El área que registra el nivel más bajo de educación es el Ministerio de Justicia y Seguridad. Allí trabajan 7.361 personas entre policías, administrativos y ordenanzas, de las cuales el 90% no logró alcanzar una especialización universitaria. Es más, alrededor del 50% de las personas (3.431 estatales) que trabajan para esa repartición sólo cumplió con la primaria, incluyendo un gran número de efectivos policiales.
En el ranking de escaso nivel académico le sigue el Ministerio de Gobierno, donde el 85% de los empleados no tiene formación universitaria. En Economía sólo el 25% de los estatales estudiaron en la facultad. El panorama es idéntico en la Gobernación y en Ambiente y Obras Públicas. La nota más alta la tiene la DGE, ya que es la única repartición a la que se ingresa a través de concursos. Y, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social le sigue en número de profesionales, por los médicos y enfermeros.
Los datos se desprenden de un relevamiento que suministró a Los Andes la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación donde no se tuvo en cuenta a los contratados (5.000 personas) ni tampoco a los funcionarios políticos. Sólo se midió el nivel educativo del personal de planta permanente y temporaria.
Para el Gobierno, el 77% de los trabajadores son profesionales. La visión tan optimista tiene una explicación: en el oficialismo prefirieron no hacer la división entre estudios universitarios, terciarios y técnicos. Es que, si se tiene en cuenta este escenario el panorama es desalentador ya que sólo el 30 % de los empleados fue a la universidad.
A nivel nacional los datos son similares, ya que dos de cada diez agentes públicos es profesional, según publicó el diario La Nación. Sin embargo la administración mendocina registra un alto nivel de técnicos y personas con estudio terciario, a diferencia del Gobierno Central.
La norma
Sin concursos. Desde 1986 no hay concursos en Mendoza para ingresar a la Administración Pública.
El escalafón. La ley 5.126 fija el escalafón de los estatales en tres tramos que no siempre se respetan: la clase 2 corresponde a servicios generales y es obligación tener primaria completa; los cargos administrativos se reparten entre la clase 3 y 9 y requiere secundario. De la clase 10 a la 13 corresponden a los cargos más altos (jefes y subdirectores) y se requiere título universitario.
Cuestión de aptitud y actitud - Por Luis Ragno
Master en Direción de Empresas
Nos encontramos con que la Administración Pública presenta un nivel relativamente bajo de calificación profesional de los empleados. Indudablemente esto es, en parte, la consecuencia de décadas de incorporación de personal enrolado con la gestión política de turno.
Es la falta de visión y planificación de los líderes para preparar y formular políticas a mediano y largo plazo de capacitación profesional las que determinan la situación actual. De ahí que hoy nos encontramos con la herencia de una plantilla de personal insuficientemente calificada y desmotivada.
Si a la falta o desinterés en la previsión de formar mejores equipos técnicos le agregamos la caída de los niveles salariales de la administración pública llegamos a la situación actual con personal de conducción incapaz de asumir responsabilidades acordes con su gestión.
Además de la falta de profesionalización en el Estado, quizás lo que más impacta en la productividad del personal, positiva o negativamente, es la actitud con la que emprende sus tareas. La aptitud es necesaria, pero no suficiente. Es la actitud la que marca la diferencia entre los que quieren trabajar y son proactivos, y a los que en todo momento es necesario marcarles lo que tienen que hacer. El empleado público que entiende que su vida es un aprendizaje continuo, que su empleabilidad depende de su permanente interés por incorporar nuevas competencias, este es el empleado que la administración pública necesita para ocupar un rol activo en la recuperación del país.
