Y en el mismo sentido, desde el Ejecutivo, Julio Cobos quiere reactivar un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para que ésta se encargue de chequear los teléfonos oficiales de los funcionarios de los tres poderes.

Desde el jueves pasado las especulaciones se han multiplicado y la onda expansiva de las sospechas de “pinchaduras’’ telefónicas se extendieron hasta en los Tribunales Federales. No hay dudas de que tanto en el oficialismo como en el Poder Judicial no se quiere agitar el asunto públicamente, para evitar que el tema se haga incontrolable para la dirigencia, aunque de esto ya está al tanto el mismo ministro del Interior, Aníbal Fernández (ver aparte).

Pero si se concreta la iniciativa de testear todas las redes telefónicas oficiales, habrá gran incidencia en el proceso político y judicial desde que se ventiló la semana pasada la denuncia del presidente de la Suprema Corte de Justicia.

De hecho, hoy los senadores José Álvarez (PD) y Daniel Cassia (PJ) se presentarán en la sede de la Policía Federal para solicitar que los peritos chequeen sus teléfonos. Los legisladores ya propusieron esta medida a sus pares para que también lo concreten.

Y al mismo tiempo, el Gobernador, según trascendió ayer, se contactará con el decano de la UTN para que se encargue del peritaje en las redes.

Pero la movida de los legisladores irá más allá. Desde el seno de la comisión Bicameral de Seguridad -que preside Álvarez- saldrá un pedido de informe a las fuerzas de seguridad, las policías local y federal y la SIDE para que indiquen con qué tecnología cuentan para hacer escuchas.

En otros términos, Cassia advirtió que quiere conocer los alcances del contrato del Estado con la empresa Telefónica. El justicialista pretende saber si hay una oportunidad de instalar algún sistema preventivo para distorsionar una intercepción telefónica o un sistema de alerta que avise la presencia de un intruso en la línea.

“Hay dos sistemas de bloqueo: uno se llama deformador de escucha y el otro es un detector depurador de línea”, explicó Cassia

Piden más rapidez judicial

Mientras tanto, Sergio Bruni, jefe de la bancada radical del Senado, también acompañará en este pedido de informe a las fuerzas de seguridad. Y aclaró que si bien no comparte la idea de hacer un riguroso control del sistema telefónico estatal, no se opondrá a la inquietud de la oposición.

Como contrapartida, Bruni puntualizó que sería mejor que “la investigación judicial avance rápidamente y que se detecte la ‘efectividad’ de la operación que sufrió Nanclares, que se verifique el autor y que, finalmente, se revele el móvil de la maniobra delictiva”. Porque “lo que alienta a que se produzca el delito es la impunidad”.

Álvarez, en consonancia, reclamó más celeridad en la investigación a cargo de la Segunda Fiscalía Correccional. “Si hubiera una resolución judicial rápida se atenuaría la sensación de sospechas en que estamos”, dijo el demócrata.

A propósito, la fiscal correccional Anabel Orozco, que averigua el caso que denunció el titular de la Corte hace más de un mes, ayer sólo se limitó a contestar a este diario: “No atiendo a la prensa”.

Hay que recordar, según fuentes judiciales, que la magistrada sólo ha pedido, hasta el momento, un informe a la Policía Federal sobre las pericias que verificaron las escuchas en el teléfono del juez.

Seguramente todo este menú será considerado en la reunión que los legisladores de la Bicameral de Seguridad tendrán con Nanclares en la sede de la Corte al mediodía. Allí los parlamentarios le expresarán la preocupación institucional.

Y por primera vez el titular de la Corte tendrá contacto público con la prensa desde que se ventiló el escándalo.

Los entretelones de las escuchas a Nanclares

Aunque se niegue públicamente, en los Tribunales Federales ya conocían la “pinchadura’’ al teléfono de Nanclares antes de que fuera pública. Tanto es así que Los Andes pudo comprobar el jueves que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, estaba al tanto de la situación. Aseguran las fuentes federales, los teléfonos de los jueces de ese fuero corren el mismo riesgo de interferencias. La sospecha de los micrófonos ocultos en los despachos federales es constante y se han verificado esas maniobras, pero no se ha podido detectar el autor. “Moneta alguna vez dijo que tenía 70 horas de conversaciones telefónicas grabadas y eso es ilegal”, ejemplificaron.

El Gobierno -sin decirlo- sospecha que pudo ser obra de algún “emprendedor” privado, o un sector empresarial interesado en determinadas causas judiciales. “Tengo entendido que hay aparatos (para interceptar) que no necesitan ningún cableado. Incluso sé que hay grupos empresarios que tienen; no sé cuáles serán, pero me han informado sobre esto”, dijo Cobos el sábado.

Que Nanclares haya decidido denunciar sólo una intromisión en su domicilio de dos falsos operarios telefónicos y no una intervención telefónica ilegal, como ocurrió, habla de su intención de hacer pasar inadvertido el caso. Denunció un delito menor, en vez de un ilícito más grave, que deberá investigar la justicia federal.