Por Belén Faiozzo
Agencia Taller – Departamento de política
Los abogados querellantes en el caso de la situación carcelaria en Mendoza que controla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dr. Pablo Salinas y Dr. Alfredo Guevara Escayola, dirigieron sus observaciones del 3º y 4º informe del gobierno Argentino, a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los informes estatales presentados, dan constancia de la implementación de la Medidas Provisionales dictadas por el Tribunal de la Corte Interamericana, respecto de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Provincial de Mendoza y en la Unidad Penitenciaria Gustavo André. En el escrito de las observaciones complementarias de los abogados defensores, citan la investigación que llevó a cabo Agencia Taller en su nota del 20 de septiembre: Carceleros. Una mala historia que se repite como un aporte de la prensa mendocina que dio cuenta de los acontecimientos que se produjeron luego de los últimos motines en el penal de Mendoza, a fines del mes de julio y principios de agosto.
Del informe de Agencia Taller que anteriormente fue remitido por completo al Tribunal por los representantes, el 21 de septiembre de 2005, ahora citan declaraciones que realizaron para esa investigación los familiares de detenidos y ex internos.
“Todos fueron golpeados brutalmente. Uno está orinando sangre, tiene problemas en un riñón y otro tiene la muñeca quebrada. Algunos estaban tan golpeados que primero ni los querían bajar a la visita”, “los desnudaban en la noche, los sacaban, les pegaban con palos y les decían ¿quién manda acá? ¡Repitan, los penitenciarios!” y que “hicieron muchas ofensas a la raza humana (…) se los ultrajó con palos en el ano. En el último motín lo volvieron a hacer: les ponen gas paralizante en la cola y les introducen un palo”.
La presentación continúa “Actitudes del personal de seguridad como las descritas entrarían en conflicto evidente con toda obligación del Estado bajo la Convención Americana de Derechos Humanos (…) Las descripciones referidas, reflejan un estado de violencia y descontrol que es lejano a toda aspiración, meta y propósito que el Tribunal ha atribuido a este procedimiento”.
En la evaluación general que realizan afirman que “La continuación de los hechos de violencia e incidentes no aclarados, incluidas las muertes de Ricardo Videla y Sergio Sandes Aguirre, ocurridas con posterioridad a la adopción de la Resolución de Medidas Provisionales del 18 de junio de 2005, así como la continuada falta de seguridad y control, evidencian que el Estado argentino no ha dado cumplimiento satisfactorio a su obligación de prevenir los ataques contra la vida e integridad personal de los internos (…) y que no ha adoptado las medidas de seguridad indispensables para impedir nuevos incidentes violentos al interior de los recintos penitenciarios bajo protección”.
Los abogados demandantes
Pablo Salinas afirmó a Agencia Taller que “la Comisión Interamericana presenta el informe a la Corte donde dice que la situación del penal mendocino no ha mejorado, que la situación de falta de higiene y salubridad es deficiente, que la seguridad tampoco está garantizada porque han habido 4 muertes en plena vigencia de las medidas cautelares y las medidas provisionales. Entonces la gravedad y la urgencia continúan”.
“El Estado mendocino no ha dado cumplimiento con el Acuerdo de Asunción y tampoco con la Resolución del 18 de junio de la Corte Interamericana. El informe ordena mantener las medidas provisionales y cautelares y va en el mismo sentido de lo que sostiene el juez (Eduardo) Mathus, con sus constataciones intramuros, donde muestra las condiciones de insalubridad, de total falta de reeducación y resocialización” comentó el abogado en referencia a la posibilidad de que los internos puedan cumplir sus condenas en arresto domiciliario, planteada por el Juez de Ejecución Penal Eduardo Mathus.
Además reafirma que esta reinserción de los internos “solamente se va a poder mejorar si se cumple con parámetros internacionales, si se cumple con la Resolución de la Corte y con el Acuerdo de Asunción. Y si se hace caso omiso a las declaraciones de algunos miembros de la Comisión Bicameral de Seguridad, por ejemplo del Senador (Daniel) Cassia (PJ), que sostiene un discurso de mano dura que solo le sirve para ganar votos y donde desconoce totalmente la situación planteada a nivel internacional”.
“Ese discurso de mano dura nos va a llevar a una situación de mayor inseguridad para todos los mendocinos, porque si en la penitenciaría se logra la resocialización, que solo se va a lograr con un discurso humanista, va a ser más seguro porque va a disminuir el nivel de reincidencia” afirmó el Dr. Salinas.
Alfredo Guevara Escayola, coincidentemente resaltó que “en esta discusión pública que estaban rescatando los medios donde aparecía que la postura de (Eduardo) Mathus había logrado escandalizar a los miembros de la Comisión Bicameral de Seguridad, al gobernador, con esto de que las condenas se cumplen en la cárcel, que todo el planteo de Mathus estaba fuera de lugar y era casi un absurdo; quisimos plantear, que lo tanto expresa el juez, la de la CIDH y nosotros, es que las cárceles no pueden ser lugares donde se comentan violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos”.
Teniendo como antecedente acuerdos internacionales donde se coincidió en “convenciones contra la tortura, después de la primera Guerra Mundial, todos los países civilizados que en los lugares de detención hay ciertas prácticas que deben estar prohibidas y que no se pueden cometer” sostuvo a Agencia Taller el Dr. Guevara Escayola.
“Esto es la racionalidad del Derecho Internacional desde hace muchísimos años que escandaliza tanto a ciertos sectores de la clase dirigente mendocina que no están dispuestos a admitir que no se puede tener a los detenidos bajo cualquier tipo de condición. No se puede tener un campo de concentración, ni sostener alegremente, ‘hay que cumplir toda la condena en la cárcel y no importa cómo’ ”, sentenció el abogado.
Continuando con lo expresado informan en el escrito presentado que “el 5º informe del Estado no contiene una relación de acciones concretas destinadas a garantizar la protección de los internos, sino que detalla una serie de planes que el Gobierno Provincial ha diseñado y que se encuentran pendientes de ejecución para mejorar las condiciones de seguridad y disminuir los índices de violencia en la Penitenciaría”.
Y explica que “los factores que generan la situación de riesgo siguen siendo: la falta de separación de los presos por categorías, las deficientes condiciones de seguridad físicas y sanitarias, la insuficiencia de guardias penitenciarios y la falta de capacitación de los mismos”. Haciendo especial referencia en los dos amotinamientos ocurridos hacia finales de julio y principios de agosto”.
En las conclusiones se resalta que en la audiencia celebrada con participación de las partes, el 19 de octubre pasado, la CIDH reiteró la preocupación por las deficiencias aún presentes que siguen poniendo en riesgo a los internos. Y destacó que la situación actual requiere “la adopción de medidas urgentes e inmediatas. Desde que se otorgaron las medidas cautelares y posteriormente las provisionales, el Estado Argentino ha adquirido una serie de compromisos cuya ejecución ha sido deficiente”.
Y concluye: “la ausencia de cambios concretos y la reciente muerte de otro interno, demuestran que la seguridad de los centros penitenciarios no es la adecuada y que el cumplimiento de lo ordenado por la Corte necesariamente incluye una mejora inmediata en las condiciones de seguridad”.
La respuesta de Daniel Cassia
En comunicado de prensa, el Presidente del Bloque de Senadores del Partido Justicialista y Secretario de la Comisión Bicameral de Seguridad, Daniel Cassia, respondió a las declaraciones del Dr. Pablo Salinas sobre la posibilidad de que los internos puedan cumplir sus arrestos en sus domicilios.
“Lo mencionado por el Dr. (Pablo) Salinas no se sujeta a lo planteado en la ley 24.660, de ejecución penal, que habla de excarcelaciones domiciliarias solo para los casos de ancianos o enfermos terminales. Lo que se plantea con una resolución como la de (Eduardo) Mathus, no es aceptable dado que aquí se incluye a todos los detenidos que representan un atentado a la seguridad de los mendocinos. Si los presos se escapan con toda impunidad de la penitenciaría imagínense de los hogares particulares”.
Y diferenció: “yo defiendo los derechos de los agricultores, repartidores, docentes, trabajadores, los vecinos de Mendoza que son asaltados, golpeados, asesinados con total impunidad y no tienen un buffet de abogados de derecho humanista que los defienda”. “Con el Dr. Salinas defendemos derechos humanos distintos”, declaró Cassia.
