De todos modos, es de esperar que el dictamen de la Cámara sea también apelado -por el Ejecutivo o por el SUTE- ante la Corte, con lo cual los plazos del proceso judicial se extenderían. El problema es que, de ser así, después de las vacaciones de invierno la DGE se verá obligada a volver a implementar las horas de Tecnología, Formación Ética y Ciudadana y Físico Química, tal como eran antes de febrero.

Según Andrés Cazabán -asesor del área- la apelación intenta demostrar que los postulados del 23 Juzgado Civil y Minas, que califican de inconstitucional e inaplicable la medida oficial, son erróneos. “La jueza cae en un equívoco, ya que el Consejo al cual se refiere la Constitución no es el General de Educación sino el Consejo Administrativo, que no tiene ninguna injerencia en lo pedagógico”, explica el funcionario.

Cabe recordar, que el fallo de Martinelli se basa en que el gobierno escolar implementó la resolución 149 en las escuelas sin consultar los cambios con el Consejo General de Educación, organismo de consulta que debería haberse creado según la Ley provincial de Educación sancionada en febrero del 2002.

Cazabán también señaló que “esta ley nunca fue reglamentada, pues el Gobierno trabajaba en ello para aplicarla en forma completa”. El problema es que la norma le exigía al gobierno escolar convocar al Consejo a los 180 días de sancionada. Otro de los argumentos oficiales, se basan en que la jueza reconoce que se da un conflicto de intereses y derechos entre los docentes y los alumnos.