Este último, circularizado en el sistema financiero o directamente reciclado en las mismas empresas, es el generador del capital y éste, a su vez, de la inversión. El Estado gasta o invierte en función de sus recursos (tributarios o de endeudamiento). Existe otro capital nacional e internacional especulativo, valga la redundancia, no destinado a la inversión directa, que es preocupación circunstancial del Gobierno.

Es conocida también la ligera apreciación que realizan en algunos foros, donde determinan que Argentina necesita “atraer” capitales. El argumento es que la condición de agroexportador carente de la generación de valor agregado o la conveniencia de desarrollar su industria con la finalidad de sustituir importaciones, impondrían la conveniencia de contar con capitales externos ya que, supuestamente, no tenemos los propios.

Los contextos de estancamiento en el crecimiento del producto nacional u otros como inseguridad o riesgo crítico disminuyen, como consecuencia, el ingreso de los particulares y del Estado, se incrementa el atesoramiento y se reduce -cuando no elimina- la inversión pública o privada. Esas circunstancias parecerían dar la razón a la ida de la falta de capital. Veremos si es así. Anticipamos que no pensamos esto; todo lo contrario, observamos que la Argentina genera capitales y éstos se fugan.

La realidad es que Argentina y Mendoza, son “productores” de capitales. La realidad es que se generan y se fugan o se malgastan. Por eso, es factible desarrollar una tarea política y estratégica de contención, recuperación y repatriación de capitales. Avanzando sobre esta hipótesis proponemos que la percepción de recursos privados o públicos como consecuencia de la repatriación inicial debería ser prioritariamente destinada a la educación.

El informe del Indec sobre el balance de pagos internacionales consigna que los residentes argentinos y las empresas radicadas en el país tienen activos en el exterior por una cifra de 108.575 millones de dólares al 31 de marzo de 2002. Esos activos se componen de depósitos bancarios, títulos valores, participaciones empresarias e inmuebles. En cuanto a los títulos valores, una parte, que suponemos bastante importante, consiste en títulos públicos y privados argentinos. Muchos residentes locales compran esos papeles a través de bancos del exterior, porque se trata de fondos no declarados ante la DGI. Esto significa que sufrieron la fuerte pérdida por baja en la cotización de dichos títulos valores, de modo que el monto total de los activos es inferior al consignado, que registra esos títulos a los precios a los cuales fueron comprados.

Teniendo en cuenta eso y las mayores importaciones, estaríamos hablando de activos por no más de U$S 80.000 millones. De acuerdo al informe de la Comisión de la Cámara de Diputados sobre fuga de capitales, entre 1992 y diciembre de 2001 se fueron entre U$S 60.412 millones y U$S 73.332. En la actualidad la estimación de fondos de origen argentino en el exterior es de U$S 150.000.000.000.

Prestándoles especial atención a los guarismos que muestran fondos factibles de rápida movilidad, en la actualidad los valores financieros líquidos argentinos en el exterior podrían ascender a U$S 25.000.000.000.

La sobrevaloración del tipo de cambio y el riesgo de devaluación; las restricciones al sector financiero con controles de tasa de interés comparativamente inferiores al exterior; los factores de riesgo por el hecho de comparar la seguridad económica de los países desarrollados con los subdesarrollados, con dudas sobre la estabilidad política o incertidumbre sobre el respeto al derecho de propiedad, por ejemplo, o los denominados “incentivos externos”, parecen ser las causas mas comunes generadoras de la huida de capitales del país.

Vale decir que existen circunstancias que son externas al país y muchas veces responden a intereses extranacionales. Otras motivaciones son propias de nuestra nación, o de la región, y son factibles de subsanar.

Un país que no concibe capitales no podría haber generado la salida de los mismos en el monto analizado. Por lo tanto, en Argentina y en Mendoza generamos y los sacamos o se van. Y, aunque sea obvio, cuando no están en el lugar originario no le sirven a ningún argentino.

En la actualidad, muchas de las condiciones que favorecen la fuga de capitales han desaparecido o están en vías de desaparecer. Por ejemplo, las dudas sobre la estabilidad política; la conveniencia de tener valores mobiliarios de cotización argentina tampoco es tentadora; la moneda argentina frente al dólar mantiene una cotización de flotación sucia diferente al anclaje de la década de los 90s; la relación peso dólar es de tres a uno por lo que el rendimiento para el que repatría dólares es alto y la tasa de interés interna es alta comparada con los valores inflacionarios.

Si el gobierno nacional y el provincial impulsaran una repatriación de capitales, las condiciones actuales podrían ser vistas como beneficiosas, además de que los gobiernos podrían explotarla como signo de confianza.

Como se puede verificar, la posibilidad de contar con mayor cantidad de recursos en el sistema financiero con una de repatriación de fondos principalmente líquidos, permitiría instrumentar una estrategia destinada a introducir recursos extra, entre otros, al sistema educativo.

La primera idea que se plantea es la propuesta de contener la fuga, por un lado, sugiriendo y premiando, aun impositivamente, la reinversión de utilidades. Se sugiere premiar con una tasa diferencial en Impuesto a las Ganancias a los resultados de ganancias provenientes de reinversiones de utilidades. Ante porcentajes mayores de reinversión, la tasa del impuesto debería descender. Asimismo se debe analizar los pagos de la deuda, capítulo que merece ser tenido en cuenta aparte, no pago de regalías de bienes no considerados realmente necesarios para el país, controlar el sector externo, tanto importador como exportador; control de las salidas de capitales por turismo y combatir al contrabando.

Es factible tentar la repatriación como la contención de la fuga a través de una política fiscal nacional y federal. El tratamiento discriminado y seguridades semejantes a las brindadas en el exterior, pueden ser herramientas de atracción. Enfocando los capitales que posean en el exterior los argentinos residentes en la Argentina, es factible el retorno de los mas líquidos, los que habíamos estimado en U$S 25.000.000.000.

Un impuesto por única vez aplicable sobre estos fondos con una tasa del 5% como exponente del “derecho de retorno”, destinado para educación, haría ascender los recursos públicos coparticipables en aproximadamente U$S 1.250.000.000, lo que implicaría para Mendoza unos U$S 50.000.000. Acompañando tal medida se debería instrumentar la obligación de que el argentino que repatría fondos deberá mantenerlos en el país durante por lo menos 5 años, con las garantías esbozadas.

Estos fondos tendrían que ser volcados a ciencias y tecnología e infraestructura en educación superior universitaria y no universitaria, para el caso de los fondos nacionales, y los coparticipables provinciales en estructura edilicia, comunicacional, mobiliaria y tecnológica en las escuelas de ciclo EGB y Polimodal.

*Por Domingo R. Godoy, Contador y profesor de Economía de la Universidad de Mendoza.