Por Departamento de Política
Agencia Taller
A pesar de terribles situaciones históricas que han marcado a nuestro país, como la hiperinflación y los sucesos de diciembre de 2001, ninguna superó la desolación que dejó el autoproclamado “Proceso de Reorganización Nacional”. Años donde las represiones, los miedos, las torturas y las desapariciones se hicieron costumbre.
Entonces, las Fuerzas Armadas iniciaron la llamada “guerra contra la subversión” y reprimieron salvajemente, sin ningún marco jurídico, a todos los considerados opositores. Desde el 24 de marzo de 1976 y hasta 1983 contaron con todo el poderío y la impunidad del Estado, dejando como saldo más de 30.000 personas desaparecidas.
La sociedad argentina jamás pudo recuperarse del maltrato moral y físico sufrido por ese abuso de poder. Durante aquellos años soportó la más grave tragedia de nuestra historia, como afirma en su informe “Nunca Más”, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
Frente a este panorama, sería justo entender que los responsables de la tragedia hubieran recibido su merecido castigo por parte de la justicia, además del repudio social correspondiente. Sin embargo, en Mendoza, existen represores, torturadores y cómplices que hoy se mezclan aprovechando la confusión social, ocupando importantes cargos públicos y privados.
“Estábamos en una lucha política que incluía la caída o la muerte. Creo, honestamente, que teníamos claro por qué estábamos ahí. Puede que no tuviésemos claro una línea política, pero sí una ideología”, explicó a Agencia Taller Fernando Rulé, ex militante montonero de Mendoza.
Rulé estuvo secuestrado en un centro clandestino y luego se transformó en un preso político durante los años de la dictadura.
Y prosiguió: “no teníamos conciencia de que la cosa iba a ser tan dolorosa, que la violencia iba a ser tan profunda y extendida. No había experiencias anteriores, no habíamos vivido una dictadura tan sangrienta. Con el método de la desaparición forzada de personas, era estar a su merced”.
La organización de la represión en Mendoza
Los altos jefes militares distribuyeron el poder reorganizando el país en zonas y subzonas, a los efectos de la “lucha contra la subversión”.
La región de Cuyo se denominaba Subzona 33, dentro de la Zona 3. Esta jurisdicción comprendía las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán.
Desde septiembre de 1975 hasta septiembre de 1979 el General Luciano Benjamín Menéndez fue Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, por lo tanto máxima autoridad de la Zona 3, que tenía sede en Córdoba.
El Comando de la Subzona 33 estaba a cargo de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, con asiento en Mendoza (Área 331) y jurisdicción sobre de San Juan (332) y San Luis (333).
Los Comandantes de la VIII Brigada fueron, el Gral. Jorge Alberto Maradona desde diciembre de 1975. Desde febrero de 1977 el Gral. Juan Pablo Saá. Y desde febrero de 1979 el Coronel Mario Ramón Lépori, sucedido, desde diciembre de 1980 por el Gral. Carlos Horacio Garay.
La jefatura de la Policía de Mendoza, estuvo a cargo del Vicecomodoro Julio César Santuccione, desde octubre de 1974 a diciembre de 1976. En declaraciones a la CONADEP, éste aclaró que mediante varios decretos del Poder Ejecutivo Nacional, se creó el Consejo de Seguridad Interna para dirigir la lucha contra la subversión. Y explicó que así se colocó bajo control operacional al personal policial y penitenciario de las provincias.
Reemplazó en el cargo a Santuccione, el Vicecomodoro Alcides Paris Francisca hasta febrero de 1979. Durante su gestión al frente de la Policía de Mendoza se desempeñaron como Jefes del Departamento Dos de Inteligencia (D2) los comisarios Pedro Dante Sánchez Camargo y Ricardo Benjamín Miranda Genaro.
Mendoza contó con instalaciones institucionales e informales para el depósito transitorio de detenidos. El intercambio se hizo por todas las áreas y subzonas. Además, dada la situación socio-política de Latinoamérica, en la que se sucedían las dictaduras en todos los países, el traslado de detenidos y desapariciones de personas nacionales o extranjeros, se amplió a los países limítrofes. Estas operaciones, se llevaron a cabo en lo que se llamó “Plan Cóndor”.
Los Centros Clandestinos de Detención (CCD)
Durante los años de la Dictadura, en Mendoza, funcionaron más de 10 Centros Clandestinos de Detención (CCD). En estos sitios se alojó a detenidos políticos, algunos fueron luego liberados o remitidos a la Penitenciaría provincial o de otras provincias, el resto, desaparecidos. En la mayoría de los casos, torturados.
En el denominado Palacio Policial, ubicado en calle Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo de la Ciudad de Mendoza, funcionó el Departamento 2 de Inteligencia (D2). Éste fue reconocido como el principal CCD de la provincia, ubicado en un entrepiso con un pasillo estrecho en el cual se enfrentan dos hileras de celdas. Una escalera comunica el D-2 con la central telefónica del edificio, a cuyo costado estaba la sala de torturas en el primer subsuelo, y en el segundo, al que se desciende en ascensor, se encontraba la otra sala de torturas.
Bajo el ámbito policial también estuvieron la Seccional de Policía N° 7 de Godoy Cruz (frente a la plaza departamental) y la Seccional Nº 25 de Guaymallén. Como todas las dependencias de la Policía de Mendoza, sirvieron para “reunión de detenidos” de paso entre un CCD y la Penitenciaría, o para su “depósito” previo a su traslado. Allí también se realizaron interrogatorios bajo tortura.
La Penitenciaría de Mendoza era una dependencia utilizada para la legalización (blanqueo) de algunos detenidos desaparecidos. Funcionó en numerosas oportunidades como centro de detención, en especial cuando lo dirigió el Comisario Naman García.
La Compañía de Comunicaciones de Montaña N° 8, ubicada en el interior de la VIII Brigada, también fue un CCD. Así como el Liceo Militar General Espejo (LMGE) ubicado en calle Boulogne Sur Mer.
El Chalecito, aún no descubierto, funcionó como centro clandestino antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Está ubicado en Panquehua, Las Heras. En tanto, el Refugio en Tunuyán, y el Refugio de Montaña en la zona de Campo de los Andes, también fueron reconocidos como centros de tortura y detención.
Del mismo modo, la Colonia Papagayos, fue un CCD utilizado por la Policía de Mendoza meses antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Varios testimonios ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados respaldan el macabro uso que se le dio.
Las dependencias de la IV Brigada Aérea también sirvieron como lugares de detención. Actualmente la justicia investiga la existencia del Campo Clandestino Las Lajas, que bajo el mando de la Fuerza Aérea, funcionó como lugar de detención y torturas. Allí estuvo el Profesor Mauricio López, un reconocido intelectual a nivel mundial.
Agencia Taller investigó algunos de los responsables o cómplices, al menos por omisión, de esta tragedia en la historia argentina. Se lograron muchos testimonios que sirvieron para armar el rompecabezas del funcionamiento del terrorismo de Estado en Mendoza. Más allá del punto final, la obediencia debida y los indultos, es preciso seguir identificando a los responsables, apelando a la memoria e imponiendo la condena social.
Eduardo Smaha Borzuk: Breve historia de un represor
“Smaha ha participado necesariamente en el secuestro y la desaparición de la mayoría de las personas que desaparecieron en Mendoza”, afirmó ante Agencia Taller Elba Morales, miembro del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza (MEDH).
El MEDH es uno de los organismos que lleva adelante las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar y también uno de los denunciantes en las 50 causas judiciales iniciadas hasta el momento.
Eduardo Smaha siguió una ascendente y “brillante” carrera en la Policía de Mendoza. Ingresó en 1963 y en 1974 pasó al Departamento Dos (D2, el servicio de inteligencia). Según la información publicada en la página web de la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S), estuvo en actividad hasta 1996 en la Escuela de Suboficiales.
Durante la Dictadura, su tarea era de enlace entre el Departamento Dos de la Policía de Mendoza (D2) y la autoridad militar. Trabajaba con el Departamento 162 de Inteligencia del Ejército, el Comando de Operaciones Táctico (C.O.T.) y el Jefe de la Policía, según lo explicó Pedro Sánchez Camargo, superior de Smaha en el D2, en su declaración indagatoria ante la justicia.
Elba Morales agregó: “Él era considerado un hombre muy duro, tenía la práctica de fusilar a las personas que iban a aprehender, los barría. Está mencionado como integrante del comando que mata a Ana Morales en la iglesia de Fátima y quien fusila a Osvaldo Morales en su domicilio”.
Antes de la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Smaha fue citado por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza a prestar declaración indagatoria. La justicia lo imputó por la desaparición de los militantes Jorge Vargas Álvarez, José Antonio Rossi y Alicia Cora Raboy. Además de apremios y torturas cometidos contra otros militantes políticos.
También le fue atribuido el secuestro de Pablo Seydell, Marta Agüero y los asesinatos de Francisco Urondo, Héctor Brizuela y Alberto Molina.
La defensa de Smaha presentó un pedido de sobreseimiento bajo el argumento de que se había extinguido la acción penal. La justicia lo rechazó. El 18 de junio de 1987, en virtud de la ley de Obediencia Debida, la Cámara dejó sin efecto el llamado a declaración indagatoria.
Fernando Rulé estuvo secuestrado en el D2 en febrero de 1976. Consultado por Agencia Taller explicó en qué circunstancias conoció a Smaha: “Yo sé que se llama Smaha cuando vuelvo a Mendoza, en el ’83. Se hablaba de él como “el porteño”. En la cárcel coincidió que muchos habíamos sido interrogados y torturados por un tipo que hablaba igual. Entre la oficialidad esta bien visto hablar con la voz impostada, marcando las erres y usando el lunfardo. Es muy probable que Sánchez Camargo hablara igual”.
Rulé permaneció vendado durante todo su cautiverio en el D2, pero señaló estar casi seguro de haber sido interrogado por Smaha, quien en una oportunidad durante un interrogatorio fumaba y mientras las preguntas y la tortura avanzaban, le tiraba las cenizas en el pecho y con el agua caliente de la pava con la que tomaba mates, lo “lavaba”.
A modo de conclusión, Elba Morales sostuvo que Smaha “es una persona que tiene en sus manos la mayor parte de la información de lo que pasó en Mendoza, de manera que se tratará de que un juez dispuesto a averiguar la verdad lo interrogue y se establezcan sus responsabilidades”.
Actualmente, Eduardo Smaha es Subdirector Técnico de la agencia de Seguridad Privada Aconcagua SRL. La empresa fue habilitada el 13 de julio de 1999 según una resolución del entonces Ministro de Seguridad Alejandro Cazabán.
Dicha habilitación, en el caso de las agencias de seguridad que operan en la provincia de Mendoza, es otorgada por el Registro Provincial de Empresas Privadas de Vigilancia (REPRIV), órgano que las regula a nivel provincial y depende del Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza.
Aconcagua está ubicada en la calle Monseñor Verdaguer 328 de Ciudad y según datos oficiales del Registro Provincial de Armas (REPAR) y REPRIV, cuenta con 101 efectivos declarados. La empresa está inscripta como “usuarios de armas colectivo” y cuenta con 20 objetivos, o sea, lugares donde presta servicios. Entre esos sitios se encuentran los anexos del Casino en Rivadavia, Malargüe, San Martín, Club Mendoza de Regatas, cuatro sucursales del Banco Nación, Multirepuestos, las Universidades Champagnat y San Francisco, y la aseguradora MAPFRE.
José Cortéz, titular del REPRIV y del REPAR explicó que los responsables de una empresa de vigilancia y seguridad tienen que presentar un certificado de buena conducta en el que conste que no tienen antecedentes de condenas penales o procesos pendientes por delito doloso. Entre otros, estos son los requisitos de la ley N° 6.441.
Agregó que pueden ser directores de una agencia aquellos a quienes la ley considera idóneos; o sea licenciados o especialistas en seguridad con título habilitante y los que se hayan desempeñado en cargos directivos en empresas de seguridad e investigaciones privadas por un lapso de diez años.
También es requisito el cumplimiento de cinco años de servicios prestados en fuerzas armadas, de seguridad o policiales como personal superior, o por un lapso de diez años como personal subalterno.
Si bien Cortéz especificó que las personas “que hayan sido condenados o estén procesados en la Justicia por delitos contra los derechos humanos, no pueden dirigir o ser propietarios de una empresa de seguridad; como tampoco aquellos que hayan recibido el indulto, por que no podrían presentar el certificado de antecedentes limpio”, esto no se cumple en el caso de Smaha.
Cortéz añadió que “en el caso de aquellas personas que no estén procesados, lamentablemente aunque consten denuncias en organismos de derechos humanos, no existe la imposibilidad administrativa de que ejerzan el cargo”.
Esto le permite a represores como Eduardo Smaha ser hoy conductores de agencias de “seguridad”. En nuestro país, por la vigencia de las denominadas leyes de impunidad, “El Ruso” nunca pudo ser juzgado, hasta ahora.
Agencia Taller se comunicó con “Seguridad Aconcagua” para entrevistar a Eduardo Smaha, pero no pudo ser consultado ya que, según dijo el operador de turno, estaba de viaje fuera de la provincia.
Juan Pablo Saá
“Las órdenes eran impartidas exclusivamente por mi; yo entendía en forma directa con el jefe de policía”, declaró en la justicia el 26 de mayo de 1987.
El General de Brigada retirado Juan Pablo Saá nació en San Luis en 1927. Ingresó al Ejército en 1945.
Desde el 1 de diciembre de 1977 fue Comandante de la 8va Brigada. Y luego, desde enero de 1978 y por un año, fue Subjefe de la zona 33 (Mendoza). Por lo tanto, responsable de los centros de detención que funcionaron en el Liceo Militar Gral. Espejo, Penitenciaría Provincial, Compañía de Telecomunicaciones 141, Campo de Los Andes, Delegación de la Policía Federal y de la Policía de San Luis.
A partir de enero de 1979 se desempeñó como Jefe de la Subzona 11 que comprendía 23 partidos de Buenos Aires.
Saá no fue beneficiado con la Ley de Obediencia Debida. Se lo juzgó por "supuesta autoría de delitos cometidos en la represión de la subversión", sin embargo, por la Ley de Punto Final, la Corte Suprema de Justicia lo desprocesó en 1988.
Imputado por 21 desapariciones, fue indultado en 1989 por el ex presidente Carlos Menem.
Saá declaró, aunque no dijo mucho, en los Juicios por la Verdad de marzo de 2001. Según las acusaciones presentadas por los defensores de Familiares de Desaparecidos allí podían surgir pruebas que lo responsabilizaran por delitos como el secuestro, la apropiación y la sustitución de identidad de menores. Específicamente, por la desaparición de Gladys Castro de Domínguez, secuestrada en Godoy Cruz el 8 de diciembre de 1977, cuando tenía 6 meses de embarazo.
Más allá de la expectativa de los Familiares, el militar no tuvo que contestar preguntas comprometidas gracias a quien se había declarado su amigo personal, el presidente de la Cámara Federal Luis Francisco Miret.
Actualmente, Saá se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria procesado por ser partícipe en el llamado “Plan Cóndor”. Por orden del Juez Jorge Urso fue apresado en su domicilio de Perito Moreno 2847 de Godoy Cruz, el 13 de julio de 2004.
El “Plan Cóndor” consistió en una asociación represiva que formaron las dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. A estos países se sumaron Ecuador y Perú. Estuvo destinado a la eliminación física de todos integrantes de la denominada Coordinadora Revolucionaria, integrada por opositores políticos de América Latina.
Agencia Taller se contactó con la hija del ex General, quien por complicaciones personales, dejó pendiente la reunión con los periodistas para facilitar información con su versión de los hechos.
Luis Francisco Miret
“Íbamos a los juzgados pensando que los jueces federales nos iban a apoyar. Después nos dimos cuenta de que era más de lo mismo”, declaró Haydeé Suárez, madre de Virginia Adela Suárez, desaparecida el 13 de mayo de 1976.
El abogado Luis Francisco Miret fue designado Fiscal de la Cámara de Apelaciones de Mendoza durante los años de la dictadura. En ese entonces, tanto los fiscales como los jueces debieron dar juramento ante el Estatuto de Reorganización Nacional de la dictadura.
Haydeé Suárez explicó esa falta de acción constitucional: “de los primeros hábeas corpus que se presentaron nos contestaban que no tenían registrado en la justicia detenciones, luego empezamos a reunirnos las madres y a ir a la legislatura, hacíamos presentaciones y no teníamos respuestas”.
Por su parte, Pablo Salinas, uno de los abogados defensores de los Familiares de Desaparecidos en Mendoza, agregó que “hay fallos donde ellos (por los jueces federales) declaran la inconstitucionalidad de una norma por oponerse al Estatuto o al Acta del Proceso Militar”.
Roberto Vélez, en su libro Represión en la UNCuyo, afirma sobre Miret que “no estaría demás releer sus fallos de aquella época. La sola lectura demostrará no estar solo frente a un impotente. También a un cómplice”.
En 1987, Miret se abstuvo de participar en un juicio por la desaparición de Daniel Romero (secuestrado en Guaymallén el 24 de mayo de 1978), donde se llamó a declarar al represor Juan Pablo Saá.
En la excusación el, por entonces, Presidente de la Cámara de Apelaciones sostuvo: “mantengo amistad con el nombrado (Saá) desde que en 1973/1974 fui Procurador Fiscal Federal en San Luis. Tuvimos estrecho trato social visitándonos mutuamente, con trato familiar”. Y finaliza: “paréceme obvio que no puedo tener de aquí en adelante la objetividad necesaria para intervenir en el juzgamiento de la participación que pudiera atribuírsele en delitos a mi amigo el General Juan Saá”.
A pesar de tal declaración, 14 años después el mismo Miret interrogó a Saá durante las investigaciones para conocer la verdad del destino final de los desaparecidos durante la Dictadura.
Y por eso, los abogados presentaron la recusación a la misma Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, donde fue rechazada. Luego elevaron el pedido a la Cámara Nacional de Casación Penal, instancia superior, donde nuevamente fue impugnado el recurso de queja, argumentando entre otras causas, que los Juicios por la Verdad sólo tenían importancia en el conocimiento de datos e información y no en procesar a las personas que fueran llamadas a prestar declaración.
Ante tal situación, los abogados defensores se dirigieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación refutando que a pesar de tal objeto, cualquier juicio debe responder a los principios de garantía de la doble instancia e imparcialidad. “Toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal independiente e imparcial con las debidas garantías”, argumentaron.
En Mayo de 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró procedente el recurso extraordinario planteado por la recusación de Miret, íntimo amigo de Juan Pablo Saá y anuló la sentencia solicitada, ordenando que volvieran los expedientes al tribunal de origen.
En la actualidad, Miret es profesor de la materia Filosofía Jurídica de 5º año de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho en la UNCuyo. Además, la materia Introducción al Derecho de 1º año cuenta, entre su bibliografía, con un libro homónimo, de su autoría.
La Rectora de la UNCuyo, María Victoria Gómez de Erice, fue consultada sobre la participación de Miret como docente universitario. Ella aclaró: “el hecho de que él haya subsistido como juez no quiere decir de ninguna manera que él tenga algo que ver”.
“Tengo conocimiento de todos y cada uno de los familiares de desaparecidos y los juicios que se hicieron en Mendoza, y jamás escuché el nombre de Miret como alguien que hubiese consentido o apoyado esto. Yo no quiero que se le haga a nadie lo que nos hicieron a nosotros”, finalizó.
Desde la reinstauración de la democracia, Luis Miret fue Juez Federal y Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, desde donde presidió los Juicios por la Verdad en 2001. Y aún hoy es miembro de esa Cámara.
Al momento de ser contactado por Agencia Taller, se encontraba de licencia, fuera del país.
Pedro Santos Martínez
"A Dios rogando y con el mazo dando", dijo Pedro Santos Martínez en su pronunciamiento el día que asumió como Rector de la Universidad Nacional de Cuyo, según relata Roberto Vélez en su citado libro.
Martínez dejaba en claro de esa manera cuál era su perfil ideológico al momento de tomar el mando universitario.
Se desempeñó en ese cargo desde el 15 de septiembre de 1976 hasta el 20 de mayo de 1981, mientras en la provincia se sucedían los secuestros y desapariciones de estudiantes.
Aunque se le atribuyen 238 suspensiones de alumnos y cesantías docentes, Santos Martínez ha manifestado en reiteradas oportunidades que sólo se limitó a cumplir con su función académica en ese delicado período.
Entrevistado por Agencia Taller, el historiador sostuvo que no sancionó a nadie, ni dejó cesante a ningún docente. También negó haber participado en la quema de libros y en la modificación de programas de estudio. Aclaró que no podía contradecir las decisiones tomadas por la Junta Militar. Y se justificó diciendo que las sanciones y cesantías fueron concretadas por el Comodoro Ruiz, su antecesor inmediato en el cargo.
Martínez considera que la Universidad, los días previos al golpe, fue “invadida” por Montoneros y sindicalistas, por esto profesores y alumnos se sentían en riesgo. Dijo que ya en el rectorado recibió presiones de grupos “subversivos” e inclusive le colocaron una bomba en el auto de su esposa.
Durante el diálogo que mantuvo con Agencia Taller, demostró que es un hombre de ideas conservadoras y ligado a la Iglesia Católica.
“Me siento discriminado por las acusaciones que obstinadamente se repiten con aviesas intenciones. Si alguien presenta cargos contra mí, debe hacerlo con pruebas debidamente autenticadas. Toda persona rectamente dispuesta, coincidirá con mi justa exigencia”, sostuvo.
Cuando se lo consulta sobre su apoyo con la Junta Militar o sobre una tácita complicidad en la etapa más cuestionada de la historia nacional, Martínez responde con un discurso preparado.
Actualmente, pese a estar jubilado, se desempeña como director de la Junta de Estudios Históricos, ubicada en la calle Montevideo 555 de Ciudad. El organismo encargado de recopilar la historia de Mendoza que, bajo su punto de vista, leerán las futuras generaciones.
Jorge Bajuk Radej
“Nosotros certificábamos los golpes, pero uno no sabía si (al detenido) lo traían de una comisaría, si eran del D2 o de donde lo traían”, respondió a Agencia Taller el médico Jorge Bajuk.
Bajuk es médico cirujano recibido en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo en 1968.Ingresó a la Policía como Agente Personal Subalterno en enero de 1975, desempeñándose como médico de guardia en Sanidad Policial. Mantuvo ese cargo 6 meses y luego fue ascendido a Oficial Inspector Cuerpo Profesional.
Sanidad Policial estaba ubicada en el edificio del Palacio Policial, a metros de donde funcionaba el centro clandestino conocido como D2, por donde pasaron más de 300 personas en calidad de detenidos secuestrados.
De esas personas, algunas fallecieron como consecuencia de las torturas recibidas y otras, más 20, desaparecieron.
Pedro Dante Sánchez Camargo, comisario y jefe del D2, explicó ante la Cámara Federal de Mendoza que por orden del Comando de Operaciones Tácticas (C.O.T.), los calabozos del Palacio Policial se utilizaron “para mantención de arrestados o detenidos”.
"Los calabozos estaban con llaves y dentro del lugar donde estaban las celdas había una persona que era reemplazada cada 3 horas. Estos detenidos tenían asistencia médica y espiritual”, señaló en la justicia.
“Eran tres los médicos del Departamento de Sanidad de la Policía que trabajaban en el D2”, contó Sánchez Camargo. Sin embargo, una nómina presentada por la propia Policía de Mendoza a la Justicia Federal indica que eran 12 los profesionales que trabajaban allí. Uno de ellos, el Dr. Jorge Bajuk Radej.
Los ex secuestrados que pasaron por ese centro clandestino afirman que alguien los revisaba periódicamente y que siempre había un médico presente en las sesiones de tortura.
A pesar de eso, y por estar encapuchados, las víctimas sólo pudieron reconocer a uno de los médicos. Se trata del doctor Rafael Stipech, otorrinolaringólogo; quien asistió a un detenido después de que le practicaran un método de tortura conocido como “el teléfono”.
De todas las personas mencionadas en este informe, sólo uno pudo ser ubicado. Esta es la entrevista al médico Jorge Bajuk.
- Dr. Jorge Bajuk, ¿cómo era la organización de Sanidad Policial?
- Había 6 médicos que estaban de guardia 24 horas. Pero no internos en la policía sino que atendíamos en el consultorio en la mañana y en la tarde hacíamos los llamados a domicilio, los informes. En la noche, si éramos requeridos por la autoridad policial o por algún juez o fiscal por algún accidente, riña o paciente grave teníamos que concurrir al lugar de los hechos o al hospital donde estuviera, por orden de ellos y nada más.
Al ser consultado por Agencia Taller sobre si alguna vez atendió a un detenido político contestó: “Yo he atendido detenidos, cuando los traían no nos decían éste es “detenido político” o éste es reo común”, dijo.
Y agregó “el concepto que nosotros teníamos en el ´75 era que el D2 era el servicio de informaciones de la policía, así como el ejército tenía la SIDE, la aeronáutica tenía la SIA. Ni ellos se metían con nosotros, ni nosotros nos metíamos con ellos. Sabíamos que en el D2 tenían calabozos y, seguramente, no estaban vacíos, pero no teníamos relación con eso”.
- ¿Era una situación complicada trabajar en Sanidad Policial?
- Llegó un momento en que si era complicado, incluso a la ambulancia en la cual nosotros nos movíamos le borraron la insignia; la pintaron para que no pareciera de la Policía. Acuérdese también que hubo asesinatos de policías y demás, entonces era riesgoso andar en esa ambulancia.
- 76, 77 y 78 fueron los años más complicados que se vivieron en el Palacio Policial, por ser la sede del D2 ¿alguna vez le tocó atender a alguna persona torturada?
- Nunca. Uno no preguntaba por qué estaba detenido, no teníamos diálogo, pero a mí nunca me tocó ningún encapuchado.
- ¿Nunca?
- Que me hayan dicho éste vino del D2, nunca.
- ¿En algún momento le tocó atender a alguna persona golpeada?
- Y si, nosotros certificábamos los golpes, pero uno no sabía si lo traían de una comisaría, si eran del D2, o de donde lo traían.
- Usted recibía a alguien, y ¿no preguntaba de dónde venía?
- Lo acompañaba tal persona, y eso estaba en los informes, se ponía en el libro.
- Con el tiempo, ¿usted empezó a conocer que esto pasaba ahí, en el D2?
- De hecho como lo conoció toda la población. Y como otros lugares de detención.
- ¿El D2 estaba a 40 o 30 metros de Sanidad Policial?
- ¿Usted conoce el Palacio Policial? Estábamos muy alejados y, además, había todo un hall de entrada donde había público.
- ¿En ningún momento sospechó que ahí había escenas de tortura?
- Como sospechar, todo el mundo sospechaba, si ese era un lugar vedado. Nosotros tampoco andábamos por el Palacio Policial por donde quisiéramos, teníamos nuestro consultorio y entrábamos y salíamos por la parte del público.
- Si usted hubiera atendido a alguien encapuchado, como declaró otro doctor (Ibrahim Prieto) ¿hubiera declarado después, una vez llegada la democracia?
- Que yo he visto a un torturado, sí, lo hubiera declarado si lo hubiera visto. No tendría ningún inconveniente hoy día en decirlo, en absoluto. Además, le voy a dar tres razones por las cuales yo no podría de ninguna manera presenciar o justificar alguna cosa de este tipo. Una por mi cuna: yo soy inmigrante, soy hijo de inmigrante político que escapó por amor a la vida y a la libertad. Segundo: porque estudié medicina, no puedo estudiar medicina para después avalar la muerte, la tortura, el sufrimiento. Y tercero: por mis convicciones religiosas, soy católico y práctico, si eso les sirve de algo.
- En las sesiones de tortura, los detenidos que han declarado, afirman que había una persona con un estetoscopio, auscultándolos.
- (Interrumpe) No le niego que eso haya pasado y no puedo decirle que ninguno de mis compañeros de guardia lo hacía, no sé, creo que no. Jamás se hizo un comentario sobre esto, ni tampoco teníamos ningún pacto ni nada. De que las torturas existían, hoy día el que diga que no existían ha vivido en otro mundo. No puedo decir que no había médicos presentes porque yo no he participado, no he estado.
Agencia Taller accedió a los apuntes de Carlos Venier, abogado de la causa realizada por la muerte, en el D2, de Miguel Ángel Gil.
En esa investigación, se citó a declarar a Bajuk quien afirmó que “los calabozos se limpiaban todos los días”. Y que “las conclusiones de la necropsia (de Miguel Ángel Gil) eran razonables”.
Consultado sobre este punto, el médico respondió: “Ni me acuerdo del caso Gil, ni de que yo haya declarado en ningún lado”.
Actualmente, Jorge Bajuk es Presidente del Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (DAMSU) de la Universidad Nacional de Cuyo.
Consultada sobre esto, María Victoria Gómez de Erice, Rectora de la UNCuyo, explicó que llamó al médico cuando se conoció que había trabajado en un centro clandestino.
“De manera bastante conmovedora, me aseguró que no había tenido absolutamente nada que ver en el D2”, sostuvo. Y agregó “Yo también pregunté a gente amiga mía que estuvo en el D2 y me dijo que jamás lo vio, ni sintió que el Dr. Bajuk estuviera interviniendo. Lo que pasa es que estar en un lugar no significa que uno intervenga, en eso hay que tener cuidado”.
Gómez de Erice concluyó: “Si alguna persona tiene una acusación y le consta, que lo presente por escrito y haremos la averiguación, pero lo que yo sé hasta hoy es que no participó”.
Buscando razones y explicaciones
“En esta etapa faltó la sanción social que solamente se logra cuando en el imaginario colectivo se han instalado los principios básicos. Esto no sucedió porque no teníamos una sociedad democrática respetuosa de los derechos. Y hasta hoy no está bien informada para establecer juicios equilibrados”, explicó a Agencia Taller Norma Fóscolo, profesora de la cátedra de Filosofía Social y Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
La profesional sostuvo que entonces muchos factores psicológicos y sociológicos entraron en juego.
Asimismo, Carmelo Cortese, sociólogo y profesor de la misma facultad, afirmó: “Hay que ver quiénes escriben la historia y porqué esto no forma parte de los programas de estudio”.
Ambos estudiosos, sostuvieron sin embargo que la falta de repudio social a los responsables y cómplices del genocidio no es consecuencia de un pacto de silencio. “Se tomó conciencia pero se evita hablar de ello porque el imaginario colectivo nunca ponderó suficientemente el valor de esa pérdida”, analizaron.
“El funcionamiento de las instituciones y la justicia en nuestro país deja muchas causas pendientes porque estamos en una democracia en la que todo vale”, finalizó Fóscolo.
Bibliografía:
Roberto Vélez, “La Represión en la UNCuyo”, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo, Mendoza, Argentina, 1999.
Fuentes:
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza (MEDH)
Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza.
www.nuncamas.org
www.hijosmza.com.ar
www.derechos.org/nizkor
www.lafogata.org
www.losandes.com.ar
www.pagina12.com.ar
