Después el presidente Arturo Frondizi volvió sobre la idea, aupado sobre un congreso en el que tenía mayoría gracias a que prometió un programa de gobierno que resultó ser contrario al que llevaría luego a cabo con la privatización de explotaciones petrolíferas y otras áreas.
Para cumplir con sus promesas electorales, Arturo H. Illia rescindió los contratos firmados por Frondizi, una actitud que fue criticada por algunos pero que el mandatario justificó en su respeto por el compromiso con los electores.
Después quedó sin efecto el monopolio del Estado sobre la explotación petrolera y gasífera, corriente profundizada hasta las últimas consecuencias por el gobierno de Carlos Menem, que vendió -es un decir- nada menos que YPF a una empresa extranjera. Con la agravante de que prácticamente el Estado no ejerce control sobre esta empresa privada extranjera, que cumple sus obligaciones contractuales y fiscales, incluido el pago de regalías a las provincias productoras, sobre la base de sus propias declaraciones juradas.
Así se llega a una crisis energética agravada por la falta de inversiones, sobre todo en investigación y prospección, ya que toda la actividad de la concesionaria se reduce -o casi- a la explotación de las áreas descubiertas que se le dio. Mientras que la economía se encontraba muy deprimida, la escasa producción de petróleo, gas y sus derivados alcanzaba para el consumo interno y para atender los negocios de exportación de las concesionarias, y así quedó encubierta la dura cara de la emergencia, pero apenas las fábricas comenzaron a reactivarse, el problema se presentó de la peor forma y se llega hoy al segundo año en el que los consumidores son castigados por utilizar la cantidad de energía que necesitan. Un contrasentido que demuestra la incapacidad, falta de iniciativa y de imaginación de los funcionarios responsables de esta área.
La gravedad de la situación exige la adopción de medidas de emergencia y de políticas de mediano y de largo alcance. Si la labor del gobierno se agota en los planes de corto plazo -ahorro obligado por parte de los consumidores incluido-, el problema se agravará dramáticamente con el correr de los años. Es indispensable que para solucionar los problemas energéticos del país, el Estado se ocupe con premura de la investigación de todas las posibilidades de generación de energía, incluidas las no tradicionales, como la eólica, la solar, la de las mareas, etc. Y, sin tardanza, optimizar el trato existente con Repsol y otras empresas, que no ha dado el resultado que se esperaba por parte de la Argentina.
En esta línea de acción se inscribe una iniciativa de la Universidad Nacional de Cuyo, tendiente a crear, organizar y poner en funcionamiento un centro de investigación que se denominará Instituto de Energía, que se orientará a la evaluación y puesta en marcha de proyectos que tiendan a solucionar el problema energético en la Nación y en la Provincia. Se espera que ese nuevo centro de estudio e investigación comience a funcionar en pocos meses más.
Esta idea fructificó como resultado del trabajo diagnóstico de una Comisión de Energía, que está trabajando desde junio pasado, integrada por cuatro académicos de la universidad. El ingeniero Dante Bragoni, coordinador de esa comisión explicó que “la idea de la creación del Instituto es generar un espacio en el que puedan concurrir entes privados y públicos, encargados de realizar proyectos tendientes a solucionar los problemas energéticos”, contándose ya con un diagnóstico preliminar de la situación denominado “La situación energética local: balance y perspectivas de una problemática compleja”.
“Mendoza depende del sistema eléctrico nacional, por lo tanto, hay problemas energéticos eléctricos del sistema nacional, pero otros conflictos son exclusivos de la Provincia, y tienen que ver con la producción de los hidrocarburos y del gas y con el consumo”, agregó Bragoni.
Entre los proyectos que deberá estudiar el futuro Instituto de Energía, se cuentan los que prevén la generación de energía a partir de medios no convencionales, como ya dijimos.
Es preciso que se apoye esta iniciativa de la UNCuyo, que -a poco que se trabaje con decisión y profunda responsabilidad académica- dará, teóricamente, soluciones a los problemas de generación y consumo de energía de nuestra provincia y, por qué no, de la región y del país.
