Así, la escuela -que debe ser la promotora del saber- se ha convertido en escuela-comedor, en recinto contenedor, en escuela-albergue. Hay más contención y amparo, pero retrocedió el conocimiento: lo demuestran los fracasos en los ingresos a la universidad, provocados por falencias elementales en los conocimientos básicos.
Es una idea compartida por la inmensa mayoría de los argentinos, y los dirigentes de todos los sectores, los intelectuales y la sociedad en general, que no habrá desarrollo, igualdad de oportunidades, ni justicia social, si el país no consigue acordar una política de Estado, estable y duradera, para invertir más y mejor en una educación de alta calidad, preservándola de los cambios de gobierno o de los altibajos de la política.
Estos son, entre otros, los propósitos que declara el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo puesto recientemente para su tratamiento en el Congreso de la Nación. Según historiadores del proceso educativo, buena parte de los objetivos de este proyecto ya estaban presentes en la última Ley Federal de Educación (de 1993). Y algunos vienen del Congreso Pedagógico Nacional de los 80.
En cualquier caso, se trata de una formidable oportunidad para iniciar el cambio más profundo que necesita la sociedad argentina y definir la política socioeconómica más importante en mucho tiempo, al decir de importantes analistas.
El proyecto contiene, entre otras virtudes, el objetivo de comprometer recursos financieros para aumentar la inversión educativa utilizando la asignación específica establecida por la Constitución Nacional y propone extender la obligatoriedad de la enseñanza a 10 años; escolarización total a los 5 años de edad; universalización del nivel medio; reinserción de los que desertaron; elevar al 30 % del total las escuelas de jornada completa; jerarquizar la carrera docente e incentivar su capacitación, incluyendo la recuperación salarial de estos; tecnificar las escuelas, entre otros varios propósitos. En gran parte de sus capítulos incluye métodos de evaluación de conocimientos en los alumnos y también de la función del docente.
Sin embargo, el proyecto deja abiertas algunas dudas y es pasible de mejoras en temas como una más clara determinación de las prioridades financieras, especialmente respecto de los sectores más desfavorecidos y del plan de jerarquización salarial de los docentes; tampoco resultan claros los propósitos en varios de sus enunciados especialmente en materia de ciencia y tecnología, y no se avanza en la extensión de la jornada de estudio y las sala de 4 años, el desarrollo de sistemas información adecuada para evaluar los resultados y padece de una escasa atención a la escuela poniendo así de manifiesto una visión de la educación, demasiado sistémica o burocrática.
Al parecer ahora se recupera el compromiso de convertir en hechos estos propósitos, que vienen danzando en las normas desde hace décadas y que son asignaturas pendientes, en claras fallas de gestión.
En Mendoza, la provincia presupuestó una inversión de 620 millones de pesos para la DGE, que podrían transformarse en 710 millones en el ejecutado con los aumentos de sueldos ¿Qué significará esta cifra en el presupuesto? ¿Lo podremos saber? El 91 % de ello son sueldos. Los cálculos primarios deducen que la nueva ley de Financiamiento, con aportes compartidos, le sumaría a la educación en Mendoza otros 250 millones de pesos más (el 40% de la diferencia la aportaría la Nación y el 60% la provincia).
En escuelas de doble jornada, Mendoza tiene activadas unas 150 (alrededor del 10 % del total) y la Ley de Financiamiento compromete no menos del 30 % para 2010. En evaluación, la provincia recuperará este año las pruebas en lengua y matemáticas a todos los alumnos del 7mo grado. Se promete extenderla a los del 9no año en 2006. El retorno de las evaluaciones -abandonadas inexplicablemente a fines de los años 90- implica el compromiso de chequear y corregir, en alumnos, en programas y también la dedicación docente.
Es cierto que ésta es una tarea que la escuela y los docentes comparten con la familia, los medios de comunicación, la calle, el club, los amigos. Es decir, no es sólo un problema de recursos y mejores docentes: implica compromiso y conciencia de todos los protagonistas socializadores.
Así las cosas -pese a la dimensión del problema- ninguno de los candidatos a ocupar bancas en el Congreso Nacional ha mostrado propuestas y análisis profundos sobre el contenido del proyecto de Ley de Financiamiento, ni han explicado a la ciudadanía qué aportarán o sobre qué bases se sumarán al debate en el Congreso de la Nación. Lamentable, porque no debiera haber otro sustento más vital para el futuro del país que debatir y prepararse para edificar la gran política de Estado en educación.