El camino está abierto y los ciudadanos con vocación democrática tenemos una excelente oportunidad para ser parte de los caminos que finalmente elijamos seguir, en nuestra producción de sentido.
Hasta hace poco tiempo, la discusión en torno a la cultura desde las aproximaciones hermenéuticas solo permitía el debate social a cargo de los "expertos iluminados", que podían manejarse en el campo de la estética o de la complejidad de los procesos de producción de la cultura de élite propia de la Iluminación y del Estado mecenas.
La irrupción de los estudios económicos de la cultura y la avasallante presencia de las industrias culturales, ha ido modificando esta concepción cerrada y minoritaria del debate en torno a la cultura.
Si bien la economía aún no logra afianzarse en el terreno de la cultura, porque la producción simbólica se escapa de los cánones tradicionales de esa ciencia, es cierto también que los intentos de pensar la cultura desde la disciplina de la escasez, ha permitido dar saltos importantes en la racionalización de los procesos culturales.
Ha corrido mucha agua bajo el puente, y hoy la curiosidad de la economía por la cultura se acrecienta. Alemanes, ingleses, franceses y sobre el final los españoles, fueron ingresando en la segunda mitad del siglo pasado en los vericuetos de las estadísticas y mediciones del aporte de la cultura al PBI o a los nuevos empleos, el tema de las subvenciones a los grandes teatros y museos, la rigidez productiva de la cultura, los temas impositivos ligados al mecenazgo, y últimamente las relaciones económicas entre turismo y cultura.
En nuestra América, el Convenio Andrés Bello (CAB) tomó la posta y encaró un interesante proyecto denominado "Economía y Cultura" en 1999, que contó con la participación de los ministerios y organismos responsables de cultura de alguno de los países andinos, como Venezuela, Colombia, Chile y Perú. En su primer informe se sostenía que la ausencia de información confiable, adecuadamente recogida y sistematizada, es uno de los problemas para la definición de las políticas públicas, planes de desarrollo y mecanismo de integración de las industrias culturales en América Latina.
En nuestra región, la reunión del Parlamento Cultural del Mercosur (Parcum) aprobó en Montevideo, a finales de 1999, el auspicio y la promoción de un estudio sobre la incidencia económica y social de las industrias culturales para la integración regional, cuyos rasgos principales fueron asumidos meses después, en julio de 2000, durante la X Reunión de Ministros de Cultura de la Región que tuvo lugar en Buenos Aires.
 
Separar la paja del trigo
Todos estos antecedentes y debates en torno a la relación cultura - economía nos obligan a hilar más fino. Cuando se comienzan a manejar cifras, bastante elevadas por cierto en las industrias culturales, comienza también un reposicionamiento de intereses al interior del campo cultural y de sus agentes.
Hay quienes parten de esta realidad objetiva para mejorar las políticas públicas de desarrollo, y también quienes, como suele suceder en la función publica del sector cultural, parten de las mismas para justificar el incremento de sus presupuestos, y/o la jerarquización de su labor por encima de otros sectores.
Aparece claro que hay una dimensión económica de la cultura que debe ser tenida en cuenta para establecer algunas políticas, y es claro también, por otra parte, que esa dimensión económica no la contiene en su totalidad y que no debe ser la que fundamente las decisiones de política cultural. A lo sumo, puede orientar las decisiones políticas y las prioridades en cada etapa, que no es poca cosa.
Para el Estado y para los ciudadanos que le dan sustento, la investigación en cultura es fundamental a la hora de tomar decisiones de largo plazo, que comprometen recursos públicos y lo que es más importante, definen estilos de vida, construcción de imaginarios colectivos e inversiones productivas. Y la posibilidad de trabajar en algunas áreas de la producción cultural con datos cuantitativos permite planificar con metas claras y construir indicadores precisos, que faciliten el monitoreo del conjunto de la sociedad de las políticas culturales.
 
Riesgos y posibilidades de Mendoza x Cultura
Cuando se trabaja en el diseño de un plan de cultura, como es el caso de la convocatoria de Mendoza x Cultura, aparecen varios riesgos:
Primero pensar el proceso de creación estético cultural en clave elítica: esta forma arcaica de pensamiento, según la cual la creatividad social se aloja en pequeños grupos de excelencia que se diferencian de la realidad del conjunto de la población, se congela en el pasado y limita los aportes del conjunto de la sociedad.
Segundo: reforzar exageradamente el rol del Estado en la cultura configurando patrones que acotan dentro de ciertos paradigmas lo permitido frente a lo no permitido, lo relevante frente a lo menor, o lo legitimado frente a lo sospechoso (Lebovics, 2000)
Tercero: los riesgos que provienen de las grandes corporaciones de alcance mundial, que hegemonizan la producción y el consumo industrial en cultura, generando modas, muchas veces inducidas, de un tipo de producción estética más bien lábil y efímera, o realzando ciertas obras y autores a través de gigantescas campañas de promoción e ignorando a otros que plantean temas incómodos para lo que podría denominarse la ideología cultural de la gran industria mundializada. El verdadero riesgo no viene del Estado, en tanto institución de la política, sino de la acumulación de poder en ciertos núcleos de decisión ubicados en los medios de comunicación, en la industria de la entretención y en las grandes corporaciones. Se trata, por tanto, de un riesgo desde las relaciones de poder más que desde las instituciones democráticas de la política. (Patricio Rivas, 2002)
Enfrentar estos fenómenos puede provocar que muchos sectores de la sociedad prefieran mantenerse al margen del debate que conmueve hoy a numerosos sectores de la trama cultural e intelectual de América.
Por eso es fundamental abrir la participación en el debate cultural a los partidos políticos, a los sindicatos, a las cámaras empresarias, a las ONGs, a las uniones vecinales, a los medios de comunicación, a las entidades de base, y a todas aquellas instituciones que son parte de nuestra sociedad y como tales portadores de cultura y de sueños.
 
Matrices a tener en cuenta
Siguiendo también a Patricio Rivas, (e incorporando a Tony Puig), las matrices que deberían orientar la reflexión, la planificación y la medición de impacto, serían básicamente las siguientes:
1- El Estado debe asumir a la cultura como un derecho inalienable de todos los habitantes del territorio
2- El Estado debe integrar la creación como factor de desarrollo humano y bienestar psicosocial.
3- El Estado debe promover la cultura como dinámica de identidad y diálogo, al interior de la propia comunidad (mendocina) y con las otras comunidades de otras provincias y países.
4- El Estado debe entender la cultura como un medio que permite el fortalecimiento democrático y la participación ciudadana.
5- El Estado tiene que entender que su política tiene que ser relacional (Tony Puig Picart). Esto significa que debe ir alejándose paulatinamente de la ejecución de producciones culturales, y convirtiéndose en el gran articulador entre los fondos públicos destinados a la cultura y las pequeñas y medianas empresas socioculturales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de base y los productores locales. Esta es una de las matrices mas importantes, porque puede permitir pasar del Estado Mecenas característico de estos primeros años de democracia, a un Estado Relacional, que potencie la creatividad de la comunidad toda, fortalezca las empresas culturales en gestación, promueva la capacitación en las Ciencias de la Cultura, incentive la organización de las cámaras empresarias y sindicatos del sector, y planifique de conjunto con todos los sectores.
Estas matrices, que parecen obvias, tensionan fuertemente a los Estados del siglo XXI , sometidos a fuertes achicamientos y en el centro de la tormenta reorganizadora de la economía mundial y de la política global.
Sin apartarnos de esta realidad socialmente conflictiva, es factible asumir cuatro grandes temas como elementos mínimos y necesarios para que las responsabilidades del poder político en cultura se traduzcan en iniciativas concretas sostenidas y verificables. Y lo que es más importante, sometidas transparentemente a la opinión publica.
a- Inclusión: llegar a toda la población, rompiendo las tendencias a la centralización en las capitales y en las ciudades cabeceras de los Departamentos, pasando a servir a aquellos que están alejados de las políticas centrales
b- Participación: ligarse a las organizaciones que de hecho trabajan silenciosamente por la cultura: uniones vecinales, centros culturales de la comunidad, establecimientos educativos, etc. Esta actitud proactiva hacia la participación fortalece el ejercicio de la ciudadanía y el protagonismo en el hecho cultural de todos los habitantes.
c- Compensación: implica corregir las desventajas sociales por medio de la redistribución de los recursos que la sociedad genera, haciendo posible la justicia social. En cultura esto supone una constante superación de las tendencias a la desigualdad del goce estético y creativo por medio de la reasignación de posibilidades de acuerdo a estrategias de fomento y redistribución. (Sen, 1989)
d- Libertad. Asegurar la posibilidad de que cualquier sujeto, grupo o sector de la sociedad pueda producir, autónomamente y sin regulaciones ni constreñimientos, propuestas sobre cualquier ámbito.
Claro que para que esto pueda concretarse es preciso que el Estado y los sectores más comprometidos con la dimensión cultural del desarrollo, se comprometan con una política cultural de largo plazo, con recursos humanos capacitados y bien remunerados, y con recursos financieros acordes con el reposicionamiento de la cultura como elemento clave de la construcción democrática.
Esto implica también una adecuada preocupación por lo legislativo, en particular la necesidad de que los sectores de la cultura puedan elegir sus propios representantes, que se incorporen al entramado político, como garantía de una política de consenso y de verdadera representatividad ciudadana y una correcta distribución de los recursos públicos afectados.
Pensar estratégicamente la cultura requiere superar las intervenciones sectoriales y esporádicas. Pensar estratégicamente la cultura significa aproximarnos integralmente al concepto de vida ciudadana con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ya sea en su dimensión simbólica y de desarrollo integral de sus capacidades emotivas y expresivas como en la vertiente más material.
Más aún como señala Woorpole y Greenhalgh (1999), "Cualquier forma de planificación urbana es hoy, por definición, una forma de planificación cultural en un sentido amplio, ya que no podemos dejar de tener en cuenta las identidades lingüísticas o religiosas, sus instituciones culturales y los estilos de vida, así como las formas de comportamiento, las aspiraciones de las comunidades y la contribución que éstas hacen al tapiz urbano".
(*) Por León Repetur, Presidente de Fundación Coppla, director ejecutivo de Tajamar, director ejecutivo de Fundación AUGE.