Durante la semana, otro tema repercutió en la Casa de Gobierno: los contratos de pasantías con universitarios que estarían a punto de efectivizarse contra los cientos de contratados del Estado que esperan pasar a planta permanente.
Según denunció el sindicato de trabajadores estatales autoconvocados, lo que fue confirmado por fuentes universitarias, la decisión del Gobierno es avanzar primero con la efectividad de los universitarios y dejar para una segunda etapa a los estatales con contratos de planta temporaria, aunque tengan mayor antigüedad laboral que los recién egresados.
Sólo en la Dirección Provincial de Rentas hay 48 empleados que esperan pasar a planta permanente desde hace cinco años o más, algunos desde 1994, según constató este diario. Mientras que se calcula que son alrededor de 20 los estudiantes o recién egresados que quedarían en el Estado. La mayoría de estos jóvenes se desempeñan en tareas de fiscalización, con una antigüedad promedio de 2 años.
El gremialista Víctor Dagfal cuestionó los contratos. “En seis meses, el Gobierno ha pagado 367 mil pesos a la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo y 2,2 millones por convenios a la UNCuyo. Es un gasto injustificado, porque en el Estado hay personal capacitado para estos trabajos de consultoría”, afirmó.
Entre los últimos acuerdos sellados entre la UN Cuyo y el Gobierno aparece un convenio por 400 mil pesos entre la Facultad de Ciencias Agrarias y el Ministerio de Economía para la investigación y desarrollo de métodos de prevención, defensa y modificación del clima. El contrato fue firmado el 27 de julio pasado (decreto 1.412), lleva las firmas del Gobernador, de la ministra Montero y del decano Luis Martí.
Confirmación
La rectora de la UNCuyo, María Victoria Gómez de Erice, confirmó las cifras difundidas por el gremio, que durante tres semanas el secretario legal y técnico de la Gobernación, Claudio Romano, no entregó por lo “complicado” que es obtener la información.
La rectora destacó que las pasantías están reguladas por ley con el objetivo de que los jóvenes adquieran experiencia laboral. Sobre los montos de los contratos, dijo que cada pasante cobra 400 pesos y la Universidad se queda con el 5% del contrato para gastos administrativos y el pago a los docentes que asisten los proyectos.
De los 2,2 millones de pesos recibidos en el primer semestre, precisó que la mayor parte es por la transferencia de fondos para el Departamento de Aplicación Docente (una escuela del tercer ciclo para 2.100 alumnos) y para la capacitación de 1.300 policías, con un costo de 75 mil pesos al año.
“Nadie se está haciendo rico con estos convenios. Tenemos una relación excelente con el Gobierno y estamos capacitados para prestar servicios”, remarcó Gómez de Erice.
Claves
Las contratos de consultoría y asesoría de la UNCuyo y el Gobierno provincial son mediante pasantías de estudiantes recién egresados y docentes a cargo.
Montos. La Provincia desembolsó en el primer semestres 2,6 millones de pesos por convenios con la FUNC y la UNCuyo.
Capacitación. La mayor parte de los recursos son para la capacitación de policías y el funcionamiento de una escuela (EGB3).
Críticas. El gremio estatal asegura que el Estado no necesita contratar estos servicios afuera.
Los detalles del criticado seguimiento a los ministros
El gran malestar que generó entre los ministros de Julio Cobos el convenio de fiscalización del gasto público que el Ministerio de Hacienda firmó con la Facultad de Economía, llevó al Ejecutivo a minimizar el impacto que esta especie de auditoría podría llegar a tener en el funcionamiento de cada ministerio.
Sin embargo Los Andes accedió a los detalles del convenio que ya firmó el ministro de Hacienda, Alejandro Gallego, con la UNCuyo. El texto del acuerdo revela que se trata de un “análisis crítico de las principales aplicaciones del gasto público provincial”. La finalidad del relevamiento es eficientizar el gasto público para elaborar el proyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2005.
El equipo de profesionales universitarios debe abocarse a estudiar el comportamiento presupuestario de las siguientes áreas: Salud, Educación, Seguridad, Desarrollo Social, Promoción y Programación Económica. Ahora la fiscalización alcanzará también a Hacienda y al Ministerio de Turismo, que lidera Mariana Jury.
Según el convenio, la Universidad debe “identificar y analizar desde la perspectiva económica las potencialidades de cada sector, determinar las variables y los parámetros claves formulando propuestas de mejoramiento en la aplicación de los recursos y analizar las necesidades financieras y su dinámica asociadas a la ejecución del presupuesto”.
La Provincia exige que el 31 de agosto los especialistas entreguen el primer informe preliminar. El segundo está previsto para el 30 de setiembre, ya que para ese mes el Ministerio de Hacienda tiene previsto que comience la discusión del presupuesto 2005 en las reuniones de gabinete.
El monto total del acuerdo es de 42 mil pesos, que se pagarán en tres cuotas.
A pesar del revuelo que se generó, la UNCuyo y el Gobierno aseguran que el convenio sigue en pie.
