La medida implica una sustitución gradual de los servicios extraordinarios que prestan los policías en sus horas de franco en objetivos privados como supermercados, eventos y bancos. A cambio, el Ministerio de Seguridad deberá pagarles 22 pesos por cada 4 horas que presten servicio al Estado en concepto de recargo horario. El cálculo oficial es que cada policía deberá cumplir con 10 recargos horarios (de 4 horas cada uno) al mes, que se traducirá en 220 pesos adicionales en el bono de sueldo. Sacarán, así, un poco más de dinero que el que obtienen por brindar seguridad a privados, donde las cuatro horas se pagan entre 18 y 20 pesos, explicó Carlos Sala, jefe de Gabinete del Ministerio.

El plan del Gobierno que la oposición avaló en el Consejo de Seguridad en realidad comenzó a aplicarse hace quince días. Actualmente, a los 600 policías que patrullan la ciudad en el sistema de cuadrículas y que forman parte de los cuerpos especiales (motos, canes, caballería), el Ministerio ha sumado 180 efectivos que están apostados en 30 esquinas de cada uno de los 6 departamentos del Gran Mendoza. Este refuerzo de la presencia policial se está cubriendo con recargos horarios. Cada uno de estos agentes debe cumplir turnos de 4 horas que se suman a las 12 horas continuas que trabajan dentro del servicio ordinario.

La idea del Gobierno es instalar la figura del policía en las esquinas (o “paradas”) de la ciudad para volver al concepto de policía en proximidad con la comunidad. Estos agentes no están ni estarán afincados en las zonas calientes, sino que se ocupan de tareas exclusivamente de vigilancia. También desde hace dos semanas, el Ministerio comenzó a aplicar este sistema en San Rafael, en donde se distribuyeron 60 efectivos en distintos puntos de la ciudad.

La ambición es que desde enero otros 240 policías se sumen a este esquema para custodiar otras esquinas del Gran Mendoza. Así, se superarán los 1.000 efectivos en las calles.

Cada uno de estos policías tiene un radio de acción de cuatro manzanas. Se apostan en una esquina de referencia, determinada por la jefatura de Policía a la que el agente pertenece, y recorre las 4 cuadras que convergen en ese punto.

Otro de los beneficios que el Gobierno busca alcanzar con este plan, además del aumento de la presencia policial, es la posibilidad de usar los policías que vigilan las esquinas del Gran Mendoza en operativos de saturación de zonas para provocar un shock en la sensación de seguridad.

La sustitución de los servicios extraordinarios para poner más policías en la calle tiene, sin embargo, un límite. “Hay objetivos privados que el Estado no puede descuidar. Por ejemplo un centro comercial donde hay miles de personas un domingo. O la actividad bancaria”, explicó Sala.

Agencias privadas

El retiro progresivo de las policías provinciales traerá aparejado un mayor mercado para las agencias de seguridad privada que, según los registros oficiales, tienen trabajando a unos 3.500 agentes. Un número que representa más de la mitad del personal que tienen las fuerzas de seguridad provinciales (5.600 efectivos). Para alentar su plan, el Gobierno tiene decidido subir el precio del servicio extraordinario que hacen los policías mendocinos por encima de lo que cobran las agencias privadas.

El otro plan del Gobierno para aumentar la presencia policial pasa por regionalizar el Instituto Universitario de Seguridad Pública para que jóvenes aspirantes de todas las regiones puedan ingresar a la Policía. Un cálculo rápido es que durante 2005 podría entrar al Instituto el doble de aspirantes que este año.

La otra pata del plan es avanzar en la compra de equipamientos y tecnología. En este sentido, ya están casi listos los pliegos para licitar la compra del sistema de comunicación “tetra”, un enorme salto cualitativo que vale 30 millones de pesos.

Sigue firme el rechazo a traer a la Gendarmería

Aunque el gobernador Julio Cobos es un firme detractor de la posibilidad de que Gendarmería nacional coopere con la Policía mendocina, el Ministerio de Justicia y Seguridad quiere terminar de discutir el tema en el Consejo de Seguridad con la oposición. El principal argumento que tiene el oficialismo es que para tener 100 gendarmes en las calles las 24 horas, hace falta traer 300 efectivos ya que trabajan por turnos de 8 horas. “Eso es carísimo”, sostiene Cobos, quien dice que además la posibilidad práctica de que Gendarmería libere 300 de sus hombres para Mendoza “es un mito”.

Sin embargo, éste es el principal punto de discordia entre el Ejecutivo y la oposición. Si bien la idea de poner 1.000 efectivos en las calles tiene consenso, para el PJ sigue siendo un número bajo que obliga a pedir ayuda a las fuerzas federales.