Sin embargo, todos los referentes educativos coinciden en que esto será imposible. Es que suprimir y reincorporar materias a mediados del ciclo lectivo tendrá un alto costo para la organización escolar, pero sobre todo para los estudiantes.

Por ejemplo, los chicos que pasaron de curso debiendo Tecnología o Formación Etica y Ciudadana -materias que fueron suprimidas o modificadas por la resolución 149 de la DGE- tendrían que volver al año anterior o rendirlas para seguir en el actual.

Además, surge el problema de cómo acreditar una asignatura sólo con el cursado de la mitad del año. Aquí, el conflicto es con la Ley Nacional de Educación, que requiere el dictado de determinadas horas anuales para dar validez a una materia.

Todos estos conflictos están siendo evaluados por la DGE para esbozar los lineamientos de acción que bajarán a los colegios. “Si bien confiamos en que la Cámara acatará la apelación del Gobierno, en educación hay que manejarse con hipótesis y ser prevenidos”, dijo el asesor del área, Andrés Cazabán, quien consignó que, “mientras el caso siga en la Justicia, la sentencia de la jueza deberá ser cumplida.”

El jueves pasado la magistrada a cargo del 23 Juzgado Civil, Fabiana Martinelli, dio lugar a un amparo presentado por el Sute y declaró inconstitucional e inaplicable la resolución 149, con la que el gobierno aplicó los polémicos cambios curriculares en la EGB3, a principios de año. Para no afectar el normal dictado de clases, la letrada estipuló que su decisión se suspendiera hasta después de las vacaciones de invierno.

Las autoridades escolares anunciaron que apelarán el fallo de Martinelli, apenas reciban la notificación. Entonces, el caso quedará en manos de una Cámara Civil, la cual podría dar su veredicto antes del receso escolar. De todos modos, se cree que tanto el Sute como Gobierno volverían a apelar -esta vez ante la Corte- en caso de no verse favorecidos con el fallo.

Mientras tanto, en los próximos días la DGE convocará a la conformación del Consejo General de Educación, tal como se lo dicta la sentencia (ver aparte).

Se auspicia una semana muy agitada para las escuelas de EGB3; así como para la titular de la DGE, Emma Cunietti. Desde el Partido Demócrata hablan de la posibilidad de pedirle un Juri de enjuiciamiento, mientras que la Comisión de Educación de Diputados adelantó que es muy posible que esta semana sea citada nuevamente a la Legislatura.

Por su parte, los docentes están sumidos en la incertidumbre. Dar marcha atrás con los cambios, también significa devolverle las horas a los profesores que les fueron quitadas. Cabe aclarar, que los titulares debían ser reubicados, pero los suplentes se vieron perjudicados. “El problema es que el 90% de ellos ya se acomodó en otra escuela o fuera del sistema educativo”, dijo Cazabán. Es el caso de Jezabel M., una docente de Química que perdió las nueve horas que tenía en noveno, pero hoy trabaja en una empresa con un puesto estable.

Cronología

Resolución 149. La modificación para 8vo y 9no llegó a los colegios el 25 de febrero. La norma eliminó Tecnología de 8vo y sumó horas en Matemática, Lengua, Ciencias Naturales y Geografía. Fusionó Historia y Formación Ética y reestructuró las tutorías.

Rechazo. A los 3 días, los docentes marcharon en protesta a la Legislatura y Casa de Gobierno.

Agresión. El 2 de marzo agreden a Cunietti en el Senado, se presentaba por este tema.

Clases. El Sute realiza un paro el primer día de clases. El inicio en 8vo y 9no se retrasa una semana por los cambios en la currícula. Cunietti es citada a Diputados.

Llamarán a conformar el Consejo

El fallo de la jueza Martinelli se basa en el incumplimiento del gobierno escolar, el cual debía haber sometido los cambios curriculares a la mirada de un órgano consultivo antes de aprobarlos. Su falta es más grave aún por cuanto la ley provincial de Educación establecía que la DGE debía convocar a la conformación del Consejo General de Educación y nunca lo hizo.

Ahora, los letrados del área están trabajando en la convocatoria que se realizará antes de los treinta días. De todos modos, Cazabán explicó que -según la ley- este órgano debe ser de consulta obligada, pero su decisión no es vinculante.

Desde el gobierno, exponen que el Consejo no había sido formado, porque el Ejecutivo aún no terminaba de reglamentar la Ley 6970. “Nuestra idea era reglamentar toda la norma, ahora tendremos que elaborar un reglamentación parcial, sólo en los puntos referidos al Consejo”, acotó el asesor.

El problema es que la norma estipula que este debía armarse a los 180 días de promulgada y fue en febrero del 2002. Desde la DGE, sostienen que la ley no es operativa. Aducen que no están especificados los miembros a convocar y que deberían sumar padres y empresas. La ley dice que serán entidades académicas, partidos con representación parlamentaria y gremios.