El documento no se hará esperar. El vicerector Arturo Somoza, si bien reconoció que no será fácil integrar las distintas opiniones sobre un tema por naturaleza polémico, señaló que pretenden entregarlo en menos de 15 días. De esta manera, frente al alud de críticas que el proyecto de ley ha cosechado en distintos ámbitos, este sería el aporte académico más relevante y unificado.
 
Muchos investigadores de la UNCuyo, sin ser convocados formalmente, han manifestado sus posturas sobre este proyecto y otras decenas que murieron en la Legislatura en los últimos 17 años.
 
Las distintas áreas de estudio permitirán analizar los impactos que esta ley -tal como está planteada- traería a Mendoza, tanto en lo ambiental como en lo social, económico, territorial y otros campos. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas ya trabajan en un análisis que permitirá definir las consecuencias económicas que una norma de tal envergadura tendrá para las distintas regiones mendocinas.
 
La casa de altos estudios además cuenta con centros de investigación que se dedican específicamente a estos temas. Los especialistas del Cifot (Cartografía, investigación y formación para el Ordenamiento Territorial) conocen al dedillo los proyectos de ley que se han tratado en la última década y aseguran que ninguno se basó en una consulta a técnicos y expertos.
 
“Lo más grave del proyecto es que mezcla escalas, cuando debería tratarse de una ley marco. Se detiene en especificidades (loteos) y desconoce temas elementales como el bien común, el vínculo territorio-ambiente o las actividades agrícola, industrial y minera de Mendoza”, explicó María Elina Gudiño de Gómez, experta en Ordenamiento Territorial y Políticas Públicas.
 
La profesora dejó en claro que debe existir un diagnóstico y una definición de hacia dónde va Mendoza, antes de ordenar. Advirtió que no se puede regular el territorio sin tener en cuenta normas internacionales, la Constitución Nacional, los planes de manejo de áreas específica como el Pedemonte, etc. Incluso sostuvo que los distintos organismos de Gobierno invirtieron tiempo y dinero para elaborar planes estratégicos (INV, DGI, Economía, etc.) que podrían servir como base de la ley.
 
En Filosofía existe también una maestría sobre Ordenamiento, cuyos alumnos elevaron una nota al Senado.Entre las muchas objeciones, la arquitecta Verónica D’Inca destacó la falta de un ente de control. “Pese al fracaso de los consejos y las comisiones, como la de Medio Ambiente, proponen otra vez estos entes cuyos miembros trabajan ad honorem y no tienen una tarea específica”, indicó.
 
Según D’Inca, los controles deben ser cruzados y en base a dictámenes técnicos vinculantes. En la actualidad, ni estos ni las audiencias públicas lo son. También cargó contra el poder otorgado a los municipios, los que no recibirán recursos técnicos, monetarios y humanos para poder planificar.
 
Principales críticas
 
Confunde una ley marco de ordenamiento con ‘desarrollo’ (calidad de vida, crecimiento económico) y con uso del suelo, donde sólo aborda el tema de loteos.
Estado. Relega el bien común y prioriza al ‘emprendedor’ con ventajas impositivas y operativas.
Libre. Fomenta los barrios privados y el avance al pedemonte.
Municipios. Les da poder de planificación y decisión total sobre la subdivisión de la tierra.
Gisela Manoni gmanoni@losandes.com.ar