Desde el bloque de Senadores del Partido Demócrata hemos planteado la necesidad de que el gobernador Cobos convoque a una jornada de reflexión y debate sobre la llamada ley de Uso del Suelo, donde puedan participar los organismos e instituciones que nuclean especialistas en la problemática en cuestión.
 
Nuestro planteo parte de la base que la sanción de una ley de tal trascendencia no puede ser aprobada sin el consenso y participación de la sociedad con inquietudes sobre una norma que regirá la calidad de vida de las generaciones futuras.
 
En el mismo sentido, tampoco podemos dejar de analizar cómo han funcionado y funcionan actualmente las distintas provincias argentinas y el resto de los países desarrollados del mundo en la medida que tengan vigente una ley de uso de suelo y ordenamiento territorial o también qué consecuencias les ha traído el no tener reglamentada esta herramienta de distribución territorial y su afectación a los distintos destinos como pueden ser, agrícola, radicación de industrias, instalación de comercios, espacios recreativos y afectados a usos turísticos, planeamiento del desarrollo urbano, espacios afectados a tratamiento de residuos (urbanos y peligrosos como los hospitalarios), áreas protegidas, y a otros tantos destinos que sólo los especialistas están en condiciones de sugerir por ser motivo de numerosos trabajos de investigación realizados con anterioridad a la problemática que se pretende resolver por medio de este proyecto de ley que tiene media sanción de la HC de Diputados de la Provincia.
 
En el marco de la democracia participativa, de la que la dirigencia política hace uso en su discurso preelectoral, impulsamos la iniciativa de la participación de todos los sectores que afectará la vigencia de una ley como la que está en discusión y que debe tender a: mejorar la calidad de vida de los mendocinos, asegurar un desarrollo sustentable, afectar los recursos naturales vitales como el aire, el agua y la tierra para preservar la salud -tanto psíquica como corporal- de la población, eficientizar el uso racional de los recursos, lograr una economía en la distribución de los servicios, entre otros objetivos que surgirán, seguramente, del aporte de los especialistas en la materia.
 
Dicho esto en el marco de respeto irrestricto a los postulados de la democracia, defendemos el derecho a disentir, aún entre los científicos actuantes, según sea el enfoque de análisis que se le dé a la problemática, a tal punto de encontrarnos posiblemente con una propuesta superadora que contemple el tratamiento por separado, en distintos cuerpos normativos pero complementarios como un sistema de normar que rijan la materia pero todas enmarcadas en una ley de preservación y defensa del ambiente teniendo en cuenta que, de acuerdo al documento suscripto en Gualeguaychú, esta materia pasará a constituir una “Política de Estado” para el gobierno nacional y los gobernadores de provincias que lo suscribieron, entre ellos Mendoza.
 
Coincidimos también con lo planteado por el Arzobispado de Mendoza, por medio de uno de sus organismos, en lo referido al aspecto social que la ley implica por la discriminación que puede provocar la proliferación de emprendimientos privados, económicamente muy rentables, pero que socialmente van empujando a la sociedad a una disgregación perjudicial para la convivencia en armonía entre los distintos sectores sociales que se han generado en Mendoza.
 
Por ello es que nuestra visión y obligación como representantes de todo el pueblo de la provincia, y no sólo de algunos sectores, es la de actuar tendiendo al bien común y al bienestar general compatibilizando los distintos intereses en pugna, y para ello las prioridades son primero lo Social, luego lo Científico-Técnico, después lo Económico y por último lo Político.
 
También desde el punto de vista constitucional tenemos obligaciones y deberes indelegables, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo.
 
Es por ello que hemos solicitado la intervención del Sr. Gobernador en sus funciones de poder colegislador ya que la Constitución le otorga la facultad de presentar iniciativas como proyectos de ley ante el Poder Legislativo.
 
Ejemplo y obligación de ello son las leyes temporales (con vigencia anual) de los proyectos de ley de Presupuesto, ley Impositiva y ley de Avalúos Fiscales, para que intervenga en la definitiva redacción de la ley de Uso del Suelo aportando las opiniones de distintos organismos del Estado provincial como la Dirección Provincial de Catastro, la Dirección Provincial de Hidráulica, el Departamento General de Irrigación, empresas privatizadas de servicios y de sus correspondientes órganos de control, como el EPRE y el EPAS, entre otros.
 
Por nuestra parte ejerceremos las atribuciones que nos asigna dicha norma fundamental de la provincia en lo referido a ejercer el poder de revisión que establece el Sistema Bicameral del Poder Legislativo de Mendoza y en este caso le corresponde a la HC de Senadores el carácter de Cámara Revisora por haber sido la Cámara de Diputados la que iniciara el tratamiento del presente proyecto de ley.
 
Y si concluimos en que hay que modificar sustancialmente la media sanción porque las consultas efectuadas así lo demuestran para beneficio de la sociedad toda, así lo haremos.