Ante todo, sobre el riesgo de una mayor fragmentación de nuestra sociedad al propiciar el proyecto en tratamiento, principalmente una legislación explícita sobre barrios cerrados.
 
También nos preguntamos: ¿hace verdaderamente al bien común una ley como la que ahora se plantea, y de apuro? Entendemos al bien común como lo define Juan XXIII: "Conjunto de condiciones sociales que hacen más pleno y más fácil, a los grupos y a cada uno de los miembros de la sociedad, el logro de la propia perfección".
 
Pensamos que se debe legislar para toda la provincia, lo que en este proyecto con media sanción queda oscurecido.
 
Pensamos asimismo en el valor pedagógico de toda legislación y así volvemos al argumento del principio: parece enseñarse aquí que lo ideal es encerrarnos y aislarnos de los demás, incluso con el argumento de la inseguridad pública actual. Es obvio que el camino de solución es otro, si se pretende el bien común.
 
Nos preocupa sobremanera que los más vulnerables, por ejemplo la población rural, se vea obligada, por circunstancias que crea la actual situación socioeconómica, a emigrar, y los consiguientes asentamientos urbanos no tienen mayor lugar en este proyecto de ordenamiento territorial, sino por omisión...
 
Si bien es cierto que sobre los conceptos estrictamente legales y técnicos no nos corresponde extendernos en argumentos, creemos que no podemos eximirnos de manifestarnos sobre todo aquello que tiene alcance social, y, por lo tanto, también ético.
* Por Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social Arzobispado de Mendoza