriptible de los mismos, afirmando con convicción que constituyen un invalorable escenario para el crecimiento y desarrollo estratégico de la Universidad y su proyecto educativo. En función de ello, ha solicitado la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; instancia donde aún hoy se encuentra el proceso.

La Corte Nacional debe resolver definitivamente sobre el fondo de la causa y ya ha aceptado formalmente todos los recursos ordinarios y extraordinarios interpuestos tanto por la UNCuyo como por el Estado Nacional.