Si Mendoza, y la Argentina, van a salir de la grave problemática social que hoy mantiene a la provincia y al país postrado, va a ser de la mano de la educación y no contra ella. Ningún problema encontrará solución si no se recupera -en buena parte, al menos- el nivel educativo y cultural que distinguió al pueblo argentino. No habrá menos crímenes ni disminuirá la inseguridad, ni aumentará significativamente el empleo, ni la productividad; para todo ello hace falta educar al pueblo.
En los discursos oficiales el gobierno prometió llevar la participación de educación en el presupuesto provincial del 28% del 2002 al 35% en 2004. Este compromiso se concretó en una ley provincial, la 6.970, promulgada en febrero de 2002. El gobierno de Cobos no solamente no cumplió sino que en valores absolutos y relativos, del citado 28% de 2002 bajó al 23,6% en el presupuesto de este año.
Si el Ejecutivo pretendiera justificar esta realidad argumentando que en valores absolutos aumentó la partida para educación, debiera recordársele que esa mención no puede eludir la consideración de la inflación, lo que hace que en valores constantes la partida actual sea muy inferior a la de hace cinco años, de $ 430 millones de pesos.
Para colmo, el 88% del presupuesto de Educación se destina a pago de sueldos ($ 483 millones de pesos para docentes del Estado y $ 75,5 millones para docentes de establecimientos particulares). Y así y todo no ha podido solucionar el problema de los bajos sueldos de los maestros, lo que anticipa que continuarán los enfrentamientos, con posible pérdida de días de clase.
Sólo resta aclarar lo obvio: estas cifras demuestran que el Gobierno tiene poco margen presupuestario para atender los gastos corrientes de las escuelas, los cursos de actualización para maestros, comedores escolares, conservación de edificios, reforma del sistema educativo, doble escolaridad y un largo etcétera que se acrecienta día a día por la aparente falta de iniciativa y dinamismo de la autoridad escolar.
Como ya informamos, el subsecretario de Administración y Gestión de la Dirección General de Escuelas, Flavio Arjona, reconoció que la “educación sufre una subpresupuestación (sic) relativamente importante”, y dijo que pretende lograr que en 2006 sea más adecuado a las necesidades reales. “Seguro no se recuperará en un año (el atraso presupuestario), pero al menos que permita reforzar prestaciones esenciales: comedores, transporte, mobiliario, equipamiento didáctico y, desde ya, lo edilicio”. Con las perspectivas existentes, quizá ni eso pueda alcanzarse.
¿Por qué puede opinarse así? Pues porque ya el citado funcionario Arjona ha salido a complicar innecesariamente el tema sosteniendo la relatividad de las leyes y de las promesas. Respecto del incumplimiento de lo ordenado por la ley 6.970, sostuvo: “No es menos cierto que cuando se arma el Presupuesto también se vota otra ley, con lo cual podría darse una discusión técnico-legal”. No hay discusión. La 6.970 es una ley marco que fija prioridades y políticas de Estado y si el presupuesto general de la Provincia no la respeta, simplemente el Gobierno está en incumplimiento.
Ya se sabe que el presupuesto anual del Estado es la radiografía anticipada del perfil de gestión del Gobierno. Si se abandonan prioridades como educación, no hay “discusión técnico-legal”, hay violación de la ley.
Sabemos que se dejan consideraciones fuera de este análisis simplemente porque el espacio no permite exponerlas todas, pero en lo básico el problema es como lo mostramos, lo demás... son palabras.
Sin educación no hay futuro. Ysin un presupuesto adecuado no hay educación. Incluso los intentos de recuperar una educación más integradora que se están intentando -con mayor o menor éxito- desde la Dirección General de Escuelas, no serán mucho más que buenas intenciones sin los recursos materiales necesarios.
Repetimos: no puede hacerse lo básico o indispensable en educación. Hay que redoblar los esfuerzos porque sin educación ninguno de los demás problemas tendrá solución.