Los jefes de las once comunidades huarpes apelan a la justicia por los título de propiedad de los territorios lavallinos que ocupan ininterrumpidamente desde antes de la colonización española. El reclamo se centra en 700.000 has ubicadas en la región de Huanacache, de las cuales 200.000 son fiscales y las otras 500.000 pertenecen a capitales privados.
“Se incrementa a la problemática las falencias del Registro Público de Propiedad donde estas tierras privadas poseen varios títulos superpuestos y utilizados para solicitar créditos en bancos públicos, rematados y vueltos a recuperar a un valor mucho menor” explicó el abogado defensor y apoderado de las Comunidades Huarpes Dr. Fidel Bustelo.
En 1994 el ex gobernador Arturo Lafalla sanciona el proyecto de ley 6920 donde dispone la expropiación a los titulares y reafirma los derechos aborígenes, considerando el acto como una ”reparación histórica”. La Fiscalía de Estado declaró una acción de inconstitucionalidad sobre esa ley ante la Suprema Corte de Justicia, argumentando “en primer lugar que se viola el artículo 28 en cuanto a racionabilidad de la norma excusando demasiadas tierras para poca gente y segundo no se ha realizado el pago previo a la expropiación” según el escrito jurídico, lo cual deja en claro corresponde a las tres cuartas partes de Lavalle.
Esto abrió un juicio entre la Fiscalía de Estado y el Gobierno de la Provincia desde el 2001. “Para que una ley sea promulgada debe pasar por la Fiscalía de Estado o sea que la aceptaron en su momento...” dijo el abogado, quien incluyó a las Comunidades Huarpes como tercerista en la causa. Además agregó “No se explica que los propietarios de esas tierras que fueron expropiados por esa ley no hagan reclamos. Evidentemente saben que la Fiscalía los haría por ellos”.
La mayoría de estas tierras “pertenecen” a grandes empresarios de la provincia, con lo cual se entiende la reserva del Gobierno Provincial por actuar a favor de los derechos aborígenes contemplados en la Constitución Nacional, ya que si bien el gobernador Cobos cedió el dinero para la mensura de las tierras a la Comunidad Huarpe, actualmente dilata el encuentro con ellos.
Casi 4.000 personas viven en este desierto y se aúnan en una personería jurídica para defender el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional que dice: “Reconoce la existencia étnica y cultural de los pueblo indígenas.... reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan... ninguna de ella será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámes o embargo”.
La lucha deviene de años pero ahora las Comunidades Huarpes piensan hacer público este petitorio recurriendo a la violación constitucional donde entran en disputa los conceptos de “Instalación” y “Discriminación Racial.
La causa se encuentra actualmente en la instancia de testimoniales pero se espera que para principios de 2006 se dé la sentencia acerca de 500 años de lucha. Lucha que no se detendrá hasta no lograr su objetivo, “Nuestros antepasados lo pelearon y si llegáramos a perder, volveremos a apelar por lo que nos pertenece. Quizás lo sigan nuestros nietos o bisnietos pero no desistiremos a lo que es nuestro” agregó Rubén Díaz presidente de la Comunidad Huarpe “Los Sauces”.
Carla Luna
Dto. Política
