En referencia al artículo escrito por Gabriel Bustos Herrera, en la sección Opinión, del diario Los Andes del 20/8/05, titulado “Poder Político se necesita”, nos vemos nuevamente impulsados a manifestarnos como ciudadanos y profesionales entendidos en el tema.
Habiendo sido partícipes, tanto desde la directiva de la Sociedad de Arquitectos de Mendoza como del Colegio de Arquitectos, en las décadas del ’70, ’80 y ’90 de innumerables iniciativas, propuestas, normativas y hasta una Ley de Uso del Suelo generadas desde estas entidades (con la participación y asesoramiento de otras especialidades profesionales y del ámbito académico, con ingerencia en la Planificación Urbanística) en su mayoría difundidas en la prensa oral y escrita (ejemplo, notas en Los Andes) de la época.
Como miembros del equipo interdisciplinario (Carlos Ortiz Poblet, Hernán Costarelli, Roberto Romano y Daniel Fernández) que ha realizado como trabajo de investigación (años 2000/04) en el ámbito de la Facultad de Ingeniería de la UNC: el armado de un “Almacén de Datos” - Centro Informativo de Ordenamiento Estratégico Urbano/Regional del Gran Mendoza, cuyo objetivo principal es reunir la totalidad de los datos (documentación grafica a nivel de mapas y planos) dispersos en los organismos del Estado provincial y empresas de servicio privatizadas. ¿Su necesidad? Porque no se puede planificar seriamente sin contar con todos los datos necesarios que nos permitan obtener una información fidedigna, producto de una compatibilización y posibles de correlacionar. Este trabajo ha permitido comprobar fehacientemente, los problemas y falencias en la generación y utilización de este tipo de material.
Así, transcribimos el informe final del trabajo y la propuesta al Estado provincial a implementar: La creación en el ámbito del Poder Ejecutivo (a nivel de Gobernación) de la Secretaría de Planificación para el Desarrollo Estratégico Sustentable del territorio provincial. Esta receptará todos los datos procesados por sus organismos centralizados o no, siendo su finalidad contar con una información actualizada, que permita plantear políticas (como instrumentos de ejecución) sobre el espacio físico en función del ambiente, la economía y la sociedad, en forma integral y consensuada en el marco de un desarrollo sustentable. Deberán buscarse los mecanismos legales dentro del espíritu de la Constitución, para su concreción.
La norma que reglamente su funcionamiento deberá dejar aclarado que el staff de esta Secretaría estará conformado exclusivamente por un equipo interdisciplinario de profesionales idóneos en la materia de ordenamiento territorial en forma sustentable. Esto último es fundamental para proteger la estabilidad y trabajo a desarrollar sin interferencias de tipo político porque, más allá de los cambios de signos partidarios en el gobierno provincial, el territorio, las ciudades, los habitantes y el futuro de nuestro hábitat son una obligación y responsabilidad permanente del Estado.
También se hace necesario contar con una ley que norme sobre el uso de la cartografía provincial referida a: 1) Tipo de escala, a consensuar entre los organismos del Estado, para la Base de Información. 2) Formato, deberá ser formato CAD, para la posterior carga de Datos en sistema GIS, posibilitando mantener el Sistema de Coordenadas, fundamentales para correlacionar. 3) Información Base, debe originarse o partir de un organismo rector de la Cartografía Provincial, consideramos que reestructurado, puede cumplir esta función la Dirección Provincial de Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda. Al mismo deberán girarse desde los organismos que manejen referencias espaciales, todo dato de interés a fin de contar con información cierta y actualizada. 4) Red de Meta-Datos, como garantía para certificar origen y procedencia, en el manejo de los datos aportados desde cada organismo. Esta propuesta es superadora por su escala estratégica a nivel provincial y la conformación de su staff, de la mediática de conformar un Consejo Urbano que por objetivos y composición, terminará siendo (por lo menos en nuestro medio) uno más de los entes del Estado provincial netamente politizado.
Cabe aclarar que una ley de Uso del Suelo, por sí, no es la panacea, es sólo una herramienta más que permitirá instrumentar políticas de desarrollo, para lo cual debiera tener incorporado (que no lo tiene) el concepto de ordenamiento territorial a escala de microrregiones como espíritu superador de los límites municipales, que desde décadas sólo identifican feudos, con todo lo que ello representa, en detrimento de las ventajas que favorecerían a las comunidades asentadas en sus ejidos.
Como ampliación de lo planteado,se reitera la problemática urbanística de Mendoza, en donde a través del tiempo -según lo expresado precedentemente- no obstante los aportes realizados, sólo quedaron formando parte de una historia sin fin: la del uso y abuso del suelo, el mayor patrimonio con que cuenta una comunidad. Por lo que tiene, nos da y por ser el asentamiento físico de las estructuras edilicias y de servicio, que conforman nuestras ciudades. Ni más ni menos que nuestro hábitat. Cabe preguntarnos ¿A quiénes no le interesa o conviene, que Mendoza cuente con un Plan de Desarrollo Estratégico Sustentable de su territorio? ¿A los poderosos, económicamente y dueños de grandes extensiones del territorio provincial? ¿Al Estado provincial?
Los primeros son los verdaderos urbanistas de la Mendoza actual, planificando algunos hacia el Oeste con total libertad (Capital, Las Heras, Godoy Cruz, Luján) y, otros, hacia el Este y Sur. Principalmente urbanizando tierras aptas para el cultivo y con derechos de riego. En cuanto al segundo, vale como muestra la propuesta (según lo difundido en la prensa) de creación de un Ente para el manejo exclusivo del perilago del dique Potrerillos, con un número de directores -a los que se sumarán empleados y espacio físico- que muestra el tratamiento puntual, que por su impacto e importancia debiera ser tratado dentro del marco de un plan estratégico en forma integral, no quedando en manos de un Ente, con autoridad para decidir por sobre los intereses prioritarios de toda la comunidad mendocina, es decir, del territorio en su conjunto.
Las intervenciones sobre el espacio físico puntuales o coyunturales de los actores mencionados, fuera de un plan sustentable a nivel provincial, seguirán privilegiando los intereses de una minoría por sobre los de la mayoría generando en el tiempo situaciones irreversibles, limitando cada vez más la posibilidad de mejorar racionalmente nuestra calidad de vida que, como habitantes, tenemos derecho a exigir. ¿A quién? Al Estado provincial, tanto en los niveles del gobierno central como el de los municipios, cuyos funcionarios al servicio del Pueblo, asumen por mandato la responsabilidad y la obligación de cumplir entre otros, con este objetivo.