La DGE cumplió finalmente con la Ley provincial de Educación y convocó al Consejo General de Educación. Después de tres sesiones, los consejeros llegaron a un dictamen, el cual darán a conocer el próximo lunes. Pese a ello, la estrategia del Gobierno se basa en sacar una nueva resolución que ratifique -no se sabe si en parte o en totalidad- a la otra.
Con esto, las autoridades escolares buscan evitar el enorme conflicto que la medida judicial significaría para la organización de las escuelas. Sucede que cuando la jueza Fabiana Martinelli dio lugar al amparo presentado por el SUTE decidió volver atrás con las modificaciones horarias en Lengua, Matemáticas y Tecnología.
En la práctica esto implica retornar las horas a profesores que se reubicaron en otros cargos y sumar materias a mitad de año, con lo cual no tendrían las horas necesarias para acreditar. Aunque la peor consecuencia sería para los alumnos, pues los estudiantes que pasaron de curso debiendo las materias suprimidas, deberían repetir.
Anoche, la titular de la DGE, Emma Cunietti, confirmó a este medio que sacarán una nueva resolución y “probablemente sea al regreso de las vacaciones”. De todos modos, la funcionaria dijo que al Ejecutivo le “interesa mucho” conocer las conclusiones del Consejo General de Educación y aseguró que las mismas serán tenidas en cuenta.
Cabe aclarar que, aunque la ley exige que todo cambio en la educación mendocina se haga previa consulta al Consejo, también sostiene que su opinión no es vinculante.
La rectora de la UNCuyo María Victoria Gómez de Erice, elegida vicepresidente de este órgano consultor, no quiso adelantar las definiciones. “Nos falta redactar los últimos puntos. En la tarde del lunes presentaremos nuestro despacho”, prometió. El documento también será presentado en la causa que lleva la Justicia.
Por su parte, en el plenario pasado del SUTE se comunicó que aún no hay un resultado definitivo. “El debate sobre los cambios continúa. El cuestionamiento no se basa sólo en lo laboral, es más profundo. Otros sectores referentes en lo educativo han planteado fundamentos pedagógicos en contra de la transformación”, dijo Marisa Navarta desde el gremio.
Mientras tanto, por lo bajo, los funcionarios de la DGE hablan del tiempo prolongado que la Justicia se está tomando para analizar el amparo del gobierno, algo que no ocurrió con el del SUTE. Lo cierto es que nada hace sospechar que los magistrados se expidan antes de que termine el receso escolar.
La directora de EGB3 y Polimodal, Esther Bollecich, destacó el buen nivel de diálogo y reflexión que se ha logrado en el Consejo. En realidad, todos conocen los graves índices de repitencia y deserción que se dan en este nivel.
Entre los 13 miembros del Consejo hay representantes de universidades privadas, de los partidos políticos y de los gremios, como el SUTE, la UDA y la Sadop (Docentes Privados).
Historia de la polémica resolución 149
Norma. La resolución 149/05 se anunció el viernes 25 de febrero, a días de comenzar el presente ciclo lectivo.
8vo. Elimina Tecnología, suma una hora a Lengua, Matemática y
Geografía. Une Historia con Formación Ética y Ciudadana. Crea la figura del asistente pedagógico.
9no. Sigue Tecnología, se suman dos horas más de Matemática y Lengua. Se une Biología con Físico y Química.
En manos de la Justicia
El 25 de febrero, a una semana del inicio del ciclo lectivo de este año, la dirección General de Escuelas anunció que cambiaría la currícula de los alumnos de octavo y noveno. La intención era aumentar la carga horaria en las asignaturas consideradas claves, como Matemática y Lengua.
Entonces se inició una fuerte protesta encabezada por los docentes de Tecnología -que habían perdido sus horas- y el SUTE. El pico del enfrentamiento fue el 2 de marzo, cuando el auto en el que Emma Cunietti se dirigía al Senado fue cercado por una movilización y la funcionaria debió refugiarse en un edificio vecino.
El tema siguió en Tribunales. El SUTE presentó un recurso de amparo, al que dio lugar la Justicia, declarando, el 28 de abril, inconstitucional la normativa escolar. El fallo judicial fue apelado por la DGE el 5 de mayo, pero todo indica que la Justicia demorará su resolución.
* Gisela Manoni / gmanoni@losandes.com.ar