Por Karen Yusef
Departamento Cultura
La ley 14597, Estatuto Profesional del Ejecutante Musical, pretende transformar la situación de los músicos: de trabajadores de oficio a verdaderos trabajadores profesionales, reconocidos por el sistema legal.
La puesta en práctica de esta ley exige la existencia de un contrato laboral que permita prefijar condiciones de trabajo. Se trata de evitar, de esta manera, la explotación del músico sometido, en varias ocasiones, a jornadas de trabajo interminables, condiciones indignas y hasta la exigencia de “pagar para tocar”. Así, se pretende permitirle al músico establecer, en forma conjunta con el dueño del local, su cachet.
La reglamentación legal llegó en mayo de 2005 y constituye una herramienta fundamental para la eliminación del trabajo no registrado y permite el acceso a todos los trabajadores de la música a una cobertura de salud para él y su familia. Además, establece regímenes de accidentes de trabajo, de protección para la vejez y también tratamiento impositivo y tributario, lo que permitiría llegar a una jubilación digna.
Pero nada es tan simple como parece. Aunque esta ley instaure, por primera vez, una reglamentación legal en el quehacer musical, es necesario tener en cuenta el contexto en el que nació para dar cuenta de lo compleja que resulta su aplicación en la actualidad.
El Estatuto Profesional del Ejecutante Musical fue sancionado el 20 de septiembre de 1958. El entorno social por estos años era completamente distinto, todos los eventos eran animados con músicos en vivo, y además las condiciones políticas propiciaban, desde el Estado, una protección para músicos.
Las políticas culturales vigentes en aquella época promovían la inclusión del Estado en la cultura, iniciativa que estuvo asociada a regímenes desarrollistas, que impulsaron un crecimiento autónomo y una redistribución de la riqueza.
Casi cinco décadas después se transformaron los escenarios y los actores. La música en vivo quedó atrapada en cintas de grabación, que reemplazarían la presencia de los músicos en confiterías, cines, restaurantes, teatros, bares y bailes.
Pero la diferencia fundamental entre el pasado y el presente radica en una ausencia de políticas culturales, que en la actualidad implica la participación en conjunto de diversos actores. A los músicos y al Estado se suma, ahora, una nueva figura: el sector privado.
A propósito de la iniciativa privada en el funcionamiento de la ley, Miguel Calderón, funcionario de la Subsecretaría de Cultura afirmó a ATPA: “Necesitamos que el empresariado mendocino también apueste a la cultura para que los músicos se vean beneficiados, más allá de los fondos de coparticipación de desarrollo sociocultural que este Ministerio está impulsando. Nosotros necesitamos que intervenga la empresa privada y el acercamiento de los músicos, para que su ley se ajuste, se desarrolle.”
Mientras tanto, el sector privado apela a un “hacemos lo que podemos”, como las propias palabras de Lola, encargada de las Relaciones Públicas del bar Los Angelitos, lo demuestran: “No hay una verdadera campaña para impulsar la ley, no se da a conocer, ni el gobierno ni los músicos te hacen llegar la ley. Tampoco el gobierno pone un ente regulador para ver si se lleva adelante la ley o no.”
Al escuchar estas declaraciones podemos pensar que estamos hablando de un juego donde se hace “pasar la pelota” al lado contrario. Pero en estas idas y vueltas los que una vez más llevan las de perder son los llamados “Ejecutantes Musicales”, que día a día se enfrentan a las dificultades de no ser reconocidos socialmente como profesionales.
Raúl Samarián, músico y representante del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos (MIMM), se refiere a esto al ser consultado por ATPA: “Es muy difícil poder vivir de la música hoy en estas condiciones, en la medida en que no se modifiquen algunas pautas o no se construyan políticas culturales claras, en donde el músico pueda desarrollar su actividad como profesional, para poder conseguir el sustento diario, poder vivir como cualquier persona, poder pagar la luz, el pan, comprar un remedio.”
La ley, reglamentada recientemente luego de décadas, aún no se cumple. Subyace la falta de decisión política para impulsar su efectivo cumplimiento. Los músicos no escapan a lo sucedido con la legislación laboral en general que, flexibilización mediante, hace retroceder las conquistas sociales alcanzadas durante décadas de lucha.
