Después de someterse a un largo cuestionario, siempre acompañada por su séquito de la Dirección General de Escuelas (DGE) y por el ministro de Gobierno Gabriel Fidel, Cunietti dejó a los diputados con gusto a poco. Por eso decidieron llevar mañana el debate al recinto, con el objeto de solicitar la suspensión de la Resolución 149/05, que modifica la currícula de 8° y 9°, hasta tanto se convoque al Consejo Provincial de Educación, que permitiría la participación de todos los actores involucrados en el accionar educativo.

Los legisladores basaron el interrogatorio en tres ejes claros: cuestionaron la legalidad de la resolución, afirmaron que se informó de los cambios a sólo siete días del inicio de las clases y, sobre todo, manifestaron el malestar que ocasionó la falta de consulta a la hora de diagramar los cambios.

“Van a continuar con esta transformación educativa que deja mucho que desear en la forma de instrumentarse. Vamos a llevar el debate al recinto, también apoyaremos la suspensión de la Resolución 149/05 y tomaremos todas las medidas necesarias para que esto se detenga. Queremos que haya debate y se consulte al Consejo Provincial de Educación”, declaró el vicepresidente de la Comisión de Educación de Diputados, José Rivas (Participar).

Un tema clave fue la inconstitucionalidad o no de la resolución y su aplicación. Cabe destacar que el SUTE, sindicato que ayer también estuvo en la Legislatura, presentó la semana pasada un recurso de amparo pidiendo la declaración de la inconstitucionalidad de la resolución (ver aparte).

Para el diputado Ricardo Puga, del bloque UNIR, “la educación debe ser una cuestión de Estado y no de Gobierno y esto es lo que determina la Constitución Provincial. No se puede hacer un cambio de estas características desde el Ejecutivo”.

El legislador hizo referencia al artículo 212 de la Constitución local, que determina la creación del Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública y el Consejo General de Educación; este último tiene por función tratar todas las temáticas educativas.

“En este Consejo tienen voz y voto todas las partes, así lo reglamenta la Ley Provincial de Educación Nº 6.970, pero se vencieron todos los plazos y esta norma no se reglamentó. En consecuencia, la resolución que modifica el plan de estudios del tercer ciclo es inconstitucional”, detalló Puga. Legisladores como el justicialista Luis Garro (presidente de la Comisión) y el demócrata Omar Parisi coincidieron en los reclamos.

Una y otra vez las preguntas rondaron sobre este tópico y la directora de la DGE reconoció que “tal vez hubo errores a la hora de comunicar la normativa”.

Cunietti aseguró que los diputados no le manifestaron objeciones de fondo con respecto a las medidas adoptadas y sí le cuestionaron la forma que se eligió para aplicarlas. “Yo creo que esto es una cosa positiva, es decir, son pocos los que han cuestionado que los chicos tengan más Matemática, Lengua e Historia, lo que han cuestionado es la legalidad de la norma. Lo segundo que me parece importante es la creación del Congreso Pedagógico Provincial, que pone un marco para poder seguir desarrollando políticas de conjunto”, destacó la funcionaria.

Una vez más la cúpula de la DGE dijo que los docentes de Tecnología tendrán su lugar de trabajo asegurado, serán reubicados en otros espacios curriculares del sistema. “Podrán sumarse al Servicio Cívico Voluntario y a la doble escolaridad. Nadie se va a quedar sin trabajo”, explicó Cunietti pasado el mediodía y visiblemente agotada.

En foco

La directora general de Escuelas, Emma Cunietti, y su gabinete en pleno junto con el ministro de Gobierno, Gabriel Fidel, se reunieron con los diputados cerca de las 8.30 en la Legislatura.

Resolución 149/05. Fue el eje central de la discusión. Se debatió acerca de la inconstitucionalidad o no de la norma.

Más temas. La titular de la DGE llevó información sobre sobreedad, repitencia y deserción, las tasas de 1º a 9º año, desde 2000 hasta el 7/3/05. Los diputados también pidieron las matrículas de promovidos y no promovidos de todas las escuelas de EGB.

“No es una monarquía”

Representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) fueron de la partida ayer por la mañana en la Legislatura. El secretario general del gremio, Gustavo Maure, sostuvo que la legalidad o no de la Resolución 149/05 no es el único tema importante a tratar, más allá que el sindicato haya presentado el lunes de la semana pasada en la Justicia un recurso de amparo que asegura que las medidas tomadas por la DGE no respetan las normativas locales.

“Más allá de la legalidad o no de la normativa, nosotros le pedimos a los diputados que no pierdan de vista la forma en que la Dirección General de Escuelas (DGE) trató este tema. La DGE tiene problemas a la hora de conceptualizar el trabajo democrático. Hay que volver a los debates, hay que volver a ver a la educación como una política de Estado, estamos en una república y no en una monarquía”, enfatizó el conocido gremialista.

Cambios en Polimodal

La normativa impulsada por la DGE también llega al Polimodal. Por ahora sólo se propone un espacio de definición institucional en resolución de problemas con eje en Física y Química.

Algunas escuelas ya lo tienen, por la modalidad que trabajan, y otras lo tendrán que ejecutar como un taller. La idea es que los alumnos resuelvan problemas en ciencias básicas. Estas horas las tomarán profesores de Matemática, Física y Química, depende de la orientación de la institución.

Durante el año se intentará avanzar en otro tipo de modificaciones y desde la DGE aseguraron que no peligra el puesto de trabajo de ningún docente. Hoy hay escuelas que tienen la misma modalidad, pero las materias presentan nombres distintos, es decir, que si un alumno se cambia de escuela tiene, por ejemplo, ocho materias diferentes; el objetivo es darle más uniformidad al sistema.