Este caso originó un gran debate acerca de la ruptura de códigos en esos lugares, principalmente en la universidad, el Círculo de Asistentes Sociales (CAS) y lugares de trabajo.
Según estimaciones de la UNCuyo, de los casi 1.500 trabajadores sociales que hay en la provincia, cerca de 300 son contratados. Lo que implica falta de cobertura médica en algunos casos, y que el seguro “corra” por cuenta de ellos. Por lo general también carecen de condiciones de seguridad mínimas, especialmente en zonas conflictivas.
Todos los sectores involucrados coinciden: “Se rompieron códigos de convivencia, que se relacionan con la profundización de la crisis”. Sin embargo, la precarización de condiciones laborales y medidas de seguridad agravan la situación.
Según estimaciones de la Secretaría de Relaciones Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Políticas, casi un 20% de los trabajadores sociales de Mendoza trabaja con contratos. No tienen cobertura médica, y muchas veces tampoco poseen seguro de accidentes (ART), salvo que se los paguen ellos.
Actualmente Vega se encuentra fuera de peligro (ver aparte) y está contratada en un programa de acción social de la Municipalidad de Las Heras, junto con más de veinte asistentes sociales en condiciones similares.
Al respecto, una profesional de esa comuna, que prefirió resguardar su identidad, afirmó: “Vamos a las villas y barrios marginales con buena predisposición, manejándonos con cuidado con la gente y encomendándonos a Dios.
“La estabilidad laboral se ha quebrado en todos lados, pero el trabajador social es el nexo entre el estado y la sociedad civil y no puede quedarse en una oficina: tienen que hacer trabajo de campo sí o sí”, afirmó Guillermo Cortez, trabajador social del área de Justicia de Familia.
Precisamente ésa es la postura que asumieron desde el CAS: la reivindicación de la labor en la comunidad. “El trabajo con la gente es lo más importante”, afirmó Mercedes Acosta, presidenta de esa entidad. Y agregó: “Hay que buscar sistemas de seguros porque es una profesión que tiene riesgos de trabajo. No sólo hay que pagarles un plus, también hay que garantizar medidas de seguridad en el lugar”.
Según muchos profesionales del área, el conflicto radica en la falta de recursos. Así lo entiende, por ejemplo Ricardo Rubio, de Relaciones Estudiantiles de Ciencias Políticas.
“Las áreas donde intervienen los trabajadores sociales se vieron colapsadas, pero incrementaron muy poco las partidas económicas”, acotó Rubio y añadió: “Los profesionales van a zonas conflictivas en sus vehículos, o en colectivos, sin autos oficiales, celulares o handys que garanticen su integridad física”.
“El Estado y las ONGs deben asumir más responsabilidades de los asistentes sociales”, afirmó Mercedes Acosta, con lo cual coinciden en la Facultad de Ciencias Políticas. Pero como no hay cifras exactas de la cantidad de profesionales y el estado laboral en el que se encuentran, tanto el Círculo como esa casa de estudios realizarán un censo de todos los profesionales.
Desde la Municipalidad de Las Heras prometieron que contratarán servicios extras de la policía y pondrán autos a disposición de los trabajadoras sociales.
Silvana seguía internada
Silvana Vega (26) corrió mejor suerte que la maestra Claudia Oroná, asesinada en noviembre del año pasado en el barrio Tres Estrellas de Godoy Cruz. El jueves, cuando fue baleada por la espalda, mientras estaba en la Unión Vecinal del Barrio 12 de mayo de Las Heras, aunque el proyectil le ingresó por el omóplato derecho, no le provocó heridas de gravedad.
Hasta ayer, la joven trabajadora social permanecía en el hospital Lagomaggiore, a la espera de que un especialista en tórax la revisara para firmar el alta. De tener que seguir internada, sus compañeras de tareas en Las Heras afirmaron que pedirían al municipio el traslado a una clínica privada y que la comuna se haga cargo de los gastos.
* Analía Boggia / aboggia@losandes.com.ar
