El rector Daniel Pizzi y el secretario de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales y Administración, Víctor Ibáñez explicaron el alcance de la decisión del juez federal Leopoldo Rago Gallo que le permite a la UNCuyo recuperar alrededor de 6 hectáreas que se suman a las 6 que ya consiguió en 2015.

La Justicia Federal falló nuevamente a favor de la UNCuyo en el litigio por los terrenos en disputa con la sucesión de Alfredo Vila. De esta manera restituye más de 12 hectáreas -la mejor propuesta que se deriva de las tareas de todos los peritos agrimensores intervinientes- para el patrimonio público y, según reza el fallo en cuestión, solicita "anotar en el Registro de la Propiedad Inmueble la porción de tierra cuya devolución se ordenó a nombre de la demandada" (la UNCuyo).

En ese contexto, Pizzi explicó que la recuperación de esos terrenos es “fruto de un trabajo hecho con mucha prolijidad” y de “saber esperar y respetar la respuesta de la justicia”.  

Además remarcó la actitud perseverante de todo el gobierno universitario –ejecutivo del rectorado y también el Consejo Superior-, para tender al ejercicio transparente de la gestión en un ambiente democrático, con participación plena y plural, y a la defensa del bien público. “Desde el momento de la sentencia de la Suprema Corte, lo que siempre hemos tenido claro como Universidad es la defensa de los bienes del Estado” aseguró Pizzi.   

El ingeniero agrónomo recordó, además, que estas parcelas vuelven a manos de la comunidad universitaria después de 30 años de disputa legal. Al tiempo que señaló que en términos de la estrategia de expansión de la Casa de Estudios “la posibilidad de tener nuevos espacios para hacer crecer la Universidad en función de las demandas nos viene muy bien”.

Por su parte, el secretario de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales y Administración, Víctor Ibáñez, ofreció una síntesis de un proceso que llevó prácticamente casi 30 años, y que no inició la Universidad, sino Alfredo Vila al pedir un título supletorio sobre lo que hoy se conoce como polígono de tiro. El final de este proceso fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en setiembre de 2012, que determinó que esa superficie es dominio público y por ende nadie puede prescribir sobre éste. “En definitiva el fallo significa un éxito para la Universidad” señaló.

De acuerdo al Secretario restaba la ejecución de la sentencia y por ello la actual gestión decidió, primero, avanzar sobre la posesión de las primeras 6 hectáreas -que obtuvo en 2015- y, luego, lograr la designación de un perito para determinar la superficie y definir por dónde pasan los límites. En función de esas pericias, el juez Rago Gallo ordenó la restitución de las 6 hectáreas. “Esta es una ejecución de un proceso culminado en la más alta instancia judicial de la República Argentina: la Corte Suprema” concluyó Ibáñez.