El financiamiento educativo vuelve a ocupar la “agenda política”, como hoy se usa decir. Felizmente aparece -en un horizonte temático de medianía y mezquindad- un tema que no por reiterado ha sido tratado con seriedad por nuestra dirigencia desde hace muchos años.
Lo prueba el hecho de que el proyecto que pronto deberá tratar el Congreso Nacional, ha debido reiterar la promesa fallida que representó para muchos de nosotros la Ley Federal de Educación al disponer el incremento paulatino del presupuesto hasta duplicarlo en el término de cinco años a razón de un incremento anual del 20%.
Por eso, parafraseando a Ortega y Gasset, podemos “esperar aunque no confiar” en que esta vez sea verdad y que tanto los poderes ejecutivos como los legislativos de la Nación y de las provincias, cumplan a rajatablas las disposiciones que se aprueben para financiar nuestra educación.
Esta esperanza es el presupuesto básico para el inexorable aunque obligadamente somero análisis que debemos hacer sobre el financiamiento y su destino.
La iniciativa oficial exhibe claras pretensiones numéricas en cuanto a las metas a lograr:
a) Generalizar la educación inicial a los 5 años.
b) Duplicar la asistencia de niños de 3 y 4 años (hoy un 20% de lo potencial).
c) Lograr que todos los menores de 17 años completen la educación general básica (EGB) en el año 2010.
d) Asistir hasta un 30% de la población más pobre mediante la mal llamada doble escolaridad.
f) Llevar a cero los actuales porcentajes de analfabetismo y deserción.
Más allá de esta argumentación cuantitativa, que es opinable en cuanto a las cifras perseguidas, aparecen otras pretensiones con mayor contenido pedagógico como la generalización de la enseñanza de un segundo idioma, la recuperación de la enseñanza técnica, la expansión de la educación de adultos y un tratamiento adecuado al desarrollo de los denominados NAP (núcleos de aprendizajes prioritarios).
Como puede advertirse, se trata de objetivos razonables que pueden ser discutidos pero no rechazados, aunque seguramente son insuficientes por sí solos para lograr una recuperación aceptable de nuestra educación y su proyección transformadora en los espacios político, cultural y socioeconómico.
La crisis profunda que atraviesa nuestro país en los espacios citados no podrá superarse providencialmente con el dictado de una ley, por bueno que sea su contenido, si no se encaran con decisión y continuidad los rumbos conducentes a los grandes objetivos generales de una nación capaz de reconstruirse para garantizar condiciones de vida dignas a su pueblo e integración armoniosa con el resto del mundo.
Por eso, en las actuales circunstancias, el financiamiento educativo cobrará realmente importancia si se asocia eficazmente al proyecto de política educativa al que se destinará. Es decir si justifica con claridad su “para qué”.
Y ese proyecto de política educativa, aún no visible ni explicitado, necesita partir de un análisis profundo del “qué”, del “cómo” y el “para qué” educativos.
En lugar de devanear con la cantidad cabalística de días de clases, hay que ocuparse de qué se hará en esos días de clases en todas las escuelas.
La intangibilidad de la educación, la sutileza profunda de su efecto en nuestras dimensiones educables íntimas, no merece ser postergada por consideraciones menores que sólo sirven para buscar una justificación inocente.
Creer que esto que nos toca vivir en el área pueda mejorar sustancialmente con más días de clases, es por lo menos una inocencia que, por bien intencionada que sea, no resiste un análisis medianamente estricto. De parecido modo resultaría pensar que con sólo poner más dinero, llegaremos al resultado óptimo.
El fenómeno de la decadencia actual argentina es esencialmente cultural. Se ha extraviado, por una confluencia variopinta de factores, una cultura fundamental para cualquier convivencia humana expresada en comunidades de destino o elección: La cultura del respeto al otro. Para sobrevivir es necesario recuperarla.
Este rescate requiere un punto de partida y una imprescindible palanca para desplazar a ese mundo de violencia, de impiedad e indiferencia que hemos contribuido a cimentar desde nuestros propios egoísmos e indiferencia.
El sólo financiamiento educativo y sus metas cuantitativas ¿serían suficientes para evitar la injusticia social hoy representada por una sociedad hambreada en un país productor de alimentos? ¿Alcanzarían para desterrar las corrupciones políticas e institucionales enervantes de la esperanza, que es el motor irreemplazable de toda empresa, individual o colectiva?
Seguramente no serían suficientes, pero constituirían una oportunidad histórica de expectación pública, un espacio que congregue el interés nacional, después de muchos años en torno de un objetivo de elevados alcances.
La reconstrucción de una cultura de respeto al otro, no supone la restauración estricta de un modelo que tuvo su diseño en otro momento y contexto históricos. Pero sí en torno de valores que son universales y pueden y deben sostenerse en todos los tiempos porque los trascienden, como la propia condición humana.
En la generalizada degradación institucional que nuestro país padece, debe ser nuestra escuela pública la que -aún en medio de tan colosal debacle- está en mejores condiciones de impulsar este proceso de reconstrucción cultural imprescindible.
Por eso sería necesario que la promulgación de la futura ley de financiamiento educativo que se anuncia, coincidiera con la firma de un gran acuerdo educativo nacional que sirva para diseñar, con participación orgánica y dinámica de interesados de todas las jurisdicciones educativas, las bases definitivas de la educación como política de estado y el modelo educativo nacional con definiciones axiológicas claras y todas las providencias para eliminar las desigualdades existentes.