Lo que hoy se conoce eufemísticamente como “los barrios del oeste”, nació en la década de los ’50, con la instalación de algunas familias en un basural, dando lugar a “Villa Nylon” que después llegaría a ser el barrio San Martín. Este conglomerado urbano progresó gracias al espíritu de sacrificio y de solidaridad del sacerdote jesuita José María Llorens, acompañado por un grupo de personas y de vecinos del mismo barrio.
Pero la actividad de los individuos no puede suplir al Estado en la solución de problemas que involucran a miles y miles de personas, especialmente cuando las crisis sociales y económicas destruyen las comunidades originales y arrojan a sus habitantes en masa a la periferia de las grandes ciudades provocando su crecimiento explosivo. Y el Estado -tanto el provincial como los municipios- ha estado demasiado ausente de la planificación urbanística, edilicia y económica de Mendoza, en un grado difícil de entender.
Ahora se presentan las anormalidades y las desarmonías difíciles se reencauzar, porque no sólo en el pasado no se hizo nada sino que en el presente tampoco parece existir voluntad de hacerlo.
En cambio, los municipios multiplican sus reclamos y sus incomprensibles negativas y reticencias cuando se trata de instalar, en cualquier jurisdicción, alguna infraestructura indispensable no sólo para la Provincia sino también para las comunas, porque la ceguera y el egoísmo hace olvidar a algunos que el pueblo vive en los departamentos y que en alguna parte se deben construir la cárcel, los crematorios, los hospitales y las plantas de tratamiento de residuos y líquidos cloacales. Esto es, por lo menos, un contrasentido ya que nunca esas negativas o reclamos se han fundado en razones de planificación urbanística.
La directora del Centro de Estrategias Territoriales para el Mercosur (Cetem) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UN Cuyo, reconocida ordenadora territorial y planificadora urbana y autora de un libro recién publicado sobre le reordenamiento del Gran Mendoza, doctora Nelly Gray sostiene que el “Gran Mendoza es una superficie tres veces mayor que la que se tenía en 1990 y que habitan un poco más de un millón de personas”; y añade: “No es sólo el espacio edificado sino todo el espacio que está ocupado por actividades urbanas de carácter internacional, que responden al nuevo modelo económico y a su condición de ciudad abierta al mundo”.
¿En qué gravitó, y lo sigue haciendo, negativamente la falta de planificación territorial en el Gran Mendoza? La especialista enumera algunas consecuencias: “A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos 20 años sobre ese sistema urbano, hoy tenemos un nuevo escenario donde aparecen situaciones de desorden, contaminación, dificultades en el transporte, continuo desborde residencial sobre zonas agrícolas, loteos clandestinos y contaminación de aguas y suelos, para citar sólo algunas precariedades”. Y todo ello ante las narices de las instituciones que no se han tomado el trabajo -a pesar de sus abundantes funcionarios, representantes, asesores y empleados- de prever las consecuencias del crecimiento desordenado de la Capital y sus aledaños.
Según el trabajo de la especialista consultada, en los últimos 15 años el Gran Mendoza “ha triplicado su espacio funcional directo. El Gran Mendoza se convirtió en una metrópoli internacional al servicio del Mercosur por su posición estratégica dentro del Corredor Bioceánico central, pero la ciudad crece hacia un aparente progreso, con los defectos de siempre: desarticulación entre las políticas territoriales del gobierno provincial, los municipios y los prestadores de servicios básicos. Falta una ley de uso del suelo y ni siquiera tenemos una norma de desarrollo urbano que oriente el crecimiento de ese ámbito que llamamos Gran Mendoza (formado por seis departamentos y al que se debería agregar tres ciudades del Este: San Martín, La Colonia (Junín) y Rivadavia)”.
Hemos preferido citar textualmente y no glosar los conceptos porque se trata de una realidad demasiado terrible y a la que no se presta atención. ¿Cuánto hace que la Legislatura estudia el proyecto de ley de usos del suelo? ¿Qué la detiene para tomar decisiones responsables? ¿Podría decirse que la politiquería paraliza las instituciones?
Desde hace decenios, el Gran Mendoza es -funcionalmente- una sola ciudad y la prueba está en que los problemas sociales, por ejemplo, desbordan a los municipios que no saben cómo hacerles frente. De manera que no sería alocado pedir a los responsables políticos de la administración de la Provincia y de las comunas comprometidas, que estudiaran la integración de las unidades administrativas, los municipios, con ánimo integrador.
El uso de las ciudades del Gran Mendoza como espacios vitales, que incluyen los problemas derivados de la diversión y entretenimiento, del consumo de drogas y alcohol, la seguridad, el destino de los deshechos domiciliarios e industriales, el transporte de pasajeros, la prestación de servicios públicos y tantos otros, debe repensarse con un criterio basado en el interés y en el bienestar general, buscando soluciones para el pueblo y no para las divisiones políticas y administrativas.
Y es preciso que se empiece a trabajar en ello hoy, porque mañana será tarde.
