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Las políticas de ajuste gozan de buena salud

La Ley de Responsabilidad Fiscal, exigida por el FMI al gobierno argentino, llega a los municipios. En Mendoza, el poder económico concentrado presiona para su aprobación legislativa. Incluso, uno de los proyectos redactados en tal sentido lleva la firma del Consejo Empresario Mendocino.

29 de abril de 2005, 16:13.

Los intendentes municipales de Mendoza se reunieron el viernes 23 en el Foro de Intendentes, realizado en Rivadavia, para analizar las distintas alternativas de una futura Ley de Responsabilidad Fiscal provincial. Es un compromiso más de la dirigencia política con el empresariado local concentrado en el C.E.M. (Consejo Empresario Mendocino), quién acostumbra diseñar las políticas estratégicas de la provincia, algunas de ellas plasmadas en lo que se conoce como la “agenda de los mendocinos”

El economista Daniel Garro, afecto a las políticas de ajuste fiscal,  señaló a Agencia Taller cuáles son los puntos a tener en cuenta acerca de la posibilidad de que se sancione esta ley en Mendoza.

“Desde el punto de vista institucional no necesitamos una ley de responsabilidad fiscal, ya que para eso existe la Constitución Nacional. Vuelvan a leer el Sistema Rentístico de Alberti, donde señala que el gobierno no puede aumentar los gastos.”

Si  bien el economista no está de acuerdo con esta ley, aclaró que “desde el año pasado ya había consenso en la Legislatura para aprobarla, siendo la misma un paso adelante para prohibirle a los gobiernos más endeudamiento, y, desde el punto de vista conceptual, es muy bueno que le pongan límites legales para que los gobiernos de turno no terminen en las crisis que ya hemos vivido”.

La intención de los jefes comunales es estudiar los tres proyectos que están desde hace meses en la Legislatura (uno fue redactado por el C.E.M., otro por el justicialismo y el tercero por el radicalismo). Así, se les pone a los municipios un tope para manejar las finanzas públicas.

El C.E.M., como en otras ocasiones, puso este tema en la mesa de discusión de los partidos. Además, según Garro, la demora de la aprobación de la ley se debe a que el proyecto del empresariado tiene límites fuertes que los intendentes no quieren aceptar ya que eso les generaría restringirse en los gastos. Finalmente el economista concluyó en que “la Constitución Nacional no se está respetando desde el punto de vista fiscal.”

 

Soledad Silione

Soledadsilione@hotmail.com

Departamento Política

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