Ni el humanismo ni el llamado garantismo han fracasado porque sus postulados nunca se llevaron a término, principalmente por razones sociales y económicas. Abandonar el proceso de humanización de las penas, abjurar de la prevención y poner el énfasis en la venganza -también llamada “justicia” por mano propia- no solucionará absolutamente nada, como lo demuestra la historia de todos los pueblos.
 
Es una verdad de Perogrullo que cada cual debe saber hacer su trabajo, tanto para responder al interés propio como al de la comunidad, pero este aserto tan simple parece no aplicarse a los funcionarios del área de Seguridad.
 
Hace pocos días disertó en nuestro medio el doctor Chris Eskridge, presidente de la Sociedad Americana de Criminología, profesor de Justicia Criminal en la Universidad de Nebraska; profesor visitante de la Escuela de Leyes de la Universidad de Silliman y del Departamento de Sociología de la Universidad de Canterbury de Nueva Zelanda, delegado al Consejo Económico y Social de la ONU y editor general del diario de la Justicia Criminal Contemporánea, entre otros cargos docentes.
 
Pues bien, a su disertación -organizada por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo- asistió solamente una veintena de personas, ninguna de ellas del área de Justicia y Seguridad del gobierno de la Provincia, a excepción de una jueza de Familia. El director de Investigaciones, Horacio Migliozzi, se retiró antes de la disertación. Así nos va.
 
¿Es que nuestros funcionarios ya saben todo lo que necesitan para alcanzar el éxito en la prevención, persecución y castigo del delito? ¿Lo que se está haciendo ahora es el desiderátum en materia de promoción de los grupos de riesgo?
 
El especialista en seguridad y justicia criminal sostuvo que “hay que empezar a hacer arrestos y más arrestos. Eso puede servir para disminuir la sensación de inseguridad. El tema es que esas personas que son detenidas no debieran, salvo en casos de delitos graves, ser enviadas a la cárcel. No es necesario que todos los casos tengan que ser judicializados.”
 
Para algunos estas palabras podrían encerrar una contradicción, pero no es así: las leyes penales y el código de faltas existen para ser cumplidos y el primer paso es tolerancia cero para el delito y para las faltas (para todos los delitos y para todas las faltas), lo que no significa que los delitos leves y las faltas deban purgarse con cárcel necesariamente y esto no por debilidad, sino por sentido común.
 
Desde Hammurabi y las leyes de Manú y del Talión, pasando por el derecho romano, las fuentes del derecho argentino, el humanismo medieval, la modernidad y el constitucionalismo, se está buscando la justa correspondencia entre delito y pena; pero también el derecho quiere determinar -con las demás ciencias sociales- las causas del delito para encontrar medios y métodos eficaces de prevención. Y en esto último está el gran desafío.
 
Pero si la cárcel no es un medio eficaz para disuadir al delincuente ni para hacer purgar la pena, ¿qué otro camino queda para reprimir y castigar el delito?
 
El ya citado doctor Chris Eskridge sostiene: “Deben existir centros de resolución de conflictos, clínicas para drogadictos y alcohólicos; organizaciones intermedias para contención de menores y cuerpos de consejeros. Mandar a una persona a la cárcel, en la Argentina y en cualquier lado, significa desangrarla, porque es difícil que así se logre la reinserción social. La fórmula debería ser menos cárcel y más trabajo social, con más tareas comunitarias como condenas.”
 
Pero estas tareas, agregamos, tienen que ser tipificadas y aplicadas lo más equitativamente posible porque no se entiende que los ladrones de gallina pasen años en la cárcel, muchos de ellos sin proceso, y quien mata a alguien conduciendo un automóvil e incurre en abandono de persona, cumpla algunas horas de trabajo comunitario doblando gasas en un centro asistencial. La tolerancia cero debe ser para todos. Y las instituciones deben contar con el presupuesto adecuado.
 
Como hemos sostenido en esta misma columna en numerosas oportunidades, es preciso que los funcionarios que tienen la responsabilidad de prevenir, perseguir y castigar el delito, sean los más experimentados, capaces y responsables que sea posible. Nada bueno saldrá de la improvisación: más que marchas y contramarchas, crispaciones y gestos teatrales.