Mendoza acompañó, alentó y contribuyó al desarrollo de la energía nuclear desde sus comienzos, incluso antes de la actuación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con la participación de la Universidad Nacional de Cuyo en la exploración y descubrimiento de los primeros yacimientos de uranio que fueron explotados en el país desde 1952: las minas Papagayos y Soberanía, ubicadas cerca de la ciudad de Mendoza.
Esto dio lugar a que la Argentina fuera la primera nación de América Latina en producir concentrados de uranio y contribuyó también a ser la primera en poner en marcha una usina nuclear (Atucha I) en 1974. Fue una notable conquista: ¡Producir energía eléctrica con combustible y tecnología nacional! Hoy, la producción de energía de origen nuclear es cercana al 10% del total.
Los yacimientos en Sierra Pintada se descubrieron en 1968, y su explotación comenzó en 1975 constituyéndose desde entonces en el primer centro productor de concentrado de uranio del país y ha contribuido, igualmente, al progreso económico de San Rafael.
Es primordial asegurar acá que desde que comenzó la explotación en ese lugar, hace casi 30 años, no se ha detectado ninguna alteración en el medio ambiente, y definitivamente tampoco hubo, ni siquiera puede sospecharse, consecuencia alguna en la salud de la población ni de los trabajadores.
En el campo de las aplicaciones no energéticas hubo un fuerte y continuo progreso, desde hace muchos años, en la utilización de técnicas y materiales nucleares. En la medicina se usa principalmente para el diagnóstico y terapia de enfermedades oncológicas. En la provincia, además de varias clínicas privadas, funciona la Fundación Escuela de Medicina Nuclear, con sede en la ciudad Capital y en San Rafael, en la que participan la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Gobierno de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo. La Escuela constituye un orgullo para la provincia y un alivio para miles de pacientes.
Asimismo, aplicando técnicas similares de radiación, la Provincia de Mendoza (Iscamen) se ha destacado en la lucha eficiente contra las plagas del agro con la erradicación de la mosca del Mediterráneo, sosteniendo de este modo la sanidad de la producción agrícola, que es la base de la economía mendocina.
La Comisión Nacional de Energía Atómica fue creada en 1950 y desde entonces ha sido un pilar fundamental en la estructura y el desarrollo científico-tecnológico de nuestro país. ¿Por qué entonces pensar que la CNEA como institución, o quienes trabajan en ella, ciudadanos mendocinos o por adopción, profesionales, técnicos y empleados, tengan la intención de perjudicar al resto de la población, si en ese resto de la población también están incluidas sus propias familias y amigos? Ellos obviamente conocen el tema y saben que los riesgos no son mayores a los que presentan muchas otras actividades mineras e industriales.
Toda la actividad minera y nuclear está fundamentada en leyes. En este caso, en particular, hay que destacar que desde 1887 está vigente el Código de Minería, que es el que regula la actividad minera en nuestro país, siendo las autoridades de aplicación provinciales las encargadas de hacerlo cumplir.
Además, en nuestra provincia existe una legislación ambiental que, también, hay que respetar. La CNEA ha actuado siguiendo los pasos que define la legislación, incluso con el asesoramiento y participación, en los temas ambientales, de especialistas nacionales y extranjeros y el valioso respaldo de la Universidad Tecnológica Nacional.
La evaluación de impacto ambiental realizada, que se encuentra actualmente en estudio por las autoridades de aplicación, concluye que no existe riesgo de contaminación que pueda afectar la calidad de vida de la población y tampoco la flora o la fauna. Tampoco hay que olvidarse de la existencia e intervención de la Autoridad Regulatoria Nuclear, creada por la ley 24.804 en 1997, que tiene a su cargo la fiscalización y regulación de la actividad nuclear en el país en todo lo referente a la seguridad radiológica, protección física y licenciamiento de instalaciones.
Entonces, como trabajadores y ciudadanos, legisladores y funcionarios, trabajemos y opinemos con responsabilidad y prudencia, analizando los problemas a fondo, con competencia y tratando de darles solución con afán de progreso.
