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Las consecuencias de la impunidad (2º Parte)

Agencia Taller presenta un informe especial sobre la situación actual de algunos represores y funcionarios de la última dictadura militar en Mendoza. ¿Qué rol cumplen hoy en la sociedad? ¿Por qué la justicia y la comunidad no los condenan? Estas son algunas de las preguntas que aún buscan respuesta.

Agencia Taller - Departamento de Política

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Juan Pablo Saá

“Las órdenes eran impartidas exclusivamente por mi; yo entendía en forma directa con el jefe de policía”, declaró en la justicia el 26 de mayo de 1987.

El General de Brigada retirado Juan Pablo Saá nació en San Luis en 1927. Ingresó al Ejército en 1945.

Desde el 1 de diciembre de 1977 fue Comandante de la 8va Brigada. Y luego, desde enero de 1978 y por un año, fue Subjefe de la zona 33 (Mendoza). Por lo tanto, responsable de los centros de detención que funcionaron en el Liceo Militar Gral. Espejo, Penitenciaría Provincial, Compañía de Telecomunicaciones 141, Campo de Los Andes, Delegación de la Policía Federal y de la Policía de San Luis.

A partir de enero de 1979 se desempeñó como Jefe de la Subzona 11 que comprendía 23 partidos de Buenos Aires.

Saá no fue beneficiado con la Ley de Obediencia Debida. Se lo juzgó por "supuesta autoría de delitos cometidos en la represión de la subversión", sin embargo, por la Ley de Punto Final, la Corte Suprema de Justicia lo desprocesó en 1988.

Imputado por 21 desapariciones, fue indultado en 1989 por el ex presidente Carlos Menem.

Saá declaró, aunque no dijo mucho, en los Juicios por la Verdad de marzo de 2001. Según las acusaciones  presentadas por los defensores de Familiares de Desaparecidos allí podían surgir pruebas que lo responsabilizaran por delitos como el secuestro, la apropiación y la sustitución de identidad de menores. Específicamente, por la desaparición de Gladys Castro de Domínguez, secuestrada en Godoy Cruz el 8 de diciembre de 1977, cuando tenía 6 meses de embarazo.

Más allá de la expectativa de los Familiares, el militar no tuvo que contestar preguntas comprometidas gracias a quien se había declarado su amigo personal, el presidente de la Cámara Federal Luis Francisco Miret.

Actualmente, Saá se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria procesado por ser partícipe en el llamado “Plan Cóndor”. Por orden del Juez Jorge Urso fue apresado en su domicilio de Perito Moreno 2847 de Godoy Cruz, el 13 de julio de 2004.

El “Plan Cóndor” consistió en una asociación represiva que formaron las dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. A estos países se sumaron Ecuador y Perú. Estuvo destinado a la eliminación física de todos integrantes de la denominada Coordinadora Revolucionaria, integrada por opositores políticos de América Latina.

Agencia Taller se contactó con la hija del ex General, quien por complicaciones personales, dejó pendiente la reunión con los periodistas para facilitar información con su versión de los hechos.

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