Esta mejora significaría, según lo que dice el anteproyecto, resolver algunos temas fundamentales, como son: el salario de los docentes, las desigualdades entre las provincias, la ampliación de la capacidad del sistema educativo, el desarrollo científico y tecnológico, etcétera.
Se refleja en esto la voluntad de priorizar a mediano o largo plazo al gasto público en inversión social; asimismo, el hecho de tomar conciencia de que la inversión en educación es condición necesaria para el mejoramiento de las generaciones futuras, de su integración social, de la generación de valores y del desarrollo de las personas individual y colectivamente.
Es primordial que se invierta en educación y fundamental que se entienda que en Argentina uno de los más importantes problemas de la educación es la falta de financiamiento de todo el sistema.
Ahora bien, ¿todos sabemos de esa importancia?
Este tema es estratégico, siempre lo fue, ya lo conocía la generación del 80 y mediante la legislación logró sentar las bases del nivel educativo que nos diferenció y posibilitó a principios del siglo XX.
¿Y en Mendoza qué? La provincia sancionó el 6/1/2002 la ley 6.970, que fue promulgada el 1/2/2002. Es interesante recordar que en su artículo 161, inciso a), nuestros legisladores también dejaron comprometida su voluntad de conformar el Fondo Permanente para Educación con el treinta y cinco por ciento (35%) del Presupuesto de la Provincia.
El Poder Ejecutivo provincial tenía un plazo de dos años, a partir la promulgación de la ley, para cumplir con ese porcentual establecido, o sea incrementar el gasto destinado a educación de manera que su participación relativa en el gasto total de la Provincia llegara a ese porcentaje.
¿Pero qué ha pasado?: la participación del presupuesto de la Dirección General de Escuelas en relación al total provincial no se acerca a ese porcentaje.
Debió haberse incrementado el financiamiento destinado a la DGE en las sucesivas leyes de Presupuesto hasta llegar a alcanzar la proporción establecida por la ley.
En el año de sanción de la ley el presupuesto de la repartición representaba el 28,44% del total del Presupuesto provincial, sin considerar la amortización de la deuda pública. Ese porcentaje ha variado al 26,00% en el 2003, el 26,26% en el 2004 y al 23,57% en el último presupuesto vigente.
Es oportuno abrir el debate ahora, cuando el Ministerio de Hacienda está terminando los borradores del próximo anteproyecto de Presupuesto anual.
El debate debe ser amplio y debemos hablar con datos concretos, como por ejemplo: bastante más del 90% del presupuesto en educación se aplica a gastos en personal, a los sueldos. Con lo que queda, que son migajas, se financia todo lo demás, los gastos corrientes, servicios públicos, programas especiales, contrataciones de técnicos y profesionales, fondos fijos, combustibles, transporte, abonos becas, reparación de edificios escolares y un interminable etcétera.
La administración de la DGE, en dos palabras, "administra pobreza".
Los efectos de esta situación real, de la jurisdicción con mayor peso específico luego del Ministerio de Hacienda, es altamente delicada, disponibilidad para hacer no hay si no hay fondos.
Abramos el debate, el futuro depende fundamentalmente del financiamiento de la educación.
* Por Darío Taboas, contador y docente de Gestión Educativa en la UDA.
