Esto no sólo significa una reducción en la participación presupuestaria, lo peor es que se está incumpliendo con una norma provincial. La ley 6.970 de Educación -promulgada en febrero de 2002- daba un plazo de dos años para que el ‘fondo permanente’ de financiamiento educativo en Mendoza alcanzara el 35 por ciento del presupuesto. Esto nunca sucedió y en la actualidad la distancia con este porcentaje es de 11,4 por ciento.
Que la cantidad de billetes contantes y sonantes destinada a las escuelas sea casi el doble que años atrás tiene que ver con un incremento de los gastos generales del Estado. Además, según advierte Darío Taboas, docente de Gestión Educativa en la Universidad del Aconcagua, “por los movimientos inflacionarios, la actual partida tiene un poder adquisitivo mucho menor que los 430 millones de 2000”.
Este ministerio es el que más plata recibe, pero nada menos que el 83 por ciento del presupuesto educativo (o sea $ 483 millones) se va en sueldos y esta cifra ascendería al 88 por ciento si se suman los 75,5 millones que aporta a privados y universidades para subsidiar también haberes docentes.
No es difícil concluir en que queda muy poco dinero para incorporar nuevos programas e inversiones. Sólo el funcionamiento normal de los 1.100 establecimientos (combustible, comedores, servicios públicos, alquileres, gas, contratos) insume una suma cercana a los 23 millones.
Este análisis es sobre la suma votada para 2005, pero a lo largo del año el superávit permitió invertir más en educación. Según datos del Ejecutivo, el presupuesto ejecutado subió a 713 millones de pesos. Sin embargo, estos 143 millones no previstos también corresponden -en su mayoría- a aumentos salariales otorgados en paritarias (117 millones) y menos de 10 millones a fondos escolares y reparaciones.
Flavio Arjona, subsecretario de Administración y Gestión de la DGE, reconoció que la “educación sufre una subpresupuestación (sic) relativamente importante”, y adujo que pretende lograr que en 2006 sea más objetivo respecto de las necesidades reales. “Seguro no se recuperará en un año, pero al menos que permita reforzar prestaciones esenciales: comedores, transporte, mobiliario, equipamiento didáctico y, desde ya, lo edilicio”, dijo.
El funcionario niega que la participación del área sea menor y cree que hay que analizarla desde el gasto social, pues “el componente de Obras Públicas creció post devaluación e hizo caer todos los otros”. Arjona dice estar preocupado por la desobediencia a la ley 6.970, por el insuficiente financiamiento y por lo legal. Sin embargo, aclaró: “No es menos cierto que cuando se arma el Presupuesto también se vota otra ley, con lo cual podría darse una discusión técnico-legal”.
 
Hacia una mejor calidad
La ‘vaquita’ que hacen las maestras para pagarle el pasaje o las zapatillas a un alumno es la otra cara del Presupuesto. “En los últimos seis años no se priorizó la educación. Las gestiones no la tomaron como política de Estado, sino como un servicio básico con el que deben cumplir”, sostiene José Rivas, diputado de la comisión de Cultura y Educación.
La gestión educativa tiene ciertas particularidades, entre ellas que le presta servicio a uno de cada tres mendocinos. Taboas, quien dirigió la administración de la DGE por años, señala: “El hecho de que este ministerio concentre cerca del 60 por ciento del total de empleados públicos de Mendoza es un atenuante fuerte”. Además, se da un aumento permanente de la matrícula que exige crear cargos y aulas.
Para el especialista José Luis Martiarena, la demanda más urgente es la construcción de escuelas, “porque la ley plantea la obligatoriedad de las salas de 4 y un 30 por ciento de las escuelas con doble jornada para 2010. Además, los CEOS (jardines desde 45 días a 3 años) tienen 17 mil alumnos y la población en riesgo a esa edad es de 70 mil”. Desde la DGE afirman que a la fecha hay tres escuelas en construcción y proyectan 36 nuevas: 19 por la Nación y 17 por Mendoza, pero no se sabe cuántas incluye el Presupuesto 2005.
Según Arjona, las prioridades locales para este año fueron salas de 4, el Servicio Cívico Voluntario ($1,4 millón en personal) y $ 7,2 millones en sueldos para la doble escolaridad, que arrancó con fondos nacionales. “Los cambios en la EGB 3, los globales y la evaluación educativa son estructurales y no requieren mucho dinero”, agregó.
Lo cierto es que buena parte de los programas tendientes a la equidad y calidad educativa son financiados por la Nación. El Piie para poblaciones vulnerables, el equipamiento para los colegios de educación técnica, las 700 escuelas, el plan de alfabetización, libros, computadoras, capacitación docente, son algunos ejemplos.
 
Tareas compartidas
Con el tiempo, muchas divisas que administraba el gobierno escolar pasaron a otras manos. Obras Públicas se hace cargo de buena parte de las construcciones y ampliaciones de edificios escolares desde el Pace, que este año destinó 6 millones del FID. Desarrollo Social financia la mayoría de los comedores escolares y la DGE se hace cargo de la nutrición sólo de la EGB 3 (8° y 9° años). Esta cartera se maneja con fondos de la Nación (7,5 millones) y la Provincia (6,8 millones).
Pero la descentralización que recibe más quejas es la derivación de fondos a los municipios para la construcción de salas de 4 y edificios escolares. “No hay buen control y algunos cumplen y otros se demoran años”, destacó Rivas.
 
Más gastos, los mismos recursos
El hecho de que Educación hoy concentre el 60 por ciento de los empleados públicos de Mendoza, encuentra una de sus causas en la aceptación del Pacto Federal Educativo. El compromiso tomado por los gobernadores para que se hiciera el traspaso de las escuelas nacionales al ámbito local no fue gratuito y exigió hacer previsiones a futuro.
“Nos acomodamos sin fondos, sin capacitación, sin infraestructura. La Provincia se hizo cargo de los docentes y este condicionante llevó a que creciera raudamente el presupuesto. Entonces se debería haber planificado un mayor margen para la gestión”, explicó Taboas.
Más allá de esto, el problema no es que la Nación haya reducido las partidas aseguradas para los cambios de la Ley Federal de Educación, sino que los fondos nacionales quedaron estancados mientras el gasto siguió aumentando, al igual que la matrícula. Aunque dice no haber analizado el tema con detenimiento, Arjona arriesgó: “Con certeza no ha sido holgado el monto que recibimos por las transferencias que obligó la Ley Federal”.
Gisela Manoni gmanoni@losandes.com.ar