A tal efecto elevamos el presente documento a los señores Legisladores, al presidente de la Cámara de Senadores, al presidente de la Cámara de Diputados y al señor gobernador de la Provincia de Mendoza y a toda la comunidad mendocina.
 
Sobre la base de nuestra “Carta de Identidad”, que sostiene, entre otros principios, la transparencia y eficiencia en la gestión de gobierno, la previsibilidad en las reglas de juego y la participación ciudadana en los asuntos públicos; el “Diálogo argentino” es, en definitiva, un espacio para pensar y proponer qué país queremos y cómo lo podemos construir.
 
Por esto creemos oportuno realizar un aporte en el debate que reúne a distintos actores de la comunidad en torno de la llamada ley de Uso del Suelo.
 
En tal sentido, estamos convencidos de que en toda norma que implique criterios de convivencia entre los ciudadanos -en este caso de Mendoza- no puede estar ausente el consenso y la necesaria participación de todos los estamentos de actuación provincial tanto sociales como académicos, políticos, culturales y entidades que interpreten que el destino común de una sociedad requiere un común acuerdo básico, amplio, incluyente y en función de los objetivamente beneficiarios de una ley, es decir todos los mendocinos.
 
Como entre todos los mendocinos, este espacio ha sido testigo de un proceso de discusión y tratamiento legislativo de la ley de referencia, en la que hemos observado profundas razones de crítica a esta normativa.
 
Asimismo hemos sido también testigos de una característica que ha resaltado en los medios de comunicación cuando se analiza el tema y es la falta de conocimiento del texto de la normativa que fue aprobada en la Cámara de Diputados, antes de ser sancionada, y la falta de consulta a los distintos sectores de la comunidad mendocina.
 
Por tal razón creemos que esta variable descripta y hoy tangible en los distintas opiniones al respecto, es decir la falta de consenso que refleja este proyecto, debe ser considerada con especial atención por la Cámara de Senadores a quien le corresponde seguir con su tratamiento.
 
En función de esto se estructura la propuesta del “Diálogo argentino” y le solicitamos a nuestros representantes, con respecto a la ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza, lo siguiente:
 
1. Establecer un proceso, interpretando conceptos básicos de la elaboración participativa de normas, que contemple la consulta y opinión de todos aquellos sectores y entidades estatales y no, que ameriten sus aportes a la materia.
 
2. El proceso que se establezca, creemos que sería propicio que contuviera los siguientes componentes básicos:
 
- Plazo determinado para la recepción de opiniones y sugerencias sustentadas por parte de los organismos políticos y técnicos gubernamentales, de la sociedad civil, de la comunidad científica y de los ciudadanos interesados. Dichas sugerencias debieran realizarse sobre el texto que posee actual aprobación de la Cámara de Diputados del proyecto en ciernes. Este plazo también debiera incluir la recepción de las conclusiones de los debates y foros que se multiplican en la provincia en razón del tema.
 
- Plazo determinado para el procesamiento de la información receptada y elaboración de base de datos de información básica recopilada que debiera estar a disposición de todos los legisladores y abierta para cualquier ciudadano que lo requiera.
 
- Plazo determinado para articular la opinión del trabajo que viene realizando la Cámara con las sugerencias receptadas.
 
- Plazo determinado razonable para poner a disposición de toda la comunidad la versión del proyecto que tome estado parlamentario.
 
3. Cada una de las etapas descriptas, además de estar a disposición de todos los ciudadanos, debe ser difundida por todos los medios a los que tenga acceso la Cámara de Senadores, incluyendo en los mismos los electrónicos con que cuenta esa órbita.
 
4. El plan de acción para la elaboración de esta norma, entendemos, debe estar consensuada entre todos los bloques de la Cámara.
 
Hemos visto con agradable sorpresa cómo muchos mendocinos han dicho presente en el debate sobre esta ley, pero tememos que la riqueza del mismo se pierda si la Cámara de Senadores no tiene la amplitud necesaria para establecer un claro, preciso y razonable procedimiento que garantice que las opiniones y sugerencias sean contempladas.
 
Creemos que la legitimidad de una ley como ésta nace del consenso y este es imposible alcanzarlo sin un diálogo fluido, cristalino, luminoso como base clave para convertirlo en un diálogo lúcido que demanda el Bien Común para una equilibrada interacción de ambiente, economía y sociedad.
 
Desde el “Diálogo argentino” proponemos más diálogo, esperanzados estamos de ser escuchados.
* Por Pastor Manuel Olalla, Secretario Ejecutivo; Rosa San Juan de Moreno, Coordinadora General