La firma de un acuerdo específico establece el destino, condiciones de uso y disposición de la infraestructura penitenciaria donde la UNCuyo realiza actualmente las actividades del Programa. De esta manera la Casa de Estudios reafirma su compromiso social y continúa ofreciendo contención a más de 100 personas privadas de su libertad que eligieron el estudio de una carrera universitaria como un modo de superarse y una forma de reinsertarse socialmente.

“Esto es un paso más para el Programa de Educación en Contexto de Encierro que la Universidad viene desarrollando hace muchos años”, explicó el vicerrector, José Rodríguez. Señaló, además, que esa actividad ofrece la posibilidad a aquellas personas que están privadas de su libertad de “poder seguir estudios universitarios en algunas de las carreras de la UNCuyo”. 

Rodríguez mencionó que a través del tiempo “la demanda de algunos de los penados ha sido importante y la infraestructura que teníamos -que con mucha gratitud la ofreció el servicio penitenciario de la Provincia- quedó muy pequeña”. 

Desde esa mirada el Vicerrector de la UNCuyo resaltó que ese fue el motivo por el que se pidió una ampliación y que hoy se cuenta con un nuevo bloque de aulas, que se suman a las anteriores. “Estas aulas no son de uso exclusivo de la Institución sino que es para todo el servicio educativo en general”, aclaró el funcionario.

En relación al Programa José Rodríguez recordó que “la UNCuyo ofrece aproximadamente unas 13 carreras y cuenta con una matrícula por encima de los 100 alumnos”.  En esa instancia destacó que “hay pocos ejemplos en el País de este tipo de programas de Educación en Contexto de Encierro donde la educación llega como un brazo articulador académico a los penados directamente donde se encuentran”.

“Creemos que todo este programa  va a ir creciendo y fortaleciéndose. Empezó con algunas unidades académicas que tienen un tono muy social, legal,  pero también es posible la articulación con otro tipo de carreras de otras facultades”, resaltó el ingeniero agrónomo. Por último se refirió al seguimiento que se hace desde el Programa en el cual una vez que las personas obtienen su libertad  se busca “insertarlos dentro de la Universidad para que terminen sus estudios”.

Además de la tarea que realiza la UNCuyo en materia educativa, el empresario Roberto Pierandrei mantiene un fuerte compromiso con el penal. Lo hace a través un taller para la elaboración de materiales premoldeados, como baldosas.  Sobre esto Pierandrei destacó el “desafío” de esa tarea, que se nutre del entusiasmo y las ganas de aprender que manifiestan los internos. Como así también dijo que su intención es “enseñar con calidad” y dar trabajo. Comentó que a futuro su interés se centra en “replicar” el trabajo fuera del penal, es decir,  instalar una fábrica en el que puedan trabajar los familiares de esas personas y una vez que los internos obtengan su libertad reincorporarlos. 

En ese contexto la subsecretaria de Justicia de Mendoza, Romina Ronda,  destacó la importancia de estas iniciativas  a las que calificó como  “herramientas transformadoras de la realidad”. En ese sentido instó “a seguir profundizando y acentuando las políticas de inclusión educativa y laboral para las personas privadas de su libertad”. 

Ronda se refirió a  los bajos niveles de instrucción y la selectividad del sistema penal. “Sabemos que se prisioniza y se criminaliza la pobreza”, dijo.  La subsecretaria indicó que las dificultades de movilidad que presenta la pobreza estructural, sumado a los bajos niveles de instrucción, “es lo que en definitiva termina llevando a cometer delitos e ingresar al sistema penitenciario. El 75% de los que ingresan –continuó- no tienen estudios primarios completos  y otro 5% es analfabeto”. 

En esa instancia agradeció a la Universidad y a quienes trabajan cotidianamente en contextos de encierro. “Sabemos que su oferta es cada vez más amplia y eso hace que cada año tengamos una matrícula  más importante”. 

Con respecto a la inserción laboral de los internos la subsecretaria Ronda expresó: “Las estadísticas son contundentes -en alusión al relevamiento 2012 de Mendoza del sistema nacional de estadísticas de ejecución de la pena- ; de un total de 3.200 ingresantes a complejos y unidades penitenciarias, más del 40% no registraba empleo al momento de su ingreso y el resto marcaba trabajo precarizado o no registrado”. 

Siguiendo esa línea la Subsecretaria de Justicia mencionó que se trata de un proceso que tiene que ver con el afuera. “De nada sirve si generamos herramientas de inclusión para los privados de libertad hacia nuestras cárceles si después al momento de recuperar la libertad no tienen donde continuar con esas prácticas laborales”. Mencionó, a su vez,  un anteproyecto de Ley del Gobierno que apunta a incentivar, a través de beneficios impositivos, a empresas que están comprometidas socialmente  y que mantienen una responsabilidad empresarial empleando a personas privadas o con antecedentes penales.

Prácticas educativas y extensionistas

En el marco de la firma del convenio del uso del Complejo Universitario, la Secretaría de Extensión, a través del vicerrector, firmó un acuerdo específico para la implementación de prácticas educativas y extensionistas dentro del penal.

El objetivo es promover el aprendizaje académico en ámbitos comunitarios y/o institucionales, de manera colaborativa e interdisciplinaria; y articular contenidos disciplinares pertinentes con la resolución de problemáticas socialmente relevantes. Por su parte, el Servicio Penitenciario se comprometió a garantizar el ingreso de las herramientas necesarias para realizas las prácticas y propiciará la articulación con otros organismos públicos provinciales para aunar esfuerzos en el desarrollo de estas prácticas. En este sentido, en 2011 se llevó a cabo una experiencia piloto de prácticas sociales educativas en la Huerta Orgánica del Penal de Bolougne Sur Mer. Actualmente, estudiantes de la cátedra de Extensión Rural de Agronomía realizan sus prácticas en este espacio junto a detenidos del Penal.

Acerca del Programa

Desde 2008 la Universidad Nacional de Cuyo realiza esta práctica socio-educativas en el sistema penitenciario. Su objetivo es el de generar dispositivos que habiliten el acceso, permanencia y egreso de los detenidos, en unidades carcelarias dependientes del Servicio Penitenciario Provincial, a las ofertas educativas de la UNCuyo. Participan en su ejecución las secretarías Académica y de Extensión, y las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales y Derecho.  

La oferta académica de la UNCuyo en esta modalidad es la mayor del país, con 13 carreras de grado de tres unidades académicas. Además, es la única universidad argentina que ofrece la Licenciatura en Trabajo Social, que a su vez es la carrera más elegida por los estudiantes privados de libertad, junto con Abogacía.  

Actualmente la coordinación de esta modalidad está a cargo de Paula Petrelli del área de Proyectos Sociales de la secretaría de Extensión Universitaria, que trabaja en conjunto con la secretaría Académica.