En la Universidad Nacional de Cuyo son elegidas cada tres años todas las autoridades de conducción (rector, vicerrector, decanos y vicedecanos), como los representantes docentes al Consejo Superior (órgano máximo de gobierno) y Consejos Directivos (de facultades). Cada año se renuevan los consejeros no docentes, alumnos y egresados. El total de autoridades electas en nuestra Universidad es de 185, número que corresponde a la Asamblea Universitaria, además están las designadas autoridades de gestión, secretarios de Universidad y de Facultad, número que supera los 50.
 
El propio hecho de que las autoridades son elegidas entre los empleados y destinatarios, determina una situación inédita. La regla general es fijada por la ley, que regula aspectos como la autonomía, el gobierno y los derechos y obligaciones de los integrantes de la Comunidad Universitaria y los aspectos particulares de cada Universidad, por el Estatuto Universitario que es resorte de la Asamblea Universitaria.
 
Esta característica de autogobierno, muy diferente al resto de la administración pública, incluidas otras instituciones educativas, como por ejemplo la Dirección General de Escuelas, lleva a comprender de manera muy particular el rol que les corresponde a los gremios docente y de apoyo académico.
 
Su rol es complementario al de las autoridades electas y está acotado a aspectos de la práctica laboral. Por ello no pueden pretender cogobernar, si bien pueden sugerir acciones como en la práctica lo hacen todos los miembros de la comunidad universitaria.
 
La resolución 455/05 del Consejo Superior, que reglamenta el pago de los días efectivamente trabajados, ha sido ratificada por mayoría absoluta, con lo que reglamentariamente está agotada la vía administrativa. Sólo queda pues, a quienes creen sentirse afectados en su derecho, recurrir a la Justicia. Por supuesto que todas las autoridades pueden equivocarse y es por ello que están determinados los canales institucionales de apelación.
 
Pero están ocurriendo hechos que deben preocupar a toda la sociedad de Mendoza, como el comportamiento que están teniendo algunos dirigentes gremiales. Si el fin no justifica los medios, la defensa de una necesidad, convertida en derecho, no habilita a utilizar procedimientos reñidos con el respeto a la condición humana, como son la descalificación ideológica, la utilización de insidias, las amenazas a compañeros de trabajo, los gritos e insultos a autoridades, la presión patoteril en sesiones del Consejo Superior y la intromisión forzada en las oficinas de los funcionarios, al punto de creerse con derecho de entrar a la oficina de la rectora de nuestra universidad para escuchar lo que el vicerrector contesta en una entrevista televisiva.
 
Todo ello con el agravante desvergonzado de solicitar diálogo a los gritos y en medio de una medida de fuerza que no están dispuestos a suspender. Pretender condicionar en tiempo y forma al Consejo Superior es un intento de cogobierno inaceptable.
 
Pero lo que más preocupa es el perfil fundamentalista del discurso y las acciones, que se asemeja lastimosamente al de los “salvadores de la Patria y tutores de la Democracia” que irrumpieron el orden constitucional con el objetivo de preservarlo.
 
¿Es acaso la primera vez que los extremos se tocan? ¿No está ocurriendo que ultras de izquierda, que demuestran no creer en la perfectibilidad y autocorrección de las instituciones, colaboran (¿inadvertidamente?) con quienes desde el otro extremo quieren demostrar la inviabilidad de la universidad pública argentina, por su sistema de autogobierno?
 
Llama la atención la afinidad ideológica en que algunos gremialistas piden solidaridad, desde gremios y organizaciones ajenas a la Universidad, así como grupos estudiantiles vinculados. Sólo está faltando que convoquen al grupo piquetero Corriente Clasista Combativa.
 
¿No es un contrasentido de la racionalidad a que estamos llamados los universitarios, que el secretario general de Fadiunc diga que los aumentos se deben a las huelgas, es decir a no trabajar y que los aumentos les pertenecen?
 
¿No es una amenaza que Fadiunc comunique al Ministerio de Trabajo que si el Consejo Superior persiste en su actitud, “sólo nos quedará el camino del conflicto ‘salvaje’, y nos consideramos en libertad de actuar en consecuencia” ?
 
¿No es una falta de respeto al pueblo argentino, que con gran sacrificio aporta al sostenimiento de estudios de grado gratuitos, financiando nuestros salarios y gastos?
 
Los justos reclamos sectoriales se deslegitiman cuando se plantean como absolutos y se colocan por encima del interés general
 
Los problemas de la Universidad Argentina, como de todas las instituciones de nuestra Patria, no son un problema sólo de los universitarios, son de toda la sociedad. Es momento de un debate sereno y responsable. Es momento de diálogo y no de presión.
Por Arturo R. Somoza Vicerrector de la UNCuyo